¿Qué pasó realmente?

Recopilo: Roberto Algarra

CONTEXTO POLITICO NACIONAL

México durante 1994-1995
No habían pasado tres semanas desde la toma de posesión de la presidencia por el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León cuando estas esperanzas se desvanecieron como un espejismo. Ante el constante deterioro de la reservas internacionales del Banco de México el gobierno anunció una devaluación del peso frente al dólar del 15 %; bastó esto para que el pánico cundiera de inmediato ante este flagrante incumplimiento de lo acordado en el Pacto por lo que el público se precipitó a comprar dólares creyendo que a la devaluación anunciada seguirían otras más graves. Hay que recordar que la sobrevaluación del peso había sido estimada en noviembre de 94 por analistas independientes en alrededor del 23 %, por lo que un 15 % de devaluación parecía un correctivo suficiente, pero los temores colectivos magnificados la hicieron insuficiente. El gobierno tuvo que dejar en libertad el tipo de cambio que se fue hasta 7.50 pesos por dólar en marzo de 1995, esto es, más de un 100 % de devaluación en relación a la paridad de 3.60 pesos por dólar vigente en los primeros días de diciembre de 1994.

La descomunal devaluación hizo particularmente grave la situación financiera del país porque había en poder del público casi 30,000 millones de dólares en tesobonos, instrumentos de crédito a muy corto plazo que, si bien estaban denominados en moneda nacional, habían sido indizados a la paridad con el dólar. AL estallar la crisis, los tenedores de tesobonos no quisieron renovarlos y exigieron su pago en la medida en que fueron venciendo para cambiarlos por dólares. De esta manera, el país se encontró con que en vez de recibir un flujo importante de recursos externos para financiar el déficit en cuenta corriente, de golpe se presentó una reversión y los capitales salieron en cantidades equivalentes a los anteriores ingresos. Se calcula que la pérdida de recursos fue varias veces mayor a las crisis de 82 y a la de 86 y que equivalió a más del 7% del producto interno bruto.

La devaluación y la salida de recursos tuvo como consecuencias que la inflación, que en noviembre de 94 fue de un 7 % anual, pasara a un 8 % mensual en abril de 1995 y que la tasa de interés interbancaria, que era antes de la crisis del 18 % se elevara en vertical al 110 % en marzo de 95. La brutal alza de las tasas de interés hizo que multitud de deudores se vieran en la imposibilidad de cumplir sus compromisos y que la banca se encontrara con una importante cartera vencida y con una caída de la demanda de créditos por parte del público, porque la altísimas tasas de interés los hacían incontables; esto puso a varios bancos al borde de la quiebra.

Esta situación desplomó también la producción de bienes y servicios y el nivel de ocupación. En el primer semestre de 1995 el PIB cayó un 5.8%, el índice de desempleo abierto subió de 3.6 % de la población económicamente activa ( PEA ) en diciembre de 94 al 6.6 en junio y a 7.6 en agosto de 1995. El IMSS por su parte perdió 824,000 afiliados permanentes en los primeros meses de 95. A pesar de la fuerte devaluación y de la elevación vertical de las tasas de interés, la salida de recursos continuó en forma acelerada en el primer semestre de 1995, con lo que México estuvo al borde del colapso productivo y financiero. Lo que quizá ha sido más grave todavía que el deterioro de los niveles de vida fue el desaliento provocado por la crisis después de las expectativas de desarrollo que la gente había alimentado durante diez años de esfuerzo en la dirección correcta

Los factores políticos siempre han influido decisivamente en la economía; para que haya desarrollo es necesaria la inversión y ésta depende de la disponibilidad de ahorros, de una tasa de interés atractiva y de las expectativas de tener rendimientos futuros que sobrepasen los recursos que se arriesgan en el momento de la inversión. Las expectativas a su vez dependen de las circunstancias presentes económicas, sociales y de las que razonablemente se esperan en el porvenir. El solo temor a la inestabilidad política y social puede retraer la inversión.

Uno de los factores que atraían la inversión hacía México era que desde la década de los 20 el país no había tenido revueltas, ni golpes de estado, ni magnicidios, ni mucho menos había participado en guerras extranjeras. Todo eso terminó en 1994 cuando se sucedieron una serie de actos violentos en una secuencia tan precisa que parecería que fueron planeados para desestabilizar al país.

Justamente el primero de enero de 1994, cuando se esperaba que la entrada en vigor del TLC de América del Norte diera lugar a una era de auge porque atraería a cuantiosas inversiones para aprovechar que se le abría a México el mercado más grande del mundo, un grupo de enmascarados declaró la guerra al gobierno y al ejército y tomó en breves días algunos poblados. De nada sirvió que el gobierno ordenara al ejército que unilateralmente cesara el fuego para poder entrar en negociaciones con el grupo alzado, el sólo hecho de que formalmente siguiera armado y en rebeldía en las selvas de Chiapas, ha constituido para muchos un disuasivo de la inversión.

Posteriormente fue asesinado el licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia de la República y a quien se consideraba como el próximo presidente de México; finalmente, apenas la gente comenzaba a tranquilizarse al ver que las elecciones federales habían sido pacíficas y democráticas ocurrió el asesinato del Secretario General del PRI. El impacto de estos acontecimientos en la confianza de ahorradores e inversionistas se puede inferir por el progresivo descenso de las reservas internacionales del banco central, acentuado en las épocas inmediatamente posteriores a estos hechos delictuosos.

Hubo también factores económicos de gran importancia que contribuyeron a desatar la crisis y magnificar sus efectos. Entre los más significativos se pueden destacar los siguientes:
a) a) La caída del ahorro doméstico que en 1988 equivalía al 22 % del PIB y que para 1994 era sólo de menos del 16 %. Esto quiere decir que los fuertes flujos de capital que entraron al país en el período 1988-1994 no vinieron a adicionar sino a substituir al ahorro interno, sin acrecentar el monto de los recursos de inversión. La escasez de ahorro doméstico hizo más vulnerable a la economía mexicana frente a los movimientos de capital extranjero.
b) b) La creación de los tesobonos que el Presidente Salinas creó para mantener el flujo de recursos externos indispensable para financiar el déficit de la cuenta corriente; estos bonos eran a corto plazo y estaban indizados a dólares. Los tesobonos dolarizaron pues la deuda interna y se convirtieron en una bomba de tiempo…..de poco tiempo.
c) c) El fuerte déficit de las finanzas públicas, montó a 0.1 % del PIB, como publicó el gobierno, sino aproximadamente al 5 %, equivalente al déficit por la intermediación financiera. Esta situación otorgó gran liquidez al público, quien en los momentos de corrida contra el peso utilizó para comprar dólares.
d) d) El tipo de cambio real del peso se apreció más de lo prudente
( un 23 % ).
e) e) El déficit en cuenta corriente se financió en buena parte con capital “golondrino”, volátil y especulativo.
f) f) Se financiaron algunos proyectos a largo plazo con instrumentos de corto plazo.
g) g) Probablemente hubo un descuido de las relaciones con los inversionistas en los días anteriores a que manifestara la crisis y un mal manejo de los medios de comunicación en los días posteriores; en lo que se ha llamado “ el error de diciembre”

Cualesquiera que hayan sido las causas, la crisis obligaba a tomar medidas drásticas para lograr fondos que permitieran cubrir los compromisos financieros del país, evitar que la inflación se convirtiera en hiperinflación y corregir el desequilibrio de la cuenta corriente.

Se rechazó por insensata la propuesta de algunos supuestos nacionalistas de que México declarara una moratoria de pagos y tampoco fue posible renegociar la deuda porque en este caso los acreedores no fueron como el pasado unos cuantos bancos sino miles y miles de ahorradores extranjeros agrupados en cientos de fondos de pensiones.

