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¿Qué pasó realmente?

28 de febrero de 1996

§ La Jornada 28 de febrero de 1996
Mixtecos de Guerrero crean un municipio en rebeldía
Rosa Rojas, enviada /I Rancho Viejo, Tlacoachistlahuaca, Gro. ¤ La montaña se mueve. Indígenas mixtecos de 24 de las comunidades más pobres del estado y del país pretenden que el gobierno estatal les reconozca el ``municipio indígena en rebeldía''w creado por ellos y al que han nombrado Rancho Nuevo de la Democracia.
El camino a esta quimera está pavimentado con los cadáveres de diez de sus compañeros, nueve de ellos asesinados después de que, el 23 de mayo de 1995, iniciaran un plantón en la cabecera municipal en demanda de elecciones democráticas de comisariados, un programa de desarrollo regional y auditoría al presidente municipal de Tlacoachistlahuaca, Armando Ramos Brito. Después pidieron la destitución de éste. Nada obtuvieron en casi siete meses de movimiento.

Otro indígena, Miguel Vázquez, había sido asesinado el 4 de abril, en La Trinidad, antes de que se instalara el plantón, luego de que se recrudecieran los conflictos entre militantes del PRI y del PRD, después de que en enero del año pasado las comunidades realizaran una marcha a la capital del estado para exponer sus demandas.
El 16 de diciembre, acosados por los mestizos de la cabecera municipal que amenazaban con desalojarlos, retiraron su plantón del palacio municipal, al que incendiaron parcialmente, y decidieron iniciarlo aquí, el día 17, en la comisaría municipal, pero ahora también exigiendo el reconocimiento de su municipio indígena con cabecera en este lugar.
Ya en Metlatónoc y otros municipios guerrerenses, se está demandando también la creación de nuevos municipios indígenas.
El plantón lo instalaron en esta población unos 300 indígenas. Ahora una veintena de mixtecos, prácticamente monolingües, montan guardia permanentemente y se van rotando, día y noche, provenientes de las comunidades participantes en este movimiento, a la espera de una respuesta positiva de las autoridades estatales.
A sus demandas originales agregaron la exigencia de justicia para sus compañeros asesinados y castigo a los autores materiales e intelectuales de los crímenes. Entre estos últimos mencionan especialmente a Ramos Brito, quien, dicen, ``entregó armas a los comisarios priístas de Las Minas, Huehuetónoc, Santa Cruz Yucucani y La Trinidad, para que nos asesinen porque no valemos nada''.
El Ejército patrulla la región ``con el pretexto de combatir las drogas pero en realidad para intimidarnos'', afirmaron.
Los últimos días de diciembre, tropas federales subieron a La Montaña y establecieron un retén en Las Minas, debido a que se corrió el rumor de que los indígenas, que militan en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, ``regresarían a tomar el poblado'' entre el 31 de diciembre y el 1o. de enero (La Jornada, dic.29, 1995).
El 22 de febrero, informaron los indígenas, ``los federales'' volvieron a subir. ``Iban dos carros grandes y una camioneta; se dividieron. Unos se fueron a Arroyo Prieto, municipio de Metlatónoc y otros para Jicayán. Al otro día bajaron los carros vacíos, algunos (militares) se quedaron cerca de aquí, en Piedra Pesada. Dicen que están buscando la yerba pero en los hechos es para intimidar a la gente porque dicen que son guerrilleros'', indicaron.
Para llegar a este lugar se viajan tres horas desde Acapulco hasta Ometepec. De ahí una hora a Tlacoachistlahuaca -en un jeep o un vehículo alto, porque la brecha está en malas condiciones, aunque recientemente la ha ido rastreando el Ejército- y de la cabecera municipal se hacen tres horas hasta Rancho Viejo, cruzando en el camino 23 arroyos y dos ríos, que cortan la polvosa brecha con sus aguas cristalinas.
Si no se tiene vehículo ni dinero para el pasaje de las camionetas que eventualmente llegan a Rancho Viejo, se hacen unas 12 horas a pie desde la cabecera municipal. En el camino nos cruzamos con varios indígenas que a lomo de mula llevaban cartones de cerveza. El alcoholismo es un problema grave en la región. En una de las paradas que hicimos para colocar piedras en el vado de un arroyo, una anciana se acercó para pedirnos maíz en mixteco. El hambre es otro problema grave, las cosechas se perdieron el año pasado.
En el local de la comisaría, a un costado del consultorio rural de la Secretaría de Salud, una manta anuncia con letras temblonas: ``Presidencia municipal Constl. de Rancho Nuevo de la Democracia, Gro. Municipio de los indígenas. Alto al exterminio de los grupos étnicos en México. Nuevo municipio de Rancho Nuevo''.
