Blogia
¿Qué pasó realmente?

27 de febrero de 1996

§ La Jornada 27 de febrero de 1996
RETIRA FIGUEROA A LA JUDICIAL DE ATOYAC
José Gil Olmos, enviado, y Maribel Gutiérrez, corresponsal, El Paraíso, sierra de Atoyac, Gro., 26 de febrero ¤ En medio de fuertes medidas de seguridad y la inconformidad de los habitantes de El Paraíso, el gobernador Rubén Figueroa Alcocer empeñó su palabra en resolver el problema suscitado por el asesinato de nueve habitantes de esta región a manos de la Policía Judicial estatal, luego de que los familiares volvieron a advertir: ``Si no hay justicia la tomaremos por nuestras propias manos''.
También anunció que se retirará a los judiciales estatales de esta población, se insistirá a la Secretaría de la Defensa Nacional para que se reinstale un batallón en Atoyac, se promoverá una investigación detallada y rápida a todos los involucrados en los asesinatos de la semana pasada y se elaborará un programa de seguridad para este municipio, el más violento del estado.

Con el rostro tenso, Figueroa Alcocer escuchó a los habitantes de esta región, donde Lucio Cabañas formó la guerrilla a partir del 18 de mayo de 1967, luego de que judiciales estatales reprimieron una marcha magisterial en la cabecera municipal. Su entrecejo se frunció más de lo acostumbrado y sus labios se apretaron cuando escuchó a Juana Alquiciras, madre de Benigno Figueroa Alquiciras, muerto de un balazo en la cabeza por la Policía Judicial Estatal: ''¿Por qué ha mandado a su policía a matar a mi hijo, por qué hicieron eso?``Frente al gobernador se abrían las montañas donde agentes judiciales con chalecos blindados, metralletas y rifles reforzaban la seguridad detrás de la arbolada desde un día antes. Abajo, en la explanada del ex Instituto Nacional del Café, Rubén Figueroa tensaba nuevamente la cara cuando aparecieron más campesinos de la cabecera municipal con pancartas en las que exigían justicia, la salida de la Judicial Estatal y que no se repita la matanza de Aguas Blancas.
La dirigencia estatal del PRI había convencido a los familiares no realizar manifestaciones de ese tipo y fracasó en su intento de que la reunión se efectuara en privado. Por eso Figueroa llegó media hora antes, pero los campesinos ya lo esperaban en la cancha de futbol donde bajó su helicóptero.
Flanqueado por las familias de los nueve cafeticultores asesinados por la judicial estatal el domingo 18 de febrero, Rubén Figueroa y parte de su equipo de seguridad escucharon los reclamos de que se limpie el nombre de los suyos, calificados de ``delincuentes, secuestradores, asesinos y narcotraficantes'' por el gobierno estatal.
Los integrantes de la familia Rojas, a la que pertenecían cinco de los nueve asesinados, dijeron en tono retador al mandatrio que el procurador Jesús Salas Moreno y Erit Montúfar, director de la Policía Judicial Estatal, deberían presentar las pruebas de que los habitantes de El Paraíso son ``delincuentes''.
``Nosotros no hemos matado a nadie, por eso hacemos estas declaraciones donde sea; no tenemos miedo de nada porque sabemos que no debemos nada'', dijo Abel Rojas Osorio, hermano de José, Agapito e Isaías, muertos a balazos.
Pidió además que se actúe contra dos grupos de judiciales y de la Policía Federal de Caminos que, dijo, estuvieron en el lugar de los hechos cuando acribillaron al segundo grupo de cinco cafeticultores en la carretera Acapulco-Zihuatanejo.
Figueroa Alcocer trataba de mantener su atención en los oradores, pero sus ojos se posaban más tiempo en las hojas que traía preparadas, depositadas en una mesa adornada con paño verde como si fuera un acto oficial, y se acomodaba constantemente el borde de su guayabera.