El gobierno pidió y obtuvo la ayuda de los Estados Unidos que abrió en favor de México una línea de crédito por 20,000 millones de dólares; igualmente las instituciones financieras internacionales y otros gobiernos amigos abrieron créditos por otros 30,000 millones, lo que hizo un total de fondos disponibles por 50,000 millones de dólares. Estos créditos no representaron una adición a la deuda externa existente, sino que sirvieron para transformar pasivos de corto plazo y alto costo por otros de mayor plazo y menor costo. En efecto, ya para septiembre de 1995 se habían pagado 26,033 millones de dólares de los 29,206 de tesobonos en circulación y se cancelaron otros 8,000 millones de otras obligaciones; al año siguiente se pagó el resto de los tesobonos y se liquidó totalmente con anticipación a los plazos convenidos el préstamo que hizo Estados Unidos en 1995. Con esto se restableció el crédito del país y se solucionó su problema de liquidez ante sus compromisos financieros...

hFuente Consultada

Contexto económico internacional
Para complementar la investigación, seria importante destacar lo que sucedió en el mundo en esa época en la que nuestro país estaba viviendo un momento critico, ya que se sobrepasaron los limites del poder gubernamental, lo cual llevo un lamentable echo, que fue “la matanza de aguas blancas” en el estado de guerrero. Mientras en la republica mexicana se trato de dar una explicación por parte del gobierno sobre este conflicto; la economía mundial estaba pasando por un momento clave para el desarrollo económico internacional, La globalización, este desafío generador de los regímenes democráticos, así como de la expansión de los derechos humanos, ha sido el tema principal a nivel mundial, puso en crisis los regímenes autoritarios de diversas especies que se han unido ahora a instituciones de democracia liberal constitucional. Ya que en el mundo se vive una situación similar a la que se dio en nuestro país, los problemas de integración de los países en América latina podemos mencionar los sentimientos nacionalistas generadores de odios resultan absurdos mas cuando la lógica histórica no esta marcando la necesidad de integración, económica-política de todos los países para superar la pobreza y e subdesarrollo.
La civilización produjo la mas grande expansión del mercado a cualquier precio, mejora las condiciones de vida en muchos lugares pero generó el colonialismo con sus secuelas de explotación y dolor .
La globalización de la vida económica internacional afecta de manera directa a las empresas; plantea retos a las empresas nacionales, por la creciente presencia de las empresas extranjeras en los mercados locales. La globalización ha provocado una creciente e intensa rivalidad internacional en diversos factores de la economía.

Drucker, Peter. “la sociedad poscapitalista” (1996)México
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml

Las principales crisis de los últimos años, no solo se explican por los altos tipos de intereses, si no por la globalización de la economía, Es un proceso que todos reconocen como el más determinante de la década del noventa, Con el fin de regular las crecientes relaciones comerciales, los países en cuestión generaron una estrategia económica y política de liberar todas las barreras al libre comercio, implantadas por la Estrategia de Sustitución de Importaciones.
Este proceso se vio acelerado por las diferentes crisis en que se vio inmerso el entorno internacional en los años 1971 ( crisis del dólar), 1973 y 1979 ( crisis del petróleo) y en 1982 (crisis de la deuda). La globalización es un proceso económico hecho posible por cambios provenientes de la ciencia y la tecnología; es una paradoja: beneficia mucho a muy pocos a la vez que excluye o margina a dos tercios de la población mundial. ha llegado a ser tildado como la "tercera revolución tecnológica e industrial".

En los últimos diez años, la economía mundial se vio sacudida por el peso del endeudamiento excesivo, la fluctuación de los tipos de cambio
La más reciente, la crisis mexicana de 1995 puso en evidencia los riesgos financieros de la globalización.

Crisis mexicana
si el “efecto tequila” fue el detonante de una gran crisis, por ende hay también una relación causal invertida periferia-centro. Y puede plantearse que el largo periodo de ajuste de la economía mundial desde la supresión de la convertibilidad del dólar y el abandono del régimen de tasas de cambio fijas desde los años setenta, culmina en 1995 con la plena consolidación de la globalización de los mercados financieros, cuya prueba fehaciente lo es precisamente el “efecto tequila”, ya que a la par que fue catalizador de la crisis sólo pudo alcanzar la dimensión global precisamente por ser un eslabón de la cadena financiera mundial.8

El tratado de Asunción, firmado en dicha ciudad el 26 de marzo de 1991 mediante el cual se instituye el mercado común entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay – el MERCOSUR a firma del acuerdo de constitución del Mercado Común del Sur
La propuesta de Estados Unidos de constituir a corto plazo un Arrea de Libre Comercio de las Amétricas (ALCA) que incluya a todos los países del continente. Afecto a México

Los efectos combinados de la devaluación del peso en 1994 y la apertura de la frontera para aumentar las importaciones desde los Estados Unidos bajo el TLC han devastado la economía mexicana, y han llevado a 8 millones de familias de clase media hacia la pobreza. pequeños negocios han quebrado en México debido a la entrada de las compañía extranjeras TLC.- Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Por último, lo que hay que señalar es que el Asia-Pacífico, con China e incluyendo Japón, está financiando la demanda norteamericana y, por lo tanto, está financiando el déficit comercial de los Estados Unidos. Japón, China, Corea del Sur, Singapur, Taiwán, sus bancos centrales sumados, tienen un total de reservas en dólares estadounidenses o en títulos del Tesoro norteamericano de en este momento de 1.4 trillones de dólares. Se puede decir que hoy en el Asia- Pacífico están más de la mitad de las reservas mundiales de todos los bancos mundiales en dólares estadounidenses y en títulos del Tesoro norteamericano. Entre otras cosas y las crisis se prolongaron en otras partes del mundo.
Gaggini, patricia www.gestioplolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/glbzcn.html
crisis Argentina
La primer crisis que afecta a la buena performance que estaba mostrando la economía Argentina se produce por la devaluación del peso mexicano, el 20 de Diciembre de 1994. Esta, se traslada a los países del cono sur -especialmente la Argentina- por el alto grado de incertidumbre que genera en los mercados, dejando en evidencia la fragilidad de sus sistemas financieros
Crisis asiática
La segunda crisis se produce en Asia y su inicio se ubica con la decisión de Tailandia de dejar flotar el tipo de cambio, y el inmediato “efecto contagio” que pone en tela de juicio la viabilidad de los regímenes cambiarios de los países vecinos. Las subsiguientes presiones cambiarias en estos otros países de la región provocaron que la crisis se extienda a aquellas economías con posiciones externas vulnerables (déficit de cuenta corriente superiores al 3% del PBI), las cuales a su vez respondieron devaluando sus monedas (Filipinas, Malasia, Indonesia). A medida que la crisis del sudeste asiático se profundizaba -en un contexto donde la competitividad de las exportaciones juega un papel clave- se puso en tela de juicio la solidez de los sistemas financieros de la región (Singapur, Taiwán, Hong Kong y Corea).

La crisis comenzó a expandirse fuertemente el 17 de Octubre de 1997 cuando Taiwán deja de intervenir en el mercado cambiario y su moneda se deprecia. El 23 de ese mismo mes, se produce la caída de la bolsa de Hong Kong y 4 días más tarde (el 27 de Octubre) el índice Dow Jones cae un 7%, generando una ola de pánico en el resto del mundo. Todo esto fue seguido de un crash bancario en Japón (producto del cierre de dos importantes instituciones financieras el 17 y 24 de Noviembre) y de la devaluación de Corea en los primeros días de Diciembre

Crisis de Rusia

Si en un primer momento, los organismos internacionales y los principales analistas privados tendieron a interpretar la crisis originada en el Este de Asia como una turbulencia pasajera y derivada de las burbujas existentes en los sectores bursátil, financiero e inmobiliario, existe hoy cierto consenso que los problemas actuales son mucho más profundos y preocupantes que los generados tres años atrás en ocasión del “efecto Tequila”. Del mismo modo, si los efectos reales de la crisis asiática se habían limitado en un primer momento a la región, a partir del default de Rusia y de la gran devaluación de su moneda el 17 de Agosto de 1998, las economías en desarrollo han comenzado a sentir los efectos adversos de los shocks internacionales, pasando a ser el centro de atención de los analistas internacionales, En la Argentina, el primer impacto se sintió en el Mercado de Valores y en el spread de los títulos públicos. En Agosto, la bolsa cayó casi un 40% respecto al mes de Julio; y el EMBI más que se duplicó en 10 días
Crisis de Brasil
Como mencionamos anteriormente, el default ruso puso a las debilidades de la economía brasileña en el centro de la atención internacional. Si hasta ese entonces el “viejo” problema del déficit de la cuenta corriente de este país parecía poder resolverse con el tiempo y sin traumas mayores (sin depreciar el real más allá de la pauta anual prefijada), el enrarecimiento del clima reinante en los mercado financieros internacionales contribuyó a potenciar las dificultades fiscales de esta economía
De este modo y en un clima de fuerte desconfianza y fragilidad, la incesante pérdida de reservas de Brasil se tradujo en un fuerte incremento en las tasa de interés de dicho país, lo que potenció aún más las dificultades fiscales, generándose de este modo una espiral de fuga de divisas - suba de tasas - mayor déficit fiscal, que no pudo ser revertida rápidamente pese a la implementación del paquete fiscal acordado con el FMI durante el mes de Noviembre. Por otra parte, las incipientes tendencias recesivas que la economía brasileña venía evidenciando desde fines de 1997 se vieron confirmadas y profundizadas durante el transcurso del segundo semestre de 1998. enfrento otros acontecimientos económicos a los que el mundo se enfrento en los años 90’s

http://html.rincondelvago.com/crisis-economicas-internacionales-en-argentina-desde-1995.html

RECOPILADO POR: FAVIOLA SIFUENTES P-12

Domingo 2 de julio
RESPONSABILIZAN A POLICIAS

-Detienen a 10 agentes policíacos acusados de asesinar a los 17 campesinos.
-Según los campesinos llevaban armas.
-Incendian el palacio municipal de Coyuca.
-14 personas mas resultaron heridas en la masacre.
-Cuauhtemoc Cárdenas exigió a EZ legalice la desaparición de poderes y juicios penal y político contra Figueroa responsabilizándolo del acribillamiento.