A la vuelta, inservible, la caseta de telefonía rural. Mudas están también las casetas de Santa Cruz Yucucani y de El Coyul, esta última comunidad del municipio de Metlatónoc.
El pasado 16 de enero tuvieron una plática en Chilpancingo con el director de Gobernación estatal, Rey Hilario Serrano, ``pero él sólo dice que haya conciliación y no hay nada de justicia ni de desarrollo. Nosotros vemos que sólo nos está engañando y la necesidad es mucha; no vamos a estar aquí toda la vida'', señaló Lauro García Vázquez, uno de los dirigentes del movimiento cuya vida está amenazada.
De los diez asesinatos, añadió García Vázquez, ``el secretario del subprocurador dijo que ya están consignados (los responsables de algunos) pero queremos saber cuándo, no nos dieron número de los expedientes, dijeron que los dan el 1o. de marzo. Ellos dicen que nosotros comprometiéramos que yo investigara quiénes son los asesinos. Yo digo que yo no soy gobierno. Ellos dicen que no puede avanzar la investigación porque ellos no conocen el pueblo''.
Se requiere también urgentemente, informó, un programa alimentario para la región, que va de la Costa Chica a La Montaña, ya que el maíz no se dio el año pasado ``le cayó un gusanito que se comió la milpa'', además de que por estar participando en el plantón, muchos indígenas desatendieron sus cultivos.
Si no hay respuesta positiva el 1o. de marzo, fecha en que tienen otra reunión con funcionarios en Chilpancingo, ``vamos a tomar otras medidas''.
Los crímenes
El recuento macabro hecho por la corresponsal de este diario en Acapulco, Maribel Gutiérrez, fue ratificado por los indígenas en el plantón:
Además de Miguel Vázquez, de La Trinidad, fueron asesinados el 10 de junio de 1995 en Barrio Nuevo San José, Alejandro Tenorio Perfecto y Rufino Perfecto González, de 18 y 20 años de edad. Ellos ``habían sido amenazados de muerte por priístas del grupo del alcalde'', y fueron emboscados en el camino a Putla, Oaxaca, donde los cuerpos fueron encontrados con el tiro de gracia en la cabeza y disparos de escopeta en el cuerpo. Sin que se iniciara alguna investigación, el gobierno del estado difundió que ``murieron en un altercado personal que dirimieron a balazos''.
También en Barrio Nuevo San José, el 17 de agosto fue asesinado Juan Tello García, de 50 años. Estuvo en el plantón cuando se constituyó el Concejo Municipal en Rebeldía, y se retiró unos días para atender su trabajo en el campo. Su cuerpo fue encontrado con tres disparos de escopeta calibre 16, que recibió cuando se encontraba fertilizando su siembra de maíz.
El 13 de septiembre, en la misma comunidad, fue asesinado Francisco Albino Téllez, de 38 años, emboscado cerca de su pueblo en un paraje denominado La Ciénega, donde se recogieron casquillos calibre 22.
En el plantón, el campesino Miguel Flores Rosales informó que por estar amenazado de muerte no ha podido regresar a su poblado, La Trinidad. Allá fue asesinado el 18 de junio su hijo, Rey Flores Hernández, de 20 años, ``por participar en la lucha. El comisario del PRI, Francisco Mendoza Hernández y el comandante Martín Vargas Miranda, dicen a su gente que maten a los del plantón, porque no valen nada''.
Flores Rosales y otros participantes en el plantón, se quejaron de que ``los priístas de La Trinidad ponen retenes para no dejarnos regresar a la comunidad a los que venimos al plantón''.
El 28 de junio en La Soledad, municipio de Xochistlahuaca, fue asesinado el perredista Alfredo Morales Vázquez, que a su vez ese día había matado al priísta Toribio Mendoza, que lo amenazó de muerte. El comisario del PRI, Isidro Santiago López, ``dio órdenes de dejar todo el día tirado en una calle del pueblo el cuerpo del perredista, 'como escarmiento por ser del PRD', y puso a varios hombres armados a vigilarlo para que no se acercaran sus familiares a recogerlo''.
En Yoloxóchitl fue asesinado el 4 de octubre José Porfirio Bautista, de 90 años. ``El venía al plantón y fue a la marcha a la ciudad de México, con el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena. Por eso lo mataron los del PRI, con una pistola .22'', informó el comisario Emiliano Angel Ventura.
José Ortiz Téllez, fue asesinado el 27 de octubre. ``Los priístas se enojaron porque estaba en la lucha y por eso lo mataron'', informó el comisario perredista de Barrio Nuevo San José, José Sixto Sánchez.
La madrugada del domingo 11 de febrero de 1996, fue asesinado el perredista Francisco Andrés López, de 72 años, en la comunidad de El Coyul, municipio de Metlatónoc, presuntamente por el priísta Isidro Balderas Felipe, quien habría recibido órdenes y armas del alcalde de Metlatónoc, Enrique Rojas Candia.