Julita García Avila, de 17 años, viuda de Héctor Aguilar a quien le dispararon a quemarropa detrás de la oreja izquierda, según datos del forense de Acapulco, Carlos Estrada Guerrero, insistió en el retiro de los judiciales estatales y en la devolución de las pertenencias de sus esposos, recogidas por los mismos policías.
Por su parte, Josefina Martínez, esposa de Isaías Rojas, cuestionó a Figueroa por qué no se aprehendió a las víctimas si las autoridades ya tenían antecedentes de que habían actuado fuera de la ley. ``Del arbol caído quieren hacer leña y eso no se vale'', aseveró.
Los reclamos continuaron en el mismo tono hasta que llegó la madre de Benigno Figueroa, quien miró fijamente al gobernador y luego de un ``buenos días'' le soltó su queja: ``Señor gobernador, ¿por qué usted ha mandado su policía del estado a mandar a mi hijo? ¿Por qué hicieron eso? Mi hijo no tenía por qué haber muerto; él era amable con la gente. Usted mandó su policía y yo pido que haga justicia en contra de los que hicieron estos asesinatos''.
Las pancartas de los habitantes del Ticuí y la cabecera municipal, que decían: ``No más Aguas Blancas, señor gobernador''; ``ley más severa para los asesinos y los secuetradores''; ``alto a la violencia''; ``Atoyac quiere vivir en paz'' y ``alto a secuestros, asesinatos y matanzas'' molestaron al gobernador.
Wilebaldo Rojas, síndico procurador de Justicia del ayuntamiento perredista, tomó la palabra y el gobernador Figueroa desvió su mirada a otro punto.
Para el gobernador, el funcionario de Atoyac es un ``sedicioso'' y sus palabras le molestaban: ``El gobierno federal, como siempre, se ha quedado con las pretensiones falsas, los compromisos y las promesas no cumplidas; se dijo que iba a dar bienestar para nuestras familias y seguramente el bienestar es llevar nuestros muertos a la sepultura. Eso no lo queremos. Queremos vivir en paz''.
En respuesta, Figueroa dijo que se apoyará a los 21 huerfanos y las ocho viudas, que apoyaría la investigacion ``hasta sus últimas consecuencias'', y anunció que al comandante Leopoldo Benítez Pérez y al agente Leonel Rosales Garduño ya se les había dictado auto de formal prisión, aun cuando en el juzgado no se realizaban actividades este lunes por la mañana.
Habló de ``otra relación'' de hechos que no era conveniente mencionar en público, pero dijo que los daría a conocer a los familiares cuando lo visitaran en Chilpancingo.
``En el corto plazo aclararemos este problema. En el caso de Aguas Blancas, lamentable también, se tienen detenidas a 40 personas. Estos hechos quedarán plenamente aclarados a satisfacción de todos y se identificará a quienes intervinieron, sean quienes fueren'', aseguró Figueroa.
Además aceptó la propuesta de los familiares para nombrar a dos investigadores que coadyuven con el Ministerio Público y quedó en regresar en una semana para dar un informe de los avances de las investigaciones. ``Para eso vine, para que no duden de mi palabra; cuando la empeño cumplo siempre, lo hago a cabalidad y más en casos como éste, donde se dan casos tan lamentables para nosotros'', afirmó ante los de El Paraíso.
Sin embargo, su actitud cambió radicalmente en la reunión privada con los familiares en el almacén de café. Preguntó quién había llevado las pancartas, si el acuerdo era no mostrar la inconformidad así.
``Pero esto se acabó'', se alcanzó a escuchar a Figueroa momentos antes de que tomara el helicóptero y se alejara de El Paraíso con el ceño fruncido y sin admitir preguntas extras.
Se entrevistó Figueroa con Chuayffet en Gobernación
Por la noche, en la ciudad de México, Figueroa Alcocer visitó al secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor. La entrevista se realizó un día después de que Televisa exhibió el video completo de la matanza de Aguas Blancas y de que el periodista Ricardo Rocha hizo preguntas relativas a las causas de sucesos como ése. El gobernador llegó a Gobernación en un Grand Marquis y salió por uno de los conductos internos del edifico para evadir a los reporteros que lo aguardaban.
