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¿Qué pasó realmente?

Notas

Miércoles 21 de febrero de 1996

Figueroa no puede cuidar a todos los ciudadanos ni a todos los policías: Zótico Garcíanull
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Jueves 22 de febrero de 1996

Rodolfo F. Peña
La muerte en El Paraíso

En agosto del año pasado, con motivo de la Recomendación 104/95 de la CNDH, pareció inminente la defenestración del gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer. Tal documento señalaba, como presuntos implicados en los hechos ocurridos el 28 de junio anterior en el vado de Aguas Blancas, que costaron la vida a 17 campesinos desarmados y heridas a una veintena más, a todo un elenco de funcionarios de primera línea del gobierno estatal, incluidos el secretario general de Gobierno y el titular de la Procuraduría. Ciertamente, el ombudsman nacional, por falta de evidencias, no quiso hacer impugnaciones directas al gobernador, aplicando la mayoría de razón, si bien había una grabación en la que Figueroa ordenaba detener en Tepetixtla ``a como diera lugar'' a esos campesinos, que se dirigían a Atoyac de Alvarez para demandar en un mitin la presentación del activista Gilberto Romero Vázquez, desaparecido allí desde el 24 de mayo.

Pero más allá del discurso puramente jurídico, era de una claridad deslumbradora que los funcionarios indiciados no podían haber actuado por cuenta propia, aunque Figueroa no los comandara in situ, como dice el complaciente fiscal especial con la obvia intención de exculparlo. Era inevitable obtener por elemental interpretación, por simple lógica, la conclusión de que los subalternos obraron por órdenes superiores, independientemente de que puedan haberle tomado ya un gusto personal y perverso a las tareas represivas. Y otra conclusión caía por sí misma, ésta de orden político: la de que había llegado, por fin, la hora del sátrapa guerrerense (sin ofender a los persas, que nos legaron el término). Por muchos compromisos y lazos espirituales o de otro tipo que hubiera con él, ya no había forma de sostener en el cargo a quien a lo largo y a lo ancho de la República, y aun por organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, era señalado como uno de los peores gobernadores en funciones (porque hay otros, que no le van a la zaga).

Pero hubo forma, contra todos los pronósticos, y el hombre sigue despachando en el palacio de gobierno de Chilpancingo. Aunque no haya concluido la indagatoria del fiscal especial (y tan especial!), todo indica que éste y el juez penal van a lanzarse sólo contra funcionarios menores, y aun así de manera indulgente, como lo han hecho hasta ahora.

No debe extrañarnos, entonces, que la impunidad haya envalentonado a Figueroa y que haya vuelto a correr la sangre en esa martirizada entidad federativa; de hecho, no ha dejado de correr desde que llegó al poder. Lo de Aguas Blancas debió haber sido su última proeza y el punto culminante de sus arbitrariedades, de la violencia criminal que ha desatado. Como no lo fue, estamos de nuevo ante una matanza, esta vez de nueve vecinos de la sierra de Atoyac, cerca de El Paraíso. Y de nuevo los autores materiales tienen vínculos orgánicos con la policía estatal.

Las versiones jusitificatorias oficiales moverían a risa, si no fuera porque hay varios hogares enlutados. ¿Qué hacer, entonces? La respuesta es sencilla para quienes quieren exculpar a Figueroa ``a como dé lugar'', y consiste en tener por buenos los argumentos de Zótico, el exótico secretario general de Gobierno: la violencia en Guerrero es normal y su jefe se dedica a gobernar, no a cuidar a todos los ciudadanos y a todos los policías, aunque este personaje subordinado, al igual que quien lo manda, demuestre no tener, precisamente por esos argumentos, ni la menor idea de lo que significa gobernar; además, para que se vea que hay respeto por la ley, puede hacerse lo que ya está hecho: apresar a los dos agentes judiciales que, procediendo conforme a la normalidad, acribillaron a los campesinos.