§ La jornada 28 de febrero de 1996

Carlos Monsiváis
El video de Aguas Blancas
El domingo 25 de febrero, Detrás de la Noticia, programa del canal 2 conducido por Ricardo Rocha, presentó un video que amplía drásticamente la información sobre la matanza de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, Guerrero, el 28 de junio de 1995, obliga a un debate político de urgencia, y conduce a reflexionar sobre los grandes usos de la televisión. Los millones que vieron el documento, y los millones que desde entonces han oído hablar de él, saben ya el significado de Aguas Blancas, con la vehemencia de una certidumbre histórica. Al respecto, algunas notas.
``¡Corten, corten ya!''
La matanza de diecisiete campesinos por las ``fuerzas del orden'', en especial judiciales del estado, fue inmisericorde y deliberada. No hubo, como arguyeron al principio el gobierno de Rubén Figueroa y la inconcebible representación priísta de Guerrero en el Congreso de la Unión, ni provocación ni enfrentamiento. Es incontrovertible el testimonio de las imágenes (que el fiscal especial Varela llamará ``versión alterada del operativo''), se detiene a un primer camión para acumular testigos que difundan las glorias del escarmiento, y luego, con la sangre fría que en algo evoca las hazañas del Güero Margarito en Los de abajo, o el final de La sombra del caudillo, o los linchadores cristeros de ``Dios en la tierra'' de José Revueltas, el grupo se dispone al crimen. Lo que sigue es terrible; llega el segundo camión de carga con su aluvión de campesinos, que acuden desarmados a un mitin de protesta; se le detiene y, sin más advertencia y con la orden de cortar cartucho, actúa el frenesí homicida. Ráfagas, cuerpos inmovilizados para siempre, campesinos en tierra a punta de gritos y golpes, ayes de moribundos, ires y venires de los policías, rostros implorantes, sangre a raudales, quejas, silencio de inocentes y gritería de víctimas, y la desdramatización continua, la mudez forzada de cautivos y heridos. La versión del fiscal especial Alejandro Varela Vidales, que disfruta ahora de sus quince minutos de fama ignominiosa, es perfecta:
``... El retén de revisión no fue el adecuado, así como incorrecta para ese fin la formación de los policías, por lo que se observa una desorganización y que la forma de efectuar el fuego se hizo por simpatía, es decir, que se realizó por inclinación a hacer lo que otros hacen'' (La Jornada, 27 de febrero). Bella forma de simpatía: lo que mata la mano, mata la tras.
La elocuencia de las imágenes conduce a la toma de partido. Rocha anunció que se abstendría de los adjetivos, y al hacerlo preparó el clima adjetival del espectador -es mi caso y estoy seguro que el de todos- que a lo largo de los dieciséis minutos del video repitió sin cesar: ``Esto es la barbarie. Esto es inaudito. ¿Cómo pudo darse tal monstruosidad?'', y frases similares. Si en algún momento se ha creado una opinión pública específica, fue al proyectarse este video. El 2 de octubre de 1968, el noticiero Excélsior transmitió a las once de la noche imágenes del tercer piso del edificio Chihuahua, con los participantes en el mitin tirados en el suelo, pero nada más. No heridos y muertos, sino el grupo que rodeaba a los oradores. Y no hay testimonio de otras matanzas, por ejemplo las de Chilpancingo en los sesenta. Pero