§ La Jornada 27 de febrero de 1996
El caso Aguas Blancas, ``virtualmente cerrado'' cuando faltan cientos de testimonios, acusa la UOSS Pide fincar responsabilidades al fiscal especial
Maribel Gutiérrez, corresponsal, y José Gil Olmos, enviado, Acapulco, Gro., 26 de febrero ¤ La Fiscalía Especial que investiga la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas prácticamente dio por cerrado el caso, sin tomar declaraciones a decenas de sobrevivientes y campesinos testigos de los hechos, denunció la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur (UOSS).
Anunció que demandará que se finque responsabilidad penal contra el fiscal, Alejandro Varela Vidales, ``por su investigación parcial y tendenciosa''.
En cículos oficiales y en la propia Fiscalía sorprendió la difusión por televisión de la versión completa del video con las escenas de la matanza del 28 de junio, que es distinta a la que distribuyó el gobierno del estado, misma que utilizó la Fiscalía en sus trabajos.
La versión transmitida el domingo en la noche en el programa Detrás de la Noticia, por el Canal 2 de Televisa, muestra que los policías ordenaron al conductor de la camioneta en que viajaban los campesinos que se detuviera, y se escucha una voz que ordena: ``Corten... corten! Ya!''. Después se oyen disparos.
Este dato podría refutar las afirmaciones que ha hecho la Fiscalía Especial sobre el motivo de la balacera que desataron los policías motorizados del estado contra un contingente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) procedente de la sierra de Coyuca de Benítez, que se dirigía a una manifestación pública en Atoyac de Alvarez.
El fiscal especial Varela Vidales no ha dado a conocer datos que se refieran a alguna orden de ``cortar cartucho''. A los funcionarios procesados por homicidio, incluido el director operativo de la Motorizada, Manuel Moreno González, que iba al frente de los policías, se les finca el cargo por no haber impedido los hechos, pero no por haber dado la orden de disparar.
Según las conclusiones de la Fiscalía, contenidas en el último pliego de consignación que envió al juzgado tercero penal, los primeros disparos se dieron ``sin motivo aparente'' y el tiroteo que siguió se dio ``por simpatía, es decir, por la inclinación a hacer lo que otros hacen''.
Por otra parte, en la recomendación 104/96 sobre la matanza de Aguas Blancas que envió la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobernador Rubén Figueroa Alcocer, se plantea en el apartado de conclusiones que la copia del videocasete entregado como evidencia por el gobierno del estado ``está seguramente manipulado y muy probablemente editado''.
Hasta el momento la Fiscalía no ha hecho pública alguna conclusión referente a la edición y manipulación del video, que grabó en el lugar de los hechos el ex delegado de Gobernación estatal, Gustavo Martínez Galeana, actualmente en prisión, y que fue reproducido en las instalaciones del organismo gubernamental Radio y Televisión de Guerrero (RTG).
En conferencia de prensa, el coordinador de la UOSS, Ranferi Hernández Acevedo, informó que el pasado 23 de febrero los representantes de los deudos insistieron ante el fiscal Varela Vidales en la petición de que se llame a declarar a diez sobrevivientes de la matanza del 28 de junio que viajaban en la camioneta baleada, además de los testigos que viajaban en otro vehículo y que fueron detenidos por la policía antes de la balacera. También se ha solicitado a la Fiscalía que amplíen sus testimonios los sobrevivientes que ya declararon.
Según la dirigente de la OCSS, Rocío Mesino, el fiscal se negó a tomar esos testimonios e informó a los representantes de las viudas que él ya se descargó del caso, que ya no sabe del asunto, y que los testigos que no han declarado deben dirigirse al juez tercero penal, Adolfo Van Meeter, que lleva la causa.
``Está claro que el fiscal pretende cerrar el caso en los próximos días sin haber agotado la investigación'', dijo Hernández Acevedo.
Anunció que pedirán el apoyo de organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, para demandar ``que se finque responsabilidad penal al fiscal'' Varela Vidales.
