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¿Qué pasó realmente?

23 de febrero de 1996

§ La jornada 23 de febrero de 1996
Pablo Gómez
La guerra de Figueroa
No es sólo que Guerrero sea un estado violento, sino que ahí tiene lugar una guerra, cada vez más ruidosa, del gobernador Figueroa contra la oposición, aunque no solamente ésta, sino también contra algunos grupos o sectores que se encuentran fuera de control.
Por lo visto, la compra de conciencias que tan buenos resultados le dio al antecesor de Figueroa, el señor José Francisco Ruiz Massieu, ya no es tan fácil para el actual gobernador quien, por lo demás, es mucho menos capaz en el arte del soborno como instrumento de la mediatización política.
Aguas Blancas es un caso de responsabilidad penal y política. No es sólo que el gobernador no pudiera corromper a los líderes de una organización campesina, sino que dio las órdenes para detenerlos y, probablemente, para disparar. De cualquier forma, Figueroa debe responder ante la justicia política y ante la ordinaria.
Pero el gobierno federal mantiene la perversa línea de defender a los gobernadores a todo trance, como lo está haciendo con Roberto Madrazo, quien gobierna cada vez menos y a un alto costo político para Tabasco y el país. Figueroa, por su lado, aplica los métodos más arcaicos, los del asesinato.
Los agricultores cafetaleros asesinados en la sierra y quienes, horas más tarde, fueron ejecutados por la policía judicial en la carretera de la Costa Grande, posiblemente tenían algunos desacuerdos con los jefes policiacos, pero es que éstos viven de la extorsión y han creado un sistema de control policiaco. Cualquiera que haya sido el móvil de los asesinos, está claro que ellos forman parte del sistema de gobierno de Figueroa, regido por leyes virtuales.
Rubén Figueroa hijo, se mantiene en su cargo bajo el argumento de que el PRD debe ser mantenido a raya; llegó a ser gobernador como herencia de un sistema corrupto encabezado por Ruiz Massieu, al cual sirvió como bestia de carga, especialmente en el fraude electoral de 1988 en favor de Salinas, en el Colegio Electoral de ese mismo año y en la defensa del entonces gobernador ante las denuncias probadas de uso indebido de recursos públicos con nóminas en la mano presentadas por el PRD.
La violencia social en Guerrero no es exactamente la que estamos viendo. Lo de hoy es terrorismo de Estado, gobierno mafioso, persecución sistemática y cancelación de garantías. El procurador, los jueces y la mayoría priísta en el Congreso local son instrumentos de ese sistema, cuyo representante máximo es Figueroa.
Como Madrazo, Figueroa es una expresión brutal de la falsedad de las declaraciones presidenciales sobre el país de leyes. Existen dos factores que han hecho posible tan evidente mentís: los compromisos políticos basados en complicidades y la estratégica decisión de seguir golpeando al PRD. Si a pesar de que está demostrado que Figueroa dio la orden de detener ''a como dé lugar'' a los campesinos en Aguas Blancas, el gobernador de Guerrero no ha sido requerido siquiera por responsabilidad política, es que existe un interés superior de partido razón de Estado en la dimensión mexicana que impide castigar al transgresor de la ley.
Pero la impunidad de Figueroa es la impunidad a secas. Es por esto que fueron posibles dos nuevos asesinatos colectivos y se pueden seguir realizando atentados políticos personales como el de Tecpan.
No es verdad, por cierto, que el terror no funcione; funciona y mucho. El propósito de Figueroa es someter a la disidencia y la oposición mediante la violencia, a través de la creación de un estado de terror que inhiba la acción política independiente de personas y grupos. Lo ha logrado en alguna medida, pero también está generando una repulsa nacional a los métodos del terror oficial. Ernesto Zedillo, por su parte, guarda silencio y no hace absolutamente nada. La protesta contra el terror en Guerrero ya debe convertirse en algo nacional. Hay que poner fin a la guerra de Figueroa.
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