el material de ahora es inobjetable, sobre todo si se le coteja con los minutos de este video difundidos y tristemente manipulados por el gobierno de Guerrero en julio de 1995, con el objeto de probar el enfrentamiento, colocándole por si hiciera falta armas a las víctimas. (Maniobra desmontada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos). Ya sólo el uso tan burdo de las imágenes del crimen masivo, es suficiente para descalificar a fondo al gobierno de Figueroa, que ni siquiera alcanza el cinismo. Así, los dieciséis minutos del video se convierten en un hecho político de tal intensidad, que el espectador se transforma en ciudadano instantáneo, algo similar a lo que pasó al transmitirse el video de la golpiza policiaca a Rodney King, en Los Angeles. Al término del documento, Ricardo Rocha hizo diversas preguntas sobre la violencia y su ``naturalidad''. Pero ni siquiera la pertinencia de estas preguntas añadió demasiado a las reflexiones del espectador, estremecido -no hay palabra más apta- por lo irrefutable del testimonio. De golpe, hubo un acuerdo de millones de personas: ya que lo que vemos no debe ocurrir de nuevo, lo que vemos exige consecuencias legales, revisión del proceso y nuevo enjuiciamiento de los responsables.
Del crimen como impericia e impreparación
La celeridad no siempre es patrimonio de la agudeza. A los dos días del programa de Rocha, y en respuesta obvia, el fiscal especial Oscar Alejandro Varela Vidales, con la solemnidad debida, exonera al gobernador Rubén Figueroa; al secretario general de Gobierno, Rubén Robles Catalán; al ex procurador de Justicia estatal, Antonio Alcocer, y al ex director de la Policía Judicial del estado, Gustavo Olea Godoy (le faltó exonerar a Picaluga por la traición a Vicente Guerrero, le hubiese dado un toque histórico a su proeza). La justificación tiene su dosis de lirismo: ``El lamentable suceso en el que murieron diecisiete campesinos guerrerenses tuvo su origen en varios factores, pero fundamentalmente en la impericia e impreparación de los policías que efectuaron el operativo''. Fallas técnicas como quien dice, que se remedian, uno supone, con castigos administrativos. Sólo un responsable, y muy menor, el ex subsecretario de Protección y Vialidad, Rosendo Armijo de los Santos, ya detenido, que al no presentarse en el lugar de los hechos de manera oportuna, ``no acató las órdenes del mandatario estatal en el sentido de diálogo con los campesinos de la zona''. Esculapio le falló a Platón.
Todo perfecto. Varela Vidales prepara las aguas lustrales, la espuma justificadora de donde renacen Figueroa y su nívea corte. Y mientras tanto, se ahonda el abismo entre lo que se reclama en justicia y lo que los profesionales de ``Justicia'' deciden la distancia entre la racionalidad política y la impunidad. ¿Para qué más chivos expiatorios y culpables de telón de fondo, cuando se exige responsabilidades jurídicas al nivel que en verdad corresponda? Los ciudadanos instantáneos, con el expediente de las imágenes en su poder, saben y deben estar muy al tanto de que la impunidad, al consumarse, trasladará el peso del delito a quienes lo han padecido; que la impunidad de unos cuantos es la penalización psíquica y política de la sociedad que, si no responde críticamente, asume sin remedio la farsa de las exculpaciones.