Lunes 3 de julio
CONDICIONAN INDEMNIZACIÓN

-El gobernador Rubén Figueroa exige a familiares que no denuncien los hechos.
-Indemnización de 60 mil pesos a familiares.
-Más de 40 huérfanos, la mayor parte menores de edad.
-El PRD denuncia la desaparición de 25 personas.

Martes 4 de julio
NIEGAN DESAPARECER PODERES EN GUERRERO

-No pueden descalificar el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer.
-Formal prisión al “güero” Palma.

Miércoles 5 de julio
DICTAN FORMAL PRISION A POLICIAS EN GUERRERO

-El juez 3ro. De lo penal Adolfo Varnester Roque, dicto el acto de formal prisión a 10 policías responsables.

Jueves 6 de julio
SEÑALAN QUE PROTEGEN A POLICIAS EN GUERRERO

-Más de 20 participaron en la matanza
-Paola Miranda viuda de Francisco Rogel (campesino)
-En la camioneta viajaban más de 40 campesinos
-Su esposo presentaba tiro de gracia
-No presentaba cicatrices como prueba de autopsia
-Figueroa le prometió vivienda a cada familia dañada

Viernes 7 de julio
ACRIBILLAN A DOS FAMILIAS

-segunda masacre en una semana.
-que en el municipio de Ajuchitan.
-Aseguran que fue ajuste de cuentas.
-Salgado y Quintero era el nombre de las familias.
-Hilario García joven de 14 años único sobreviviente.
-Logran libertad bajo fianza los 10 policías.
-En el 92. 24 personas asesinadas en Tlacotepec por policía motorizada.
-Desde1960 han muerto campesinos, estudiantes, maestros y padres de familia.
-Querían exhumar los cuerpos para ver si tenían el tiro de gracia y si utilizaron armas de fuego.
-La situación era delicada en la entidad porque en 8 meses se han registrado 100 muertes según CNDH por Jorge Madrazo Cuellar

Sábado 8 de julio
PRESENTA PRD DEMANDA CONTA FIGUEROA

-Samuel del Villar secretario presenta demanda por genocidio contra Rubén Figueroa.

Domingo 9 de julio
EMBOSCAN A POLICIAS EN GUERRERO

-A las 16:30 horas en Kalmonapa matan a 5 policías con AK-47 y tres mas resultaron heridos.
-Tres de los 6 pistoleros de la matanza a las 2 familias estaban vestidos de judiciales según Hilario García.
-20 hombres fuertemente armados dirigidos supuestamente por Merced --
-Salgado Najera alcalde de Cualac a quien se relaciona con narcotráfico.
-El 9 de julio del 94 fueron emboscados 25 judiciales 2 muertos y tres heridos en la antena Olinala

1989 al 1995
asesinan a 222 personas en los últimos 6 años.
115 corresponden al régimen de Rubén Alcocer Figueroa después de 2 años de Gobernatura.

fuentes:
toda la información la encontrara en los periódicos el imparcial de hermosillo
del año de 1995.

§ La Jornada 28 de febrero de 1996
Mixtecos de Guerrero crean un municipio en rebeldía
Rosa Rojas, enviada /I Rancho Viejo, Tlacoachistlahuaca, Gro. ¤ La montaña se mueve. Indígenas mixtecos de 24 de las comunidades más pobres del estado y del país pretenden que el gobierno estatal les reconozca el ``municipio indígena en rebeldía''w creado por ellos y al que han nombrado Rancho Nuevo de la Democracia.
El camino a esta quimera está pavimentado con los cadáveres de diez de sus compañeros, nueve de ellos asesinados después de que, el 23 de mayo de 1995, iniciaran un plantón en la cabecera municipal en demanda de elecciones democráticas de comisariados, un programa de desarrollo regional y auditoría al presidente municipal de Tlacoachistlahuaca, Armando Ramos Brito. Después pidieron la destitución de éste. Nada obtuvieron en casi siete meses de movimiento.

Otro indígena, Miguel Vázquez, había sido asesinado el 4 de abril, en La Trinidad, antes de que se instalara el plantón, luego de que se recrudecieran los conflictos entre militantes del PRI y del PRD, después de que en enero del año pasado las comunidades realizaran una marcha a la capital del estado para exponer sus demandas.
El 16 de diciembre, acosados por los mestizos de la cabecera municipal que amenazaban con desalojarlos, retiraron su plantón del palacio municipal, al que incendiaron parcialmente, y decidieron iniciarlo aquí, el día 17, en la comisaría municipal, pero ahora también exigiendo el reconocimiento de su municipio indígena con cabecera en este lugar.
Ya en Metlatónoc y otros municipios guerrerenses, se está demandando también la creación de nuevos municipios indígenas.
El plantón lo instalaron en esta población unos 300 indígenas. Ahora una veintena de mixtecos, prácticamente monolingües, montan guardia permanentemente y se van rotando, día y noche, provenientes de las comunidades participantes en este movimiento, a la espera de una respuesta positiva de las autoridades estatales.
A sus demandas originales agregaron la exigencia de justicia para sus compañeros asesinados y castigo a los autores materiales e intelectuales de los crímenes. Entre estos últimos mencionan especialmente a Ramos Brito, quien, dicen, ``entregó armas a los comisarios priístas de Las Minas, Huehuetónoc, Santa Cruz Yucucani y La Trinidad, para que nos asesinen porque no valemos nada''.
El Ejército patrulla la región ``con el pretexto de combatir las drogas pero en realidad para intimidarnos'', afirmaron.
Los últimos días de diciembre, tropas federales subieron a La Montaña y establecieron un retén en Las Minas, debido a que se corrió el rumor de que los indígenas, que militan en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y en el Consejo Guerrerense 500 años de Resistencia Indígena, ``regresarían a tomar el poblado'' entre el 31 de diciembre y el 1o. de enero (La Jornada, dic.29, 1995).
El 22 de febrero, informaron los indígenas, ``los federales'' volvieron a subir. ``Iban dos carros grandes y una camioneta; se dividieron. Unos se fueron a Arroyo Prieto, municipio de Metlatónoc y otros para Jicayán. Al otro día bajaron los carros vacíos, algunos (militares) se quedaron cerca de aquí, en Piedra Pesada. Dicen que están buscando la yerba pero en los hechos es para intimidar a la gente porque dicen que son guerrilleros'', indicaron.
Para llegar a este lugar se viajan tres horas desde Acapulco hasta Ometepec. De ahí una hora a Tlacoachistlahuaca -en un jeep o un vehículo alto, porque la brecha está en malas condiciones, aunque recientemente la ha ido rastreando el Ejército- y de la cabecera municipal se hacen tres horas hasta Rancho Viejo, cruzando en el camino 23 arroyos y dos ríos, que cortan la polvosa brecha con sus aguas cristalinas.
Si no se tiene vehículo ni dinero para el pasaje de las camionetas que eventualmente llegan a Rancho Viejo, se hacen unas 12 horas a pie desde la cabecera municipal. En el camino nos cruzamos con varios indígenas que a lomo de mula llevaban cartones de cerveza. El alcoholismo es un problema grave en la región. En una de las paradas que hicimos para colocar piedras en el vado de un arroyo, una anciana se acercó para pedirnos maíz en mixteco. El hambre es otro problema grave, las cosechas se perdieron el año pasado.
En el local de la comisaría, a un costado del consultorio rural de la Secretaría de Salud, una manta anuncia con letras temblonas: ``Presidencia municipal Constl. de Rancho Nuevo de la Democracia, Gro. Municipio de los indígenas. Alto al exterminio de los grupos étnicos en México. Nuevo municipio de Rancho Nuevo''.
A la vuelta, inservible, la caseta de telefonía rural. Mudas están también las casetas de Santa Cruz Yucucani y de El Coyul, esta última comunidad del municipio de Metlatónoc.
El pasado 16 de enero tuvieron una plática en Chilpancingo con el director de Gobernación estatal, Rey Hilario Serrano, ``pero él sólo dice que haya conciliación y no hay nada de justicia ni de desarrollo. Nosotros vemos que sólo nos está engañando y la necesidad es mucha; no vamos a estar aquí toda la vida'', señaló Lauro García Vázquez, uno de los dirigentes del movimiento cuya vida está amenazada.
De los diez asesinatos, añadió García Vázquez, ``el secretario del subprocurador dijo que ya están consignados (los responsables de algunos) pero queremos saber cuándo, no nos dieron número de los expedientes, dijeron que los dan el 1o. de marzo. Ellos dicen que nosotros comprometiéramos que yo investigara quiénes son los asesinos. Yo digo que yo no soy gobierno. Ellos dicen que no puede avanzar la investigación porque ellos no conocen el pueblo''.
Se requiere también urgentemente, informó, un programa alimentario para la región, que va de la Costa Chica a La Montaña, ya que el maíz no se dio el año pasado ``le cayó un gusanito que se comió la milpa'', además de que por estar participando en el plantón, muchos indígenas desatendieron sus cultivos.
Si no hay respuesta positiva el 1o. de marzo, fecha en que tienen otra reunión con funcionarios en Chilpancingo, ``vamos a tomar otras medidas''.
Los crímenes
El recuento macabro hecho por la corresponsal de este diario en Acapulco, Maribel Gutiérrez, fue ratificado por los indígenas en el plantón:
Además de Miguel Vázquez, de La Trinidad, fueron asesinados el 10 de junio de 1995 en Barrio Nuevo San José, Alejandro Tenorio Perfecto y Rufino Perfecto González, de 18 y 20 años de edad. Ellos ``habían sido amenazados de muerte por priístas del grupo del alcalde'', y fueron emboscados en el camino a Putla, Oaxaca, donde los cuerpos fueron encontrados con el tiro de gracia en la cabeza y disparos de escopeta en el cuerpo. Sin que se iniciara alguna investigación, el gobierno del estado difundió que ``murieron en un altercado personal que dirimieron a balazos''.
También en Barrio Nuevo San José, el 17 de agosto fue asesinado Juan Tello García, de 50 años. Estuvo en el plantón cuando se constituyó el Concejo Municipal en Rebeldía, y se retiró unos días para atender su trabajo en el campo. Su cuerpo fue encontrado con tres disparos de escopeta calibre 16, que recibió cuando se encontraba fertilizando su siembra de maíz.
El 13 de septiembre, en la misma comunidad, fue asesinado Francisco Albino Téllez, de 38 años, emboscado cerca de su pueblo en un paraje denominado La Ciénega, donde se recogieron casquillos calibre 22.
En el plantón, el campesino Miguel Flores Rosales informó que por estar amenazado de muerte no ha podido regresar a su poblado, La Trinidad. Allá fue asesinado el 18 de junio su hijo, Rey Flores Hernández, de 20 años, ``por participar en la lucha. El comisario del PRI, Francisco Mendoza Hernández y el comandante Martín Vargas Miranda, dicen a su gente que maten a los del plantón, porque no valen nada''.
Flores Rosales y otros participantes en el plantón, se quejaron de que ``los priístas de La Trinidad ponen retenes para no dejarnos regresar a la comunidad a los que venimos al plantón''.
El 28 de junio en La Soledad, municipio de Xochistlahuaca, fue asesinado el perredista Alfredo Morales Vázquez, que a su vez ese día había matado al priísta Toribio Mendoza, que lo amenazó de muerte. El comisario del PRI, Isidro Santiago López, ``dio órdenes de dejar todo el día tirado en una calle del pueblo el cuerpo del perredista, 'como escarmiento por ser del PRD', y puso a varios hombres armados a vigilarlo para que no se acercaran sus familiares a recogerlo''.
En Yoloxóchitl fue asesinado el 4 de octubre José Porfirio Bautista, de 90 años. ``El venía al plantón y fue a la marcha a la ciudad de México, con el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena. Por eso lo mataron los del PRI, con una pistola .22'', informó el comisario Emiliano Angel Ventura.
José Ortiz Téllez, fue asesinado el 27 de octubre. ``Los priístas se enojaron porque estaba en la lucha y por eso lo mataron'', informó el comisario perredista de Barrio Nuevo San José, José Sixto Sánchez.
La madrugada del domingo 11 de febrero de 1996, fue asesinado el perredista Francisco Andrés López, de 72 años, en la comunidad de El Coyul, municipio de Metlatónoc, presuntamente por el priísta Isidro Balderas Felipe, quien habría recibido órdenes y armas del alcalde de Metlatónoc, Enrique Rojas Candia.

