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¿Qué pasó realmente?

26 de febrero de 1996

§ La Jornada 26 de febrero de 1996
Policía comunal en vez de judicial en Atoyac, piden a Figueroa
José Gil Olmos, enviado, y Maribel Gutiérrez, corresponsal, Atoyac de Alvarez, Gro., 25 de febrero ¤ En asamblea popular que concluyó en una marcha por la cabecera municipal, autoridades del ayuntamiento, representantes de organizaciones campesinas y habitantes de la sierra de Atoyac advirtieron que la inseguridad pública y la injusticia social que impera con ``matices macabros'' aquí, ha llegado a una situación que amenaza con culminar en estallido social, ``por la tentación ciudadana de hacerse justicia por su propia mano''.
Reunidos en la plaza principal, representantes de unos 50 pueblos de la sierra y zona baja del municipio, demandaron al gobernador Rubén Figueroa Alcocer disolver a la Policía Judicial del estado y sustituirla por policías comunales, electos por la población.
Al término de una asamblea pública en la que participaron más de 300 personas, se consensó un documento con 14 puntos que será entregado al mandatario estatal en la reunión que deberá realizarse este lunes al mediodía en la comunidad de El Paraíso, luego de que los familiares de los campesinos asesinados por agentes judiciales estatales la semana pasada, rechazaron las propuestas del PRI guerrerense de trasladarse a Chilpancingo y entrevistarse con Figueroa Alcocer.
Asimismo, el síndico procurador de Justicia, Wilebaldo Rojas, al frente del ayuntamiento, dijo que ya se pidió formalmente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) su intervención, para que investigue el trasfondo de los ``nueve asesinatos orquestados el pasado 18 de febrero próximo pasado por agentes de la Policía Judicial estatal, destacamentados en Tecpan de Galeana'', acciones ``aparentemente aisladas, pero que en nuestro concepto son parte del mismo crimen masivo''.
En la carta dirigida al presidente de la CNDH, Jorge Madrazo Cuellar, el funcionario municipal pidió también que se analice la situación de inseguridad y violencia, de impunidad y arbitrariedad ``por parte de los cuerpos policiacos del estado, y de la federación''. Afirmó que en Guerrero se está pisoteando el derecho a la vida, porque existe una situación de abandono, marginación, falta de oportunidades para la productividad y educacionales; el narcotráfico y la corrupción.
Los miembros del ayuntamiento, los representantes de organizaciones como la Unión de Ejidos Forestales Hermenegildo Galeana y de pueblos como El Paraíso, Picuí y Zacualpan, se reunieron frente al palacio municipal para discutir la situación de violencia que se ha acrecentado en la última semana en la sierra de Atoyac.
De entrada, los participantes a esta asamblea previa a la que sostendrán con Figueroa en El Paraíso este lunes, aclararon que no se permitiría que esta situación sea manejada con fines partidistas, porque se trata de un reclamo de justicia y seguridad para toda la población.
También rechazaron la versión de que la administración de la edilesa María de la Luz Núñez fuera la principal causa del incremento de la violencia en el municipio, y de manera reiterativa los diferentes participantes coincidieron en señalar que es parte de la ``impunidad con que actuaban los policías judiciales estatales y de la Motorizada''.
Bajo el candente sol, los campesinos atoyaquenses mostraron en pancartas su inconformidad, y en una de ellas precisaron su advertencia: ``Señor Gobernador, queremos justicia o haremos justicia por nuestras propias manos''.
También las familias de los campesinos y ganaderos de El Paraíso acribillados la semana pasada, manifestaron su postura en una carta, donde señalaron que no asistían directamente, por ``temor'' a represalias de los judiciales, según explicó el dirigente municipal del PRD, Mario Valdés.
En la carta escrita a máquina y con la firma de ``las familias'', exigieron al gobierno de Figueroa que se investigue para que se encuentren a los autores materiales e intelectuales del multihomicidio; indemnización para los huérfanos hasta alcanzar la mayoría de edad, su gestión para que se regrese el Ejército a Atoyac; una partida militar para El Paraíso, y nombrar a su propia policía comunitaria.
Además rechazaron las acusaciones de la Policía Judicial estatal, consistentes en el señalamiento de que sus difuntos eran ``asaltantes, secuestradores, asesinos y narcotraficantes'', y recordaron que por sesión abierta del cabildo se acordó pedir al gobernador su asistencia en El Paraíso, para que intervenga en el esclarecimiento de los hechos ``y se aplique la ley a los responsables''.
Al iniciar la asamblea popular, Wilebaldo Rojas enmarcó la situación de inseguridad social en la que participan cuerpos policiacos a nivel nacional. Ejemplo de ello citó los casos recientes en Guadalajara, Monterrey, Querétaro y el Distrito Federal.
En ese sentido precisó: ``La situación es grave a nivel nacional, y la solución de fondo sólo podrá darse a ese nivel. Los esfuerzos aislados de regiones, estados y municipios, deberán sustentarse en una ofensiva radical y contundente del estado y de la sociedad civil organizada''.
Recordó que desde el primero de enero de 1993, cuando inició sus gestiones el actual ayuntamiento, se pidió al gobierno federal y estatal su ayuda para afrontar el problema de inseguridad, que desde entonces se vivía. ``Desgraciadamente han puesto todo el tiempo oídos sordos a nuestros reclamos y propuestas''.
Los últimos casos de homicidio por parte de la Judicial estatal contra habitantes de El Paraíso, dijo el síndico procurador, muestran que ``la inseguridad pública y la justicia injusta, siguen imperando con matices macabros en el municipio de Atoyac de Alvarez''.
Tras señalar que ``en Guerrero sí pasa mucho y muy malo'', como respuesta a las declaraciones del secretario general de Gobierno, Zótico Pastrana, el funcionario del municipio de Atoyac demandó: ``No más Aguas Blancas''.
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