§ La Jornada 28 de febrero de 1996
En Acapulco, plantón de viudas y deudos de la víctimas
Maribel Gutiérrez, corresponsal, y Rosa Icela Rodríguez ¤ Viudas y familiares de los 17 campesinos asesinados en el vado de Aguas Blancas y miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) realizaron un plantón en Acapulco, para protestar contra las conclusiones del fiscal especial, Alejandro Varela Vidales, quien exoneró ``al principal responsable de la matanza: el gobernador Rubén Figueroa Alcocer''.
Criticaron que Varela Vidales haya cerrado el caso sin tomar declaración a decenas de testigos, y lo acusaron de haber realizado una investigación ``parcial y tendenciosa''.
También protestaron por la exoneración de los principales funcionarios del gobierno de Figueroa, como el ex secretario general del Gobierno, Rubén Robles Catalán -``que ahora busca ser presidente municipal de Acapulco, a pesar de que está involucrado en la matanza de Aguas Blancas'', dijo la dirigente de la OCSS, Rocío Mesino-, el ex procurador Antonio Alcocer y el ex director de la Policía Judicial, Gustavo Olea Godoy.
Las viudas y los campesinos, en su mayoría mujeres, procedentes de comunidades de Coyuca de Benítez y de Atoyac, solicitaron una audiencia con el fiscal y esperaron más de cuatro horas en el edificio donde se localizan las instalaciones de la fiscalía. Varela Vidales no llegó, y el grupo de unas 60 personas se retiró después de dejar en las paredes y en la puerta del inmueble pintas como: ``Varela Vidales, mentiste al pueblo'', ``Fiscal cómplice del asesino Rubén Figueroa'', ``28 de junio jamás se olvida'', ``Varela Vidales y Rubén Figueroa, a juicio''.
Rocío Mesino expuso que las conclusiones de Varela Vidales ``demuestran lo que siempre dijimos: que el fiscal estaba al servicio de Figueroa, y no de la justicia''. Demandó que no se cierre la investigación, y que las instancias federales como la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con participación de los organismos no gubernamentales de derechos humanos, se encarguen de realizar una investigación objetiva, imparcial y que llegue a los autores intelectuales de la matanza.
Denunció que Varela Vidales ``se negó a tomar declaraciones de testigos que el 28 de junio vieron a dos desconocidos que se subieron a los vehículos en que viajaba el contingente de la OCSS, y que podrían haber provocado la balacera''.
Sobrevivientes que participaron hoy en el plantón insisten en que lo que ocurrió el 28 de junio, fue ``una emboscada'' planeada contra la OCSS, y rechazan la versión del fiscal de que el primer disparo se dio sin motivo aparente, y que los policías no recibieron órdenes de disparar.
Régulo Reséndiz, uno de los sobrevivientes, dijo que el 28 de junio viajaba desde Atoyaquillo en la camioneta de pasajeros que fue baleada en el vadito, a tres kilómetros de Aguas Blancas. Informa que el fiscal nunca lo citó a declarar, y cuando los representantes legales de las viudas presentaron una lista de testigos que no habían comparecido ante la fiscalía, Varela Vidales se comprometió a fijar fechas para tomar esas declaraciones, pero nunca lo hizo, a pesar de la insistencia de los testigos.
José Jaimes Requena, es otro testigo que fue ofrecido por el secretario de Asuntos Jurídicos del PRD, Samuel del Villar, a quien el fiscal se negó a tomarle declaración.
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2 comentarios

Anónimo -

eso si no hubiera esado mal que pusieras una letra mas clara
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wendy -

gracuas era lo k necesitaba keria saber kienes murieron un mes antes de mi culple
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