§ La jornada 28 de febrero de 1996

Carlos Monsiváis
El video de Aguas Blancas
El domingo 25 de febrero, Detrás de la Noticia, programa del canal 2 conducido por Ricardo Rocha, presentó un video que amplía drásticamente la información sobre la matanza de Aguas Blancas, en Coyuca de Benítez, Guerrero, el 28 de junio de 1995, obliga a un debate político de urgencia, y conduce a reflexionar sobre los grandes usos de la televisión. Los millones que vieron el documento, y los millones que desde entonces han oído hablar de él, saben ya el significado de Aguas Blancas, con la vehemencia de una certidumbre histórica. Al respecto, algunas notas.
``¡Corten, corten ya!''
La matanza de diecisiete campesinos por las ``fuerzas del orden'', en especial judiciales del estado, fue inmisericorde y deliberada. No hubo, como arguyeron al principio el gobierno de Rubén Figueroa y la inconcebible representación priísta de Guerrero en el Congreso de la Unión, ni provocación ni enfrentamiento. Es incontrovertible el testimonio de las imágenes (que el fiscal especial Varela llamará ``versión alterada del operativo''), se detiene a un primer camión para acumular testigos que difundan las glorias del escarmiento, y luego, con la sangre fría que en algo evoca las hazañas del Güero Margarito en Los de abajo, o el final de La sombra del caudillo, o los linchadores cristeros de ``Dios en la tierra'' de José Revueltas, el grupo se dispone al crimen. Lo que sigue es terrible; llega el segundo camión de carga con su aluvión de campesinos, que acuden desarmados a un mitin de protesta; se le detiene y, sin más advertencia y con la orden de cortar cartucho, actúa el frenesí homicida. Ráfagas, cuerpos inmovilizados para siempre, campesinos en tierra a punta de gritos y golpes, ayes de moribundos, ires y venires de los policías, rostros implorantes, sangre a raudales, quejas, silencio de inocentes y gritería de víctimas, y la desdramatización continua, la mudez forzada de cautivos y heridos. La versión del fiscal especial Alejandro Varela Vidales, que disfruta ahora de sus quince minutos de fama ignominiosa, es perfecta:
``... El retén de revisión no fue el adecuado, así como incorrecta para ese fin la formación de los policías, por lo que se observa una desorganización y que la forma de efectuar el fuego se hizo por simpatía, es decir, que se realizó por inclinación a hacer lo que otros hacen'' (La Jornada, 27 de febrero). Bella forma de simpatía: lo que mata la mano, mata la tras.
La elocuencia de las imágenes conduce a la toma de partido. Rocha anunció que se abstendría de los adjetivos, y al hacerlo preparó el clima adjetival del espectador -es mi caso y estoy seguro que el de todos- que a lo largo de los dieciséis minutos del video repitió sin cesar: ``Esto es la barbarie. Esto es inaudito. ¿Cómo pudo darse tal monstruosidad?'', y frases similares. Si en algún momento se ha creado una opinión pública específica, fue al proyectarse este video. El 2 de octubre de 1968, el noticiero Excélsior transmitió a las once de la noche imágenes del tercer piso del edificio Chihuahua, con los participantes en el mitin tirados en el suelo, pero nada más. No heridos y muertos, sino el grupo que rodeaba a los oradores. Y no hay testimonio de otras matanzas, por ejemplo las de Chilpancingo en los sesenta. Pero el material de ahora es inobjetable, sobre todo si se le coteja con los minutos de este video difundidos y tristemente manipulados por el gobierno de Guerrero en julio de 1995, con el objeto de probar el enfrentamiento, colocándole por si hiciera falta armas a las víctimas. (Maniobra desmontada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos). Ya sólo el uso tan burdo de las imágenes del crimen masivo, es suficiente para descalificar a fondo al gobierno de Figueroa, que ni siquiera alcanza el cinismo. Así, los dieciséis minutos del video se convierten en un hecho político de tal intensidad, que el espectador se transforma en ciudadano instantáneo, algo similar a lo que pasó al transmitirse el video de la golpiza policiaca a Rodney King, en Los Angeles. Al término del documento, Ricardo Rocha hizo diversas preguntas sobre la violencia y su ``naturalidad''. Pero ni siquiera la pertinencia de estas preguntas añadió demasiado a las reflexiones del espectador, estremecido -no hay palabra más apta- por lo irrefutable del testimonio. De golpe, hubo un acuerdo de millones de personas: ya que lo que vemos no debe ocurrir de nuevo, lo que vemos exige consecuencias legales, revisión del proceso y nuevo enjuiciamiento de los responsables.
Del crimen como impericia e impreparación
La celeridad no siempre es patrimonio de la agudeza. A los dos días del programa de Rocha, y en respuesta obvia, el fiscal especial Oscar Alejandro Varela Vidales, con la solemnidad debida, exonera al gobernador Rubén Figueroa; al secretario general de Gobierno, Rubén Robles Catalán; al ex procurador de Justicia estatal, Antonio Alcocer, y al ex director de la Policía Judicial del estado, Gustavo Olea Godoy (le faltó exonerar a Picaluga por la traición a Vicente Guerrero, le hubiese dado un toque histórico a su proeza). La justificación tiene su dosis de lirismo: ``El lamentable suceso en el que murieron diecisiete campesinos guerrerenses tuvo su origen en varios factores, pero fundamentalmente en la impericia e impreparación de los policías que efectuaron el operativo''. Fallas técnicas como quien dice, que se remedian, uno supone, con castigos administrativos. Sólo un responsable, y muy menor, el ex subsecretario de Protección y Vialidad, Rosendo Armijo de los Santos, ya detenido, que al no presentarse en el lugar de los hechos de manera oportuna, ``no acató las órdenes del mandatario estatal en el sentido de diálogo con los campesinos de la zona''. Esculapio le falló a Platón.
Todo perfecto. Varela Vidales prepara las aguas lustrales, la espuma justificadora de donde renacen Figueroa y su nívea corte. Y mientras tanto, se ahonda el abismo entre lo que se reclama en justicia y lo que los profesionales de ``Justicia'' deciden la distancia entre la racionalidad política y la impunidad. ¿Para qué más chivos expiatorios y culpables de telón de fondo, cuando se exige responsabilidades jurídicas al nivel que en verdad corresponda? Los ciudadanos instantáneos, con el expediente de las imágenes en su poder, saben y deben estar muy al tanto de que la impunidad, al consumarse, trasladará el peso del delito a quienes lo han padecido; que la impunidad de unos cuantos es la penalización psíquica y política de la sociedad que, si no responde críticamente, asume sin remedio la farsa de las exculpaciones.