Dijo que el fiscal exoneró a Rubén Figueroa, sin dar a conocer en qué se fundamenta cuando afirma en el pliego de consignación que el gobernador ordenó una operación ``dentro del marco de la legalidad'' para detener al contingente de la OCSS que se dirigía a una manifestación.
El pliego que el fiscal Varela Vidales entregó al juzgado tercero penal dice entre sus conclusiones: ``De las declaraciones de las personas que viajaban en los vehículos se desprende que el motivo que desencadenó la balacera fue el primer disparo de arma de fuego que se escucha en la parte posterior, y que fue hecho sin motivo aparente''.
Y más adelante: ``Los dictámenes periciales practicados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos resaltan el siguiente hecho, que se coteja con la videofilmación realizada en la que se aprecia que existen elementos de la Policía Motorizada que se encontraban tanto en la parte posterior y frontal derecha del vehículo ya mancionado, lo cual es una evidencia palpable y objetiva que en ese punto se realiza otro disparo de arma de fuego por un elemento de la Policía Motorizada, sin saberse hasta el momento la identificación plena del sujeto que realizó dicho disparo y que presumiblemente fue el causante de la privación de la vida de Efraín Vargas Sabayo, según declaración de Rodolfo Carranza Pastrana.
``Por otro lado, es de destacarse que en la parte posterior del vehículo se escuchó una primera detonación seguida de otras dos, resultando privado de la vida el que llevó el nombre de Amado Sánchez Gil.
``Por todo lo anterior se concluye que el operativo policiaco llevado a cabo el 28 de junio de 1995 resulta violatorio de lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, párrafo 5, el cual dispone que la actuación de las instituciones policiacas se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
``En el presente caso, el operativo realizado fue ilegal, ya que durante el desarrollo del mismo la conducta de los servidores públicos del estado de Guerrero presumiblemente delictuosa fue ineficiente por la falta de coordinación adecuada de los responsables, de su programación, instrumentación y supervisión, por la impericia mostrada por los cuerpos de seguridad e incapacidad y falta de profesionalismo de los responsables para evitar los hechos.
``Lo anterior se corrobora con el dictamen emitido por José Zepeda Ramírez y Andrés López Hernández, primero y segundo subcomandante respectivamente de la Policía Judicial Federal, quienes determinan que el retén de revisión no fue el adecuado, así como incorrecta para ese fin la formación de los policías, por lo que se observa una desorganización y que la forma de efectuar el fuego se hizo por simpatía, es decir, que se realizó por inclinación a hacer lo que otros hacen''.
Agrega que ``con el adiestramiento adecuado se pudo evitar el hecho y con mayores posibilidades al colocar señales visibles de que existe un punto de revisión, además de que los mandos coordinen y organicen al personal, con la utilización del equipo adecuado y con la designación de los mandos que supervisen al personal o elementos que darán la seguridad''.
§ La Jornada 28 de febrero de 1996
La matanza, por ``impreparación'' de los policías, afirma el fiscal
Raúl García, corresponsal, Chilpancingo, Gro., 27 de febrero ¤ El fiscal especial del caso Aguas Blancas, Alejandro Oscar Varela Vidales, dio por terminada su investigación donde concluyó que ``no hay autoría intelectual'' y exoneró al gobernador Rubén Figueroa Alcocer de cualquier responsabilidad penal en la matanza del 28 de junio de 1995, realizada por policías del estado en contra de 17 campesinos.
Ante el Congreso estatal que aprobó su nombramiento, el fiscal Varela afirmó: ``Estoy jurídicamente convencido de que agoté todas las líneas de investigación'' y agregó que los hechos se debieron ``a la impreparación de los cuerpos policiacos''.
En forma sorpresiva, la Comisión Permanente del Congreso citó hoy mismo a una sesión extraordinaria, para que Varela Vidales rindiera su informe final de labores.
El jurista exoneró también a los ex titulares de la Secretaría General de Gobierno, Rubén Robles Catalán; de la Procuraduría General de Justicia, Antonio Alcocer Salazar, y de la Policía Judicial del estado, Gustavo Olea Godoy, quienes ``no tuvieron intervención ni responsabilidad penal''.
