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¿Qué pasó realmente?

22 de febrero de 1996

§ La jornada 22 de febrero de 1996

Rodolfo F. Peña
La muerte en El Paraíso
En agosto del año pasado, con motivo de la Recomendación 104/95 de la CNDH, pareció inminente la defenestración del gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer. Tal documento señalaba, como presuntos implicados en los hechos ocurridos el 28 de junio anterior en el vado de Aguas Blancas, que costaron la vida a 17 campesinos desarmados y heridas a una veintena más, a todo un elenco de funcionarios de primera línea del gobierno estatal, incluidos el secretario general de Gobierno y el titular de la Procuraduría. Ciertamente, el ombudsman nacional, por falta de evidencias, no quiso hacer impugnaciones directas al gobernador, aplicando la mayoría de razón, si bien había una grabación en la que Figueroa ordenaba detener en Tepetixtla ``a como diera lugar'' a esos campesinos, que se dirigían a Atoyac de Alvarez para demandar en un mitin la presentación del activista Gilberto Romero Vázquez, desaparecido allí desde el 24 de mayo.
Pero más allá del discurso puramente jurídico, era de una claridad deslumbradora que los funcionarios indiciados no podían haber actuado por cuenta propia, aunque Figueroa no los comandara in situ, como dice el complaciente fiscal especial con la obvia intención de exculparlo. Era inevitable obtener por elemental interpretación, por simple lógica, la conclusión de que los subalternos obraron por órdenes superiores, independientemente de que puedan haberle tomado ya un gusto personal y perverso a las tareas represivas. Y otra conclusión caía por sí misma, ésta de orden político: la de que había llegado, por fin, la hora del sátrapa guerrerense (sin ofender a los persas, que nos legaron el término). Por muchos compromisos y lazos espirituales o de otro tipo que hubiera con él, ya no había forma de sostener en el cargo a quien a lo largo y a lo ancho de la República, y aun por organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, era señalado como uno de los peores gobernadores en funciones (porque hay otros, que no le van a la zaga).
Pero hubo forma, contra todos los pronósticos, y el hombre sigue despachando en el palacio de gobierno de Chilpancingo. Aunque no haya concluido la indagatoria del fiscal especial (y tan especial!), todo indica que éste y el juez penal van a lanzarse sólo contra funcionarios menores, y aun así de manera indulgente, como lo han hecho hasta ahora.
No debe extrañarnos, entonces, que la impunidad haya envalentonado a Figueroa y que haya vuelto a correr la sangre en esa martirizada entidad federativa; de hecho, no ha dejado de correr desde que llegó al poder. Lo de Aguas Blancas debió haber sido su última proeza y el punto culminante de sus arbitrariedades, de la violencia criminal que ha desatado. Como no lo fue, estamos de nuevo ante una matanza, esta vez de nueve vecinos de la sierra de Atoyac, cerca de El Paraíso. Y de nuevo los autores materiales tienen vínculos orgánicos con la policía estatal.
Las versiones jusitificatorias oficiales moverían a risa, si no fuera porque hay varios hogares enlutados. ¿Qué hacer, entonces? La respuesta es sencilla para quienes quieren exculpar a Figueroa ``a como dé lugar'', y consiste en tener por buenos los argumentos de Zótico, el exótico secretario general de Gobierno: la violencia en Guerrero es normal y su jefe se dedica a gobernar, no a cuidar a todos los ciudadanos y a todos los policías, aunque este personaje subordinado, al igual que quien lo manda, demuestre no tener, precisamente por esos argumentos, ni la menor idea de lo que significa gobernar; además, para que se vea que hay respeto por la ley, puede hacerse lo que ya está hecho: apresar a los dos agentes judiciales que, procediendo conforme a la normalidad, acribillaron a los campesinos.
Mientras no se haga lo que debe hacerse, que es mandar a Rubén Figueroa Alcocer a la cárcel, o cuando menos a su casa, seguirán imperando en Guerrero el abuso, la ilegalidad y la sinrazón. Y habrá más muertos, heridos, encarcelados, secuestrados, desaparecidos, perseguidos; todos, naturalmente, en las filas de quienes se le oponen, que son legión. Pero si el gobernador no gobierna, ni los poderes legislativo y judicial equilibran nada, en ese estado sureño han desaparecido los poderes. De acuerdo con el precepto constitucional relativo, no es atribución del Senado declarar la desaparición de poderes, sino declarar, cuando aquéllos han desaparecido, que ha llegado el momento de nombrar un gobernador provisional. Ese momento ha llegado varias veces, pero el Senado espera, espera... ¿Qué espera? ¿Que el Ejército y las policías hagan el trabajo que correspondería a un gobernante mínimamente respetable, y que se generalice la violencia? ¿Que haya más muertos hasta llegar a cuántos? No. Presumiblemente, lo que espera es una señal de las alturas. Pero esa señal se retrasa demasiado, quizá porque el federalismo debe respetarse como en Tabasco o Veracruz, si bien las fuerzas federales pueden intervenir sin provocar controversia constitucional alguna; o quizá porque el federalismo vivo ha sido debilitado por el poder de los caciques estatales. Esto último indicaría vulnerabilidades en las que uno preferiría no creer.
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