§ La Jornada 28 de febrero de 1996
En Acapulco, plantón de viudas y deudos de la víctimas
Maribel Gutiérrez, corresponsal, y Rosa Icela Rodríguez ¤ Viudas y familiares de los 17 campesinos asesinados en el vado de Aguas Blancas y miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) realizaron un plantón en Acapulco, para protestar contra las conclusiones del fiscal especial, Alejandro Varela Vidales, quien exoneró ``al principal responsable de la matanza: el gobernador Rubén Figueroa Alcocer''.
Criticaron que Varela Vidales haya cerrado el caso sin tomar declaración a decenas de testigos, y lo acusaron de haber realizado una investigación ``parcial y tendenciosa''.
También protestaron por la exoneración de los principales funcionarios del gobierno de Figueroa, como el ex secretario general del Gobierno, Rubén Robles Catalán -``que ahora busca ser presidente municipal de Acapulco, a pesar de que está involucrado en la matanza de Aguas Blancas'', dijo la dirigente de la OCSS, Rocío Mesino-, el ex procurador Antonio Alcocer y el ex director de la Policía Judicial, Gustavo Olea Godoy.
Las viudas y los campesinos, en su mayoría mujeres, procedentes de comunidades de Coyuca de Benítez y de Atoyac, solicitaron una audiencia con el fiscal y esperaron más de cuatro horas en el edificio donde se localizan las instalaciones de la fiscalía. Varela Vidales no llegó, y el grupo de unas 60 personas se retiró después de dejar en las paredes y en la puerta del inmueble pintas como: ``Varela Vidales, mentiste al pueblo'', ``Fiscal cómplice del asesino Rubén Figueroa'', ``28 de junio jamás se olvida'', ``Varela Vidales y Rubén Figueroa, a juicio''.
Rocío Mesino expuso que las conclusiones de Varela Vidales ``demuestran lo que siempre dijimos: que el fiscal estaba al servicio de Figueroa, y no de la justicia''. Demandó que no se cierre la investigación, y que las instancias federales como la Procuraduría General de la República y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con participación de los organismos no gubernamentales de derechos humanos, se encarguen de realizar una investigación objetiva, imparcial y que llegue a los autores intelectuales de la matanza.
Denunció que Varela Vidales ``se negó a tomar declaraciones de testigos que el 28 de junio vieron a dos desconocidos que se subieron a los vehículos en que viajaba el contingente de la OCSS, y que podrían haber provocado la balacera''.
Sobrevivientes que participaron hoy en el plantón insisten en que lo que ocurrió el 28 de junio, fue ``una emboscada'' planeada contra la OCSS, y rechazan la versión del fiscal de que el primer disparo se dio sin motivo aparente, y que los policías no recibieron órdenes de disparar.
Régulo Reséndiz, uno de los sobrevivientes, dijo que el 28 de junio viajaba desde Atoyaquillo en la camioneta de pasajeros que fue baleada en el vadito, a tres kilómetros de Aguas Blancas. Informa que el fiscal nunca lo citó a declarar, y cuando los representantes legales de las viudas presentaron una lista de testigos que no habían comparecido ante la fiscalía, Varela Vidales se comprometió a fijar fechas para tomar esas declaraciones, pero nunca lo hizo, a pesar de la insistencia de los testigos.
José Jaimes Requena, es otro testigo que fue ofrecido por el secretario de Asuntos Jurídicos del PRD, Samuel del Villar, a quien el fiscal se negó a tomarle declaración.

§ La Jornada 27 de febrero de 1996
RETIRA FIGUEROA A LA JUDICIAL DE ATOYAC
José Gil Olmos, enviado, y Maribel Gutiérrez, corresponsal, El Paraíso, sierra de Atoyac, Gro., 26 de febrero ¤ En medio de fuertes medidas de seguridad y la inconformidad de los habitantes de El Paraíso, el gobernador Rubén Figueroa Alcocer empeñó su palabra en resolver el problema suscitado por el asesinato de nueve habitantes de esta región a manos de la Policía Judicial estatal, luego de que los familiares volvieron a advertir: ``Si no hay justicia la tomaremos por nuestras propias manos''.
También anunció que se retirará a los judiciales estatales de esta población, se insistirá a la Secretaría de la Defensa Nacional para que se reinstale un batallón en Atoyac, se promoverá una investigación detallada y rápida a todos los involucrados en los asesinatos de la semana pasada y se elaborará un programa de seguridad para este municipio, el más violento del estado.