Personal de la Fiscalía Especial instaló en el recinto parlamentario mamparas con esquemas y fotografías, para explicar gráficamente el informe, y se contó con un monitor de televisión, en el que se proyectó el video difundido por Televisa el domingo pasado, en el programa Detrás de la Noticia.
Previamente, Varela Vidales había informado que el 24 de enero solicitó por escrito a Televisa, que ``nos remitiera el total del material de video que se relaciona con los lamentables hechos que investigamos, pero la petición no fue atendida; es más, ni siquiera se tomaron la molestia de contestar la solicitud oficial''.
Aunque admitió que no conocía el video que se difundió en el programa del periodista Ricardo Rocha, afirmó que aquel material fílmico ``no cambia en nada la investigación hecha por la fiscalía y redunda en lo ya sostenido por nosotros, de que los campesinos iban desarmados, que las armas les fueron sembradas y que los cuerpos fueron movidos en su posición''.
Al final del informe, ya cuando el fiscal salía de la sala de sesiones en compañía del coordinador del Congreso, César Flores Maldonado, el diputado perredista y coordinador de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur (UOSS), Ranferi Hernández Acevedo, le espetó: ``¡Es usted un cobarde! Está vendido al servicio del dinero y del caciquismo. Vamos a llevarlo a juicio por ser cómplice de asesinos...''.
Los diputados priístas respondieron al opositor, vicepresidente en turno de la mesa de debates, con gritos e insultos, alentados por Flores Maldonado, quien gritó: ``¡Cállate loco!''.
Ranferi Hernández dijo que la UOSS continuará exigiendo la intervención de las instancias federales que ``debieron hacerse cargo de las investigaciones desde el primer momento'' y calificó las pesquisas del fiscal de ``totalmente parciales, amañadas y violatorias de la ley, así como la actuación de los diputados locales que nada hicieron por protestar, se prestaron a mentiras y con eso avalan una conducta criminal que va a seguir llenando de sangre a esta entidad''.
Anunció que mañana (hoy) miércoles, a ocho meses de la matanza de Aguas Blancas, habrá movilizaciones de protesta en Iguala, Acapulco, Chilpancingo y el Distrito Federal ``para seguir pidiendo castigo a los funcionarios corruptos, que se vaya de Guerrero el asesino Figueroa y que se enjuicie el general Mario Arturo Acosta Chaparro''.
``No se cumplieron las órdenes'' de Figueroa
Para la exoneración del gobernador Figueroa Alcocer, Varela Vidales aceptó como ciertas las declaraciones verbales y por escrito que hizo el funcionario ante la fiscalía, y desechó la versión de la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, según la cual el mandatario le dijo por teléfono que había ordenado ``detener a esa gente a como dé lugar''. También habría dicho: ``Venían a la guerra y guerra tuvieron. Somos autoridades o no somos''.
El fiscal concluyó que Figueroa ``giró instrucciones en forma personal a Rosendo Armijo de los Santos (entonces subsecretario de Protección y Vialidad), ordenando que se acudiera a dialogar con los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, evitando choques innecesarios y, en todo caso, si los campesinos decidían continuar su marcha, que se les permitiera''.
Armijo ``coordinó e implementó un operativo'' con el mayor Manuel Moreno González, ex director operativo de la Policía Estatal; Esteban Mendoza Ramos, ex director de Gobernación, y Rodolfo Sotomayor Espino, ex primer subprocurador de Justicia, los cuatro presos en el Cereso de Acapulco, con penas de hasta 20 años que se podrían extender a 40 ``si se prueban las agravantes''.
Figueroa Alcocer, agrega Varela en su informe, ``estaba en la mejor disposición de platicar con los citados dirigentes, ya fuese en el palacio de gobierno o en Tepetixtla (Coyuca de Benítez), como en otras ocasiones lo había realizado''.
"Es evidente -continúa- que las instrucciones dadas por el Ejecutivo estatal no se cumplieron, pues claramente se acreditó que violentaron el operativo desvirtuando el fin del mismo, motivados por la negligencia, sin pericia, falta de control de los elementos de la Policía Motorizada y de Gobernación que intervinieron en la matanza.