Mientras no se haga lo que debe hacerse, que es mandar a Rubén Figueroa Alcocer a la cárcel, o cuando menos a su casa, seguirán imperando en Guerrero el abuso, la ilegalidad y la sinrazón. Y habrá más muertos, heridos, encarcelados, secuestrados, desaparecidos, perseguidos; todos, naturalmente, en las filas de quienes se le oponen, que son legión. Pero si el gobernador no gobierna, ni los poderes legislativo y judicial equilibran nada, en ese estado sureño han desaparecido los poderes. De acuerdo con el precepto constitucional relativo, no es atribución del Senado declarar la desaparición de poderes, sino declarar, cuando aquéllos han desaparecido, que ha llegado el momento de nombrar un gobernador provisional. Ese momento ha llegado varias veces, pero el Senado espera, espera... ¿Qué espera? ¿Que el Ejército y las policías hagan el trabajo que correspondería a un gobernante mínimamente respetable, y que se generalice la violencia? ¿Que haya más muertos hasta llegar a cuántos? No. Presumiblemente, lo que espera es una señal de las alturas. Pero esa señal se retrasa demasiado, quizá porque el federalismo debe respetarse como en Tabasco o Veracruz, si bien las fuerzas federales pueden intervenir sin provocar controversia constitucional alguna; o quizá porque el federalismo vivo ha sido debilitado por el poder de los caciques estatales. Esto último indicaría vulnerabilidades en las que uno preferiría no creer.
La Jornada

Viernes 23 de febrero de 1996

El Ejecutivo federal ``avala y protege'' a Figueroa: diputados perredistas
Dos de las víctimas, presuntos asaltantes; otra, un campesino

José Gil Olmos, enviado, y Maribel Gutiérrez, corresponsal, Acapulco, Gro., 22 de febrero ¤ Las autoridades del municipio de Atoyac de Alvarez y organizaciones campesinas de diversos ejidos pidieron el restablecimiento de tropas del Ejército en la zona de la sierra, ``porque la violencia no para''. A los nueve asesinatos del fin de semana pasado, se sumaron en las ultimas horas otros cuatro, tres de ellos cerca de El Filo Mayor y uno en El Ticuí. En tanto, los habitantes de El Paraíso se rebelaron armados contra una acción policiaca.

Según testigos, los homicidios de los presuntos asaltantes Serafín y Melitón López Alonso, ocurridos en el Cerro Teotepec, municipio de Tlacotepec, fueron perpetrados por agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE).

Así, sumarían ya 13 muertes violentas en menos de cuatro días en esta región de la Sierra Madre del Sur.

Esta mañana, decenas de habitantes de El Paraíso tomaron sus armas para rescatar a Reyna Bautista, vecina de esa comunidad que había sido detenida por agentes de la Policía Judicial Federal (PJF) en cumplimiento de una orden de aprehensión por delitos contra la salud.

A unas horas de que fueran enterrados seis de los nueve campesinos y ganaderos presuntamente asesinados por agentes de la Judicial estatal, los moradores de El Paraíso siguieron al grupo de la PJF que se llevaba a la comerciante Bautista. Los agentes se vieron obligados a dejarla en libertad para evitar un enfrentamiento armado y se alejaron de la sierra.

El comisario de La Pintada, Celestino Ontiveros, informó que esta mañana llegaron a ese poblado los jóvenes Rafael Bello Marcelo --con dos heridas de bala-- y Nicolás Catalán Marcelo, ambos vecinos de El Paraíso, quienes informaron de la muerte de Serafín y Melitón López Alonso, ``acribillados por agentes de la Policía Judicial del estado, en un paraje solitario en el cerro Teotepec, uno de los más altos de la sierra guerrerense, donde se localiza la antena de Telmex.

Al investigar los hechos, Ontiveros habló con el representante ejidal de El Edén, Crisóforo Díaz Marcelo, quien le indicó que el 20 de febrero pasado, cuatro personas asaltaron y asesinaron al propietario de una camioneta Nissan roja cerca de la comunidad de Corralitos, municipio de Tlacotepec, y dejaron atado al chofer.

Los cuatro presuntos asaltantes, abordo de la camioneta roja, fueron alcanzados en las inmediaciones de El Edén, municipio de Atoyac, por una patrulla de la Judicial del estado, que los regresó hacia la parte alta de la sierra y en el cerro Teotepec los agentes los acribillaron y se alejaron creyendo que estaban muertos. Sin embargo, Rafael Bello Marcelo sólo resulto herido e ileso su primo, Nicolás Catalán Marcelo, identificados en El Paraíso como ``asaltantes declarados''.