Con el rostro tenso, Figueroa Alcocer escuchó a los habitantes de esta región, donde Lucio Cabañas formó la guerrilla a partir del 18 de mayo de 1967, luego de que judiciales estatales reprimieron una marcha magisterial en la cabecera municipal. Su entrecejo se frunció más de lo acostumbrado y sus labios se apretaron cuando escuchó a Juana Alquiciras, madre de Benigno Figueroa Alquiciras, muerto de un balazo en la cabeza por la Policía Judicial Estatal: ''¿Por qué ha mandado a su policía a matar a mi hijo, por qué hicieron eso?``Frente al gobernador se abrían las montañas donde agentes judiciales con chalecos blindados, metralletas y rifles reforzaban la seguridad detrás de la arbolada desde un día antes. Abajo, en la explanada del ex Instituto Nacional del Café, Rubén Figueroa tensaba nuevamente la cara cuando aparecieron más campesinos de la cabecera municipal con pancartas en las que exigían justicia, la salida de la Judicial Estatal y que no se repita la matanza de Aguas Blancas.
La dirigencia estatal del PRI había convencido a los familiares no realizar manifestaciones de ese tipo y fracasó en su intento de que la reunión se efectuara en privado. Por eso Figueroa llegó media hora antes, pero los campesinos ya lo esperaban en la cancha de futbol donde bajó su helicóptero.
Flanqueado por las familias de los nueve cafeticultores asesinados por la judicial estatal el domingo 18 de febrero, Rubén Figueroa y parte de su equipo de seguridad escucharon los reclamos de que se limpie el nombre de los suyos, calificados de ``delincuentes, secuestradores, asesinos y narcotraficantes'' por el gobierno estatal.
Los integrantes de la familia Rojas, a la que pertenecían cinco de los nueve asesinados, dijeron en tono retador al mandatrio que el procurador Jesús Salas Moreno y Erit Montúfar, director de la Policía Judicial Estatal, deberían presentar las pruebas de que los habitantes de El Paraíso son ``delincuentes''.
``Nosotros no hemos matado a nadie, por eso hacemos estas declaraciones donde sea; no tenemos miedo de nada porque sabemos que no debemos nada'', dijo Abel Rojas Osorio, hermano de José, Agapito e Isaías, muertos a balazos.
Pidió además que se actúe contra dos grupos de judiciales y de la Policía Federal de Caminos que, dijo, estuvieron en el lugar de los hechos cuando acribillaron al segundo grupo de cinco cafeticultores en la carretera Acapulco-Zihuatanejo.
Figueroa Alcocer trataba de mantener su atención en los oradores, pero sus ojos se posaban más tiempo en las hojas que traía preparadas, depositadas en una mesa adornada con paño verde como si fuera un acto oficial, y se acomodaba constantemente el borde de su guayabera.
Julita García Avila, de 17 años, viuda de Héctor Aguilar a quien le dispararon a quemarropa detrás de la oreja izquierda, según datos del forense de Acapulco, Carlos Estrada Guerrero, insistió en el retiro de los judiciales estatales y en la devolución de las pertenencias de sus esposos, recogidas por los mismos policías.
Por su parte, Josefina Martínez, esposa de Isaías Rojas, cuestionó a Figueroa por qué no se aprehendió a las víctimas si las autoridades ya tenían antecedentes de que habían actuado fuera de la ley. ``Del arbol caído quieren hacer leña y eso no se vale'', aseveró.
Los reclamos continuaron en el mismo tono hasta que llegó la madre de Benigno Figueroa, quien miró fijamente al gobernador y luego de un ``buenos días'' le soltó su queja: ``Señor gobernador, ¿por qué usted ha mandado su policía del estado a mandar a mi hijo? ¿Por qué hicieron eso? Mi hijo no tenía por qué haber muerto; él era amable con la gente. Usted mandó su policía y yo pido que haga justicia en contra de los que hicieron estos asesinatos''.
Las pancartas de los habitantes del Ticuí y la cabecera municipal, que decían: ``No más Aguas Blancas, señor gobernador''; ``ley más severa para los asesinos y los secuetradores''; ``alto a la violencia''; ``Atoyac quiere vivir en paz'' y ``alto a secuestros, asesinatos y matanzas'' molestaron al gobernador.
Wilebaldo Rojas, síndico procurador de Justicia del ayuntamiento perredista, tomó la palabra y el gobernador Figueroa desvió su mirada a otro punto.
Para el gobernador, el funcionario de Atoyac es un ``sedicioso'' y sus palabras le molestaban: ``El gobierno federal, como siempre, se ha quedado con las pretensiones falsas, los compromisos y las promesas no cumplidas; se dijo que iba a dar bienestar para nuestras familias y seguramente el bienestar es llevar nuestros muertos a la sepultura. Eso no lo queremos. Queremos vivir en paz''.
En respuesta, Figueroa dijo que se apoyará a los 21 huerfanos y las ocho viudas, que apoyaría la investigacion ``hasta sus últimas consecuencias'', y anunció que al comandante Leopoldo Benítez Pérez y al agente Leonel Rosales Garduño ya se les había dictado auto de formal prisión, aun cuando en el juzgado no se realizaban actividades este lunes por la mañana.
Habló de ``otra relación'' de hechos que no era conveniente mencionar en público, pero dijo que los daría a conocer a los familiares cuando lo visitaran en Chilpancingo.
``En el corto plazo aclararemos este problema. En el caso de Aguas Blancas, lamentable también, se tienen detenidas a 40 personas. Estos hechos quedarán plenamente aclarados a satisfacción de todos y se identificará a quienes intervinieron, sean quienes fueren'', aseguró Figueroa.
Además aceptó la propuesta de los familiares para nombrar a dos investigadores que coadyuven con el Ministerio Público y quedó en regresar en una semana para dar un informe de los avances de las investigaciones. ``Para eso vine, para que no duden de mi palabra; cuando la empeño cumplo siempre, lo hago a cabalidad y más en casos como éste, donde se dan casos tan lamentables para nosotros'', afirmó ante los de El Paraíso.
Sin embargo, su actitud cambió radicalmente en la reunión privada con los familiares en el almacén de café. Preguntó quién había llevado las pancartas, si el acuerdo era no mostrar la inconformidad así.
``Pero esto se acabó'', se alcanzó a escuchar a Figueroa momentos antes de que tomara el helicóptero y se alejara de El Paraíso con el ceño fruncido y sin admitir preguntas extras.
Se entrevistó Figueroa con Chuayffet en Gobernación
Por la noche, en la ciudad de México, Figueroa Alcocer visitó al secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor. La entrevista se realizó un día después de que Televisa exhibió el video completo de la matanza de Aguas Blancas y de que el periodista Ricardo Rocha hizo preguntas relativas a las causas de sucesos como ése. El gobernador llegó a Gobernación en un Grand Marquis y salió por uno de los conductos internos del edifico para evadir a los reporteros que lo aguardaban.
§ La Jornada 27 de febrero de 1996
El caso Aguas Blancas, ``virtualmente cerrado'' cuando faltan cientos de testimonios, acusa la UOSS Pide fincar responsabilidades al fiscal especial
Maribel Gutiérrez, corresponsal, y José Gil Olmos, enviado, Acapulco, Gro., 26 de febrero ¤ La Fiscalía Especial que investiga la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas prácticamente dio por cerrado el caso, sin tomar declaraciones a decenas de sobrevivientes y campesinos testigos de los hechos, denunció la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur (UOSS).
Anunció que demandará que se finque responsabilidad penal contra el fiscal, Alejandro Varela Vidales, ``por su investigación parcial y tendenciosa''.
En cículos oficiales y en la propia Fiscalía sorprendió la difusión por televisión de la versión completa del video con las escenas de la matanza del 28 de junio, que es distinta a la que distribuyó el gobierno del estado, misma que utilizó la Fiscalía en sus trabajos.
La versión transmitida el domingo en la noche en el programa Detrás de la Noticia, por el Canal 2 de Televisa, muestra que los policías ordenaron al conductor de la camioneta en que viajaban los campesinos que se detuviera, y se escucha una voz que ordena: ``Corten... corten! Ya!''. Después se oyen disparos.
Este dato podría refutar las afirmaciones que ha hecho la Fiscalía Especial sobre el motivo de la balacera que desataron los policías motorizados del estado contra un contingente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) procedente de la sierra de Coyuca de Benítez, que se dirigía a una manifestación pública en Atoyac de Alvarez.
El fiscal especial Varela Vidales no ha dado a conocer datos que se refieran a alguna orden de ``cortar cartucho''. A los funcionarios procesados por homicidio, incluido el director operativo de la Motorizada, Manuel Moreno González, que iba al frente de los policías, se les finca el cargo por no haber impedido los hechos, pero no por haber dado la orden de disparar.
Según las conclusiones de la Fiscalía, contenidas en el último pliego de consignación que envió al juzgado tercero penal, los primeros disparos se dieron ``sin motivo aparente'' y el tiroteo que siguió se dio ``por simpatía, es decir, por la inclinación a hacer lo que otros hacen''.
Por otra parte, en la recomendación 104/96 sobre la matanza de Aguas Blancas que envió la Comisión Nacional de Derechos Humanos al gobernador Rubén Figueroa Alcocer, se plantea en el apartado de conclusiones que la copia del videocasete entregado como evidencia por el gobierno del estado ``está seguramente manipulado y muy probablemente editado''.
Hasta el momento la Fiscalía no ha hecho pública alguna conclusión referente a la edición y manipulación del video, que grabó en el lugar de los hechos el ex delegado de Gobernación estatal, Gustavo Martínez Galeana, actualmente en prisión, y que fue reproducido en las instalaciones del organismo gubernamental Radio y Televisión de Guerrero (RTG).
En conferencia de prensa, el coordinador de la UOSS, Ranferi Hernández Acevedo, informó que el pasado 23 de febrero los representantes de los deudos insistieron ante el fiscal Varela Vidales en la petición de que se llame a declarar a diez sobrevivientes de la matanza del 28 de junio que viajaban en la camioneta baleada, además de los testigos que viajaban en otro vehículo y que fueron detenidos por la policía antes de la balacera. También se ha solicitado a la Fiscalía que amplíen sus testimonios los sobrevivientes que ya declararon.
Según la dirigente de la OCSS, Rocío Mesino, el fiscal se negó a tomar esos testimonios e informó a los representantes de las viudas que él ya se descargó del caso, que ya no sabe del asunto, y que los testigos que no han declarado deben dirigirse al juez tercero penal, Adolfo Van Meeter, que lleva la causa.
``Está claro que el fiscal pretende cerrar el caso en los próximos días sin haber agotado la investigación'', dijo Hernández Acevedo.
Anunció que pedirán el apoyo de organismos no gubernamentales nacionales e internacionales, para demandar ``que se finque responsabilidad penal al fiscal'' Varela Vidales.
Dijo que el fiscal exoneró a Rubén Figueroa, sin dar a conocer en qué se fundamenta cuando afirma en el pliego de consignación que el gobernador ordenó una operación ``dentro del marco de la legalidad'' para detener al contingente de la OCSS que se dirigía a una manifestación.
El pliego que el fiscal Varela Vidales entregó al juzgado tercero penal dice entre sus conclusiones: ``De las declaraciones de las personas que viajaban en los vehículos se desprende que el motivo que desencadenó la balacera fue el primer disparo de arma de fuego que se escucha en la parte posterior, y que fue hecho sin motivo aparente''.