``También influyó el abandono de las obligaciones del encargado y responsable directo de dialogar con los campesinos, y que teniendo antecedentes de la OCSS, no tomó las providencias necesarias para controlar al grupo de manifestantes.
``Estamos de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en que el ex secretario de Gobierno, Rubén Robles Catalán, y el gobernador Rubén Figueroa Alcocer, no tuvieron intervención ni responsabilidad penal en los lamentables sucesos''.
Agregó que en poco más de cien días, la fiscalía logró el ejercicio de la acción penal en contra de 43 servidores públicos por los delitos de homicidio, lesiones, abuso de autoridad, ejercicio indebido y abandono al servicio público, de las cuales se ejecutaron 40. Cuatro de los detenidos obtuvieron la libertad con las reservas de la ley, ``lo que originó se interpusiera el recurso de apelación por considerar infundado el auto de libertad''.
Varela Vidales opinó que ``algunos'' de los funcionarios procesados ``deberían ser sancionados con penas más estrictas por tratar de encubrir los bochornosos y tristes acontecimientos, pero desgraciadamente la legislación de Guerrero nos impidió solicitarlo al Poder Judicial y es por ello que respetuosamente sugerimos que sean reformados los artículos 17, fracciones 7, y 241 y 242 del Código Penal para que en caso de que se repitieran ese tipo de hechos, los funcionarios del Ministerio Público sean sancionados con penas ejemplares''.
La fiscalía nunca encontró el original del video
En conferencia de prensa posterior al informe, el fiscal respondió sobre la exoneración de Alcocer Salazar y Olea Godoy: ``Una cosa es lo que recomendó la CNDH y otra lo que probamos en la indagatoria. Tenemos pruebas de que ellos estaban cumpliendo otra misión ese día en Ciudad Altamirano''.
Agrega: ``Probamos también que dieron instrucciones a sus subordinados para que integraran debidamente la averiguación, por eso consideramos que no tuvieron responsabilidad, dado que sí se abocaron, dieron instrucciones, mismas que no fueron acatadas''.
De la exhumación de los 17 cadáveres que quedó pendiente, indicó que ``ya está aprobada por el juez y no se llevó a cabo por causas ajenas a la fiscalía, dado que hubo oposición de los familiares. La exhumación es necesaria, pero no indispensable, no es la única manera de llegar a encontrar agravantes en este caso''.
En cuanto al video grabado y editado para su difusión en los medios por el gobierno estatal, reconoció que ``la cinta original nunca fue localizada, llegamos hasta el lugar donde hicieron la conversión de formato en una compañía de la ciudad de México, sabemos que el video inicial tiene 17 cortes, pero éstos pueden ser producto de tijera o de dejar de filmar, lo que sólo se puede establecer si se localizara el casete original''.
Dijo desconocer ``de dónde haya aparecido'' el video que difundió Televisa y no pudo establecer si ese es el original que grabó un agente de Gobernación estatal, pero ``aun cuando es más amplio que el que conocimos inicialmente, llegamos a la misma conclusión, con él o sin él, tal vez nos hubiera facilitado un poco la labor si nos hubiera llegado antes, pero no nos aporta nada nuevo en la investigación''.
Rechazó asimismo, que su informe haya sido precipitado por el programa televisivo de Ricardo Rocha: ``Hace más de cien días, cuando asumí la investigación el 9 de noviembre, les dije que esperaba finalizar en 60 días; ahora tengo más de cien, si a eso le llama usted algo precipitado... Yo les dije que me iba a quedar hasta que estuviera jurídicamente convencido de que agoté todas las líneas de investigación''.
El fiscal tampoco quiso precisar el monto económico de la investigación y de sus honorarios como jurista. ``El Congreso del estado no me pagó un cinco a mí en lo personal'', se limitó a responder sin aclarar de quién percibió su salario.
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres
¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres

0 comentarios

¿Y esta publicidad? Puedes eliminarla si quieres