Este jueves, los comisarios de la parte alta de la sierra preguntaron en Tlacotepec y Chilpancingo, sobre la mencionada patrulla de la PJE. Las autoridades negaron la operación, no obstante que en El Edén hay decenas de testigos que vieron bajar el vehículo policiaco y después de regreso con los cuatro detenidos en la camioneta roja.

Los dos jóvenes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público con sede en Tecpan de Galeana.

Por otro lado en El Ticuí, comunidad aledaña a la cabecera municipal de Atoyac, fue encontrado hoy el cuerpo del campesino Eliseo Díaz Pino, secuestrado el pasado domingo. Los plagiarios pidieron, mediante un anónimo, 100 mil pesos por el rescate, pero se piensa que el mismo día fue asesinado porque se encontró en avanzado estado de descomposición en medio del monte.

Consignan al comandante Benítez

Mientras tanto, en este puerto fueron consignados el comandante de la Policía Judicial del Estado, Leopoldo Benítez Pérez, y el agente Leonel Rosales Garduño, al juzgado décimo de lo penal por el delito de homicidio contra José Rojas Hernández, Isaías Rojas Osorio, Héctor Aguilar Negrete, Mauro Osorio Altamirano y Benigno Figueroa Alquisiras, sobre la carretera Acapulco-Zihuatanejo, el pasado domingo.

Las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) mantuvieron un estrecho cerco informativo sobre los resultados finales de los dictámenes periciales de balística y forense, que se hicieron a los los cinco habitantes de El Paraíso. Sin embargo, el coordinador del Semefo local, Carlos Estrada, en días pasados confirmó que los cuerpos presentaron ``quemaduras y tatuajes'' de disparos en la cabeza y el cuerpo, hechos a una distancia de entre 15 y 70 centímetros.

La jueza Anacleta López Vega, manifestó que el agente del Ministerio Público consignó a los detenidos a pesar de que en su declaración ministerial afirmaron que cometieron los homicidios al repeler una agresión, pues no acreditaron su actuación en legítima defensa.

Dijo que el MP presentó la consignación con 35 pruebas periciales. Mañana (hoy viernes) el comandante Benítez y el agente Leonel Rosales, rendirán su declaración preparatoria.

Por su parte el dirigente estatal del PAN, Enrique Caballero Peraza, en conferencia de prensa lamentó los asesinatos en la sierra de Atoyac; no obstante consideró que el gobernador Rubén Figueroa Alcocer, no debe de renunciar porque como ``cacique mayor tiene el control de los caciques pequeños''. Dijo que el cambio de gobernador, sólo se podría dar ``si el presidente Ernesto Zedillo lo quiere''.

En tanto, la Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarios ``General Hermenegildo Galeana''; el Consejo Supremo de los Pueblos del Filo Mayor; el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena; la Comercializadora Agropecuaria de Guerrero; la Sociedad de Solidaridad Social ``Zanzekan Tinemi'', y la Unión Campesina Democrática, las organizaciones sociales con mayor presencia en la sierra, manifestaron su rechazo al asesinato de los habitantes de El Paraíso ``a manos de los cuerpos policiacos que violentan el Estado de derecho y los más elementales derechos humanos''.

Asimismo se manifestaron por la disolución de los actuales aparatos policiacos y la sustitución de éstos por ciudadanos directamente propuestos por las comunidades ``como parte de la necesaria e inaplazable reestructuración del Poder Judicial en el estado''.

Este mediodía el presidente del PRI estatal, Angel Heladio Aguirre Rivero, visitó la comunidad de El Paraíso con el propósito de convencer a los deudos para trasladarse a Chilpancingo ``donde los recibiría el gobernador Rubén Figueroa Alcocer'', opción que fue rechazada. Los afectados sostuvieron que es el mandatario estatal quien debe acudir hasta el poblado para dar una respuesta directa sobre los recientes hechos de violencia.

En tanto en El Ticuí, se anunció una manifestación contra la violencia en la región, este mismo viernes.
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domingo 25 de febrero de 1996

Nadie puede estar por encima de la ley, advierte en Iguala ante Figueroa.
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