Y más adelante: ``Los dictámenes periciales practicados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos resaltan el siguiente hecho, que se coteja con la videofilmación realizada en la que se aprecia que existen elementos de la Policía Motorizada que se encontraban tanto en la parte posterior y frontal derecha del vehículo ya mancionado, lo cual es una evidencia palpable y objetiva que en ese punto se realiza otro disparo de arma de fuego por un elemento de la Policía Motorizada, sin saberse hasta el momento la identificación plena del sujeto que realizó dicho disparo y que presumiblemente fue el causante de la privación de la vida de Efraín Vargas Sabayo, según declaración de Rodolfo Carranza Pastrana.
``Por otro lado, es de destacarse que en la parte posterior del vehículo se escuchó una primera detonación seguida de otras dos, resultando privado de la vida el que llevó el nombre de Amado Sánchez Gil.
``Por todo lo anterior se concluye que el operativo policiaco llevado a cabo el 28 de junio de 1995 resulta violatorio de lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, párrafo 5, el cual dispone que la actuación de las instituciones policiacas se regirá por los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
``En el presente caso, el operativo realizado fue ilegal, ya que durante el desarrollo del mismo la conducta de los servidores públicos del estado de Guerrero presumiblemente delictuosa fue ineficiente por la falta de coordinación adecuada de los responsables, de su programación, instrumentación y supervisión, por la impericia mostrada por los cuerpos de seguridad e incapacidad y falta de profesionalismo de los responsables para evitar los hechos.
``Lo anterior se corrobora con el dictamen emitido por José Zepeda Ramírez y Andrés López Hernández, primero y segundo subcomandante respectivamente de la Policía Judicial Federal, quienes determinan que el retén de revisión no fue el adecuado, así como incorrecta para ese fin la formación de los policías, por lo que se observa una desorganización y que la forma de efectuar el fuego se hizo por simpatía, es decir, que se realizó por inclinación a hacer lo que otros hacen''.
Agrega que ``con el adiestramiento adecuado se pudo evitar el hecho y con mayores posibilidades al colocar señales visibles de que existe un punto de revisión, además de que los mandos coordinen y organicen al personal, con la utilización del equipo adecuado y con la designación de los mandos que supervisen al personal o elementos que darán la seguridad''.
§ La Jornada 28 de febrero de 1996
La matanza, por ``impreparación'' de los policías, afirma el fiscal
Raúl García, corresponsal, Chilpancingo, Gro., 27 de febrero ¤ El fiscal especial del caso Aguas Blancas, Alejandro Oscar Varela Vidales, dio por terminada su investigación donde concluyó que ``no hay autoría intelectual'' y exoneró al gobernador Rubén Figueroa Alcocer de cualquier responsabilidad penal en la matanza del 28 de junio de 1995, realizada por policías del estado en contra de 17 campesinos.
Ante el Congreso estatal que aprobó su nombramiento, el fiscal Varela afirmó: ``Estoy jurídicamente convencido de que agoté todas las líneas de investigación'' y agregó que los hechos se debieron ``a la impreparación de los cuerpos policiacos''.
En forma sorpresiva, la Comisión Permanente del Congreso citó hoy mismo a una sesión extraordinaria, para que Varela Vidales rindiera su informe final de labores.
El jurista exoneró también a los ex titulares de la Secretaría General de Gobierno, Rubén Robles Catalán; de la Procuraduría General de Justicia, Antonio Alcocer Salazar, y de la Policía Judicial del estado, Gustavo Olea Godoy, quienes ``no tuvieron intervención ni responsabilidad penal''.
Personal de la Fiscalía Especial instaló en el recinto parlamentario mamparas con esquemas y fotografías, para explicar gráficamente el informe, y se contó con un monitor de televisión, en el que se proyectó el video difundido por Televisa el domingo pasado, en el programa Detrás de la Noticia.
Previamente, Varela Vidales había informado que el 24 de enero solicitó por escrito a Televisa, que ``nos remitiera el total del material de video que se relaciona con los lamentables hechos que investigamos, pero la petición no fue atendida; es más, ni siquiera se tomaron la molestia de contestar la solicitud oficial''.
Aunque admitió que no conocía el video que se difundió en el programa del periodista Ricardo Rocha, afirmó que aquel material fílmico ``no cambia en nada la investigación hecha por la fiscalía y redunda en lo ya sostenido por nosotros, de que los campesinos iban desarmados, que las armas les fueron sembradas y que los cuerpos fueron movidos en su posición''.
Al final del informe, ya cuando el fiscal salía de la sala de sesiones en compañía del coordinador del Congreso, César Flores Maldonado, el diputado perredista y coordinador de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur (UOSS), Ranferi Hernández Acevedo, le espetó: ``¡Es usted un cobarde! Está vendido al servicio del dinero y del caciquismo. Vamos a llevarlo a juicio por ser cómplice de asesinos...''.
Los diputados priístas respondieron al opositor, vicepresidente en turno de la mesa de debates, con gritos e insultos, alentados por Flores Maldonado, quien gritó: ``¡Cállate loco!''.
Ranferi Hernández dijo que la UOSS continuará exigiendo la intervención de las instancias federales que ``debieron hacerse cargo de las investigaciones desde el primer momento'' y calificó las pesquisas del fiscal de ``totalmente parciales, amañadas y violatorias de la ley, así como la actuación de los diputados locales que nada hicieron por protestar, se prestaron a mentiras y con eso avalan una conducta criminal que va a seguir llenando de sangre a esta entidad''.
Anunció que mañana (hoy) miércoles, a ocho meses de la matanza de Aguas Blancas, habrá movilizaciones de protesta en Iguala, Acapulco, Chilpancingo y el Distrito Federal ``para seguir pidiendo castigo a los funcionarios corruptos, que se vaya de Guerrero el asesino Figueroa y que se enjuicie el general Mario Arturo Acosta Chaparro''.
``No se cumplieron las órdenes'' de Figueroa
Para la exoneración del gobernador Figueroa Alcocer, Varela Vidales aceptó como ciertas las declaraciones verbales y por escrito que hizo el funcionario ante la fiscalía, y desechó la versión de la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, según la cual el mandatario le dijo por teléfono que había ordenado ``detener a esa gente a como dé lugar''. También habría dicho: ``Venían a la guerra y guerra tuvieron. Somos autoridades o no somos''.
El fiscal concluyó que Figueroa ``giró instrucciones en forma personal a Rosendo Armijo de los Santos (entonces subsecretario de Protección y Vialidad), ordenando que se acudiera a dialogar con los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, evitando choques innecesarios y, en todo caso, si los campesinos decidían continuar su marcha, que se les permitiera''.
Armijo ``coordinó e implementó un operativo'' con el mayor Manuel Moreno González, ex director operativo de la Policía Estatal; Esteban Mendoza Ramos, ex director de Gobernación, y Rodolfo Sotomayor Espino, ex primer subprocurador de Justicia, los cuatro presos en el Cereso de Acapulco, con penas de hasta 20 años que se podrían extender a 40 ``si se prueban las agravantes''.
Figueroa Alcocer, agrega Varela en su informe, ``estaba en la mejor disposición de platicar con los citados dirigentes, ya fuese en el palacio de gobierno o en Tepetixtla (Coyuca de Benítez), como en otras ocasiones lo había realizado''.
"Es evidente -continúa- que las instrucciones dadas por el Ejecutivo estatal no se cumplieron, pues claramente se acreditó que violentaron el operativo desvirtuando el fin del mismo, motivados por la negligencia, sin pericia, falta de control de los elementos de la Policía Motorizada y de Gobernación que intervinieron en la matanza.
``También influyó el abandono de las obligaciones del encargado y responsable directo de dialogar con los campesinos, y que teniendo antecedentes de la OCSS, no tomó las providencias necesarias para controlar al grupo de manifestantes.
``Estamos de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en que el ex secretario de Gobierno, Rubén Robles Catalán, y el gobernador Rubén Figueroa Alcocer, no tuvieron intervención ni responsabilidad penal en los lamentables sucesos''.
Agregó que en poco más de cien días, la fiscalía logró el ejercicio de la acción penal en contra de 43 servidores públicos por los delitos de homicidio, lesiones, abuso de autoridad, ejercicio indebido y abandono al servicio público, de las cuales se ejecutaron 40. Cuatro de los detenidos obtuvieron la libertad con las reservas de la ley, ``lo que originó se interpusiera el recurso de apelación por considerar infundado el auto de libertad''.
Varela Vidales opinó que ``algunos'' de los funcionarios procesados ``deberían ser sancionados con penas más estrictas por tratar de encubrir los bochornosos y tristes acontecimientos, pero desgraciadamente la legislación de Guerrero nos impidió solicitarlo al Poder Judicial y es por ello que respetuosamente sugerimos que sean reformados los artículos 17, fracciones 7, y 241 y 242 del Código Penal para que en caso de que se repitieran ese tipo de hechos, los funcionarios del Ministerio Público sean sancionados con penas ejemplares''.
La fiscalía nunca encontró el original del video
En conferencia de prensa posterior al informe, el fiscal respondió sobre la exoneración de Alcocer Salazar y Olea Godoy: ``Una cosa es lo que recomendó la CNDH y otra lo que probamos en la indagatoria. Tenemos pruebas de que ellos estaban cumpliendo otra misión ese día en Ciudad Altamirano''.
Agrega: ``Probamos también que dieron instrucciones a sus subordinados para que integraran debidamente la averiguación, por eso consideramos que no tuvieron responsabilidad, dado que sí se abocaron, dieron instrucciones, mismas que no fueron acatadas''.
De la exhumación de los 17 cadáveres que quedó pendiente, indicó que ``ya está aprobada por el juez y no se llevó a cabo por causas ajenas a la fiscalía, dado que hubo oposición de los familiares. La exhumación es necesaria, pero no indispensable, no es la única manera de llegar a encontrar agravantes en este caso''.
En cuanto al video grabado y editado para su difusión en los medios por el gobierno estatal, reconoció que ``la cinta original nunca fue localizada, llegamos hasta el lugar donde hicieron la conversión de formato en una compañía de la ciudad de México, sabemos que el video inicial tiene 17 cortes, pero éstos pueden ser producto de tijera o de dejar de filmar, lo que sólo se puede establecer si se localizara el casete original''.
Dijo desconocer ``de dónde haya aparecido'' el video que difundió Televisa y no pudo establecer si ese es el original que grabó un agente de Gobernación estatal, pero ``aun cuando es más amplio que el que conocimos inicialmente, llegamos a la misma conclusión, con él o sin él, tal vez nos hubiera facilitado un poco la labor si nos hubiera llegado antes, pero no nos aporta nada nuevo en la investigación''.
Rechazó asimismo, que su informe haya sido precipitado por el programa televisivo de Ricardo Rocha: ``Hace más de cien días, cuando asumí la investigación el 9 de noviembre, les dije que esperaba finalizar en 60 días; ahora tengo más de cien, si a eso le llama usted algo precipitado... Yo les dije que me iba a quedar hasta que estuviera jurídicamente convencido de que agoté todas las líneas de investigación''.
El fiscal tampoco quiso precisar el monto económico de la investigación y de sus honorarios como jurista. ``El Congreso del estado no me pagó un cinco a mí en lo personal'', se limitó a responder sin aclarar de quién percibió su salario.

§ La Jornada 26 de febrero de 1996
Policía comunal en vez de judicial en Atoyac, piden a Figueroa
José Gil Olmos, enviado, y Maribel Gutiérrez, corresponsal, Atoyac de Alvarez, Gro., 25 de febrero ¤ En asamblea popular que concluyó en una marcha por la cabecera municipal, autoridades del ayuntamiento, representantes de organizaciones campesinas y habitantes de la sierra de Atoyac advirtieron que la inseguridad pública y la injusticia social que impera con ``matices macabros'' aquí, ha llegado a una situación que amenaza con culminar en estallido social, ``por la tentación ciudadana de hacerse justicia por su propia mano''.
Reunidos en la plaza principal, representantes de unos 50 pueblos de la sierra y zona baja del municipio, demandaron al gobernador Rubén Figueroa Alcocer disolver a la Policía Judicial del estado y sustituirla por policías comunales, electos por la población.
Al término de una asamblea pública en la que participaron más de 300 personas, se consensó un documento con 14 puntos que será entregado al mandatario estatal en la reunión que deberá realizarse este lunes al mediodía en la comunidad de El Paraíso, luego de que los familiares de los campesinos asesinados por agentes judiciales estatales la semana pasada, rechazaron las propuestas del PRI guerrerense de trasladarse a Chilpancingo y entrevistarse con Figueroa Alcocer.
Asimismo, el síndico procurador de Justicia, Wilebaldo Rojas, al frente del ayuntamiento, dijo que ya se pidió formalmente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) su intervención, para que investigue el trasfondo de los ``nueve asesinatos orquestados el pasado 18 de febrero próximo pasado por agentes de la Policía Judicial estatal, destacamentados en Tecpan de Galeana'', acciones ``aparentemente aisladas, pero que en nuestro concepto son parte del mismo crimen masivo''.
En la carta dirigida al presidente de la CNDH, Jorge Madrazo Cuellar, el funcionario municipal pidió también que se analice la situación de inseguridad y violencia, de impunidad y arbitrariedad ``por parte de los cuerpos policiacos del estado, y de la federación''. Afirmó que en Guerrero se está pisoteando el derecho a la vida, porque existe una situación de abandono, marginación, falta de oportunidades para la productividad y educacionales; el narcotráfico y la corrupción.
Los miembros del ayuntamiento, los representantes de organizaciones como la Unión de Ejidos Forestales Hermenegildo Galeana y de pueblos como El Paraíso, Picuí y Zacualpan, se reunieron frente al palacio municipal para discutir la situación de violencia que se ha acrecentado en la última semana en la sierra de Atoyac.
De entrada, los participantes a esta asamblea previa a la que sostendrán con Figueroa en El Paraíso este lunes, aclararon que no se permitiría que esta situación sea manejada con fines partidistas, porque se trata de un reclamo de justicia y seguridad para toda la población.
También rechazaron la versión de que la administración de la edilesa María de la Luz Núñez fuera la principal causa del incremento de la violencia en el municipio, y de manera reiterativa los diferentes participantes coincidieron en señalar que es parte de la ``impunidad con que actuaban los policías judiciales estatales y de la Motorizada''.
Bajo el candente sol, los campesinos atoyaquenses mostraron en pancartas su inconformidad, y en una de ellas precisaron su advertencia: ``Señor Gobernador, queremos justicia o haremos justicia por nuestras propias manos''.
También las familias de los campesinos y ganaderos de El Paraíso acribillados la semana pasada, manifestaron su postura en una carta, donde señalaron que no asistían directamente, por ``temor'' a represalias de los judiciales, según explicó el dirigente municipal del PRD, Mario Valdés.
En la carta escrita a máquina y con la firma de ``las familias'', exigieron al gobierno de Figueroa que se investigue para que se encuentren a los autores materiales e intelectuales del multihomicidio; indemnización para los huérfanos hasta alcanzar la mayoría de edad, su gestión para que se regrese el Ejército a Atoyac; una partida militar para El Paraíso, y nombrar a su propia policía comunitaria.
Además rechazaron las acusaciones de la Policía Judicial estatal, consistentes en el señalamiento de que sus difuntos eran ``asaltantes, secuestradores, asesinos y narcotraficantes'', y recordaron que por sesión abierta del cabildo se acordó pedir al gobernador su asistencia en El Paraíso, para que intervenga en el esclarecimiento de los hechos ``y se aplique la ley a los responsables''.
Al iniciar la asamblea popular, Wilebaldo Rojas enmarcó la situación de inseguridad social en la que participan cuerpos policiacos a nivel nacional. Ejemplo de ello citó los casos recientes en Guadalajara, Monterrey, Querétaro y el Distrito Federal.
En ese sentido precisó: ``La situación es grave a nivel nacional, y la solución de fondo sólo podrá darse a ese nivel. Los esfuerzos aislados de regiones, estados y municipios, deberán sustentarse en una ofensiva radical y contundente del estado y de la sociedad civil organizada''.
Recordó que desde el primero de enero de 1993, cuando inició sus gestiones el actual ayuntamiento, se pidió al gobierno federal y estatal su ayuda para afrontar el problema de inseguridad, que desde entonces se vivía. ``Desgraciadamente han puesto todo el tiempo oídos sordos a nuestros reclamos y propuestas''.
Los últimos casos de homicidio por parte de la Judicial estatal contra habitantes de El Paraíso, dijo el síndico procurador, muestran que ``la inseguridad pública y la justicia injusta, siguen imperando con matices macabros en el municipio de Atoyac de Alvarez''.
Tras señalar que ``en Guerrero sí pasa mucho y muy malo'', como respuesta a las declaraciones del secretario general de Gobierno, Zótico Pastrana, el funcionario del municipio de Atoyac demandó: ``No más Aguas Blancas''.

§ La jornada 23 de febrero de 1996
Pablo Gómez
La guerra de Figueroa
No es sólo que Guerrero sea un estado violento, sino que ahí tiene lugar una guerra, cada vez más ruidosa, del gobernador Figueroa contra la oposición, aunque no solamente ésta, sino también contra algunos grupos o sectores que se encuentran fuera de control.
Por lo visto, la compra de conciencias que tan buenos resultados le dio al antecesor de Figueroa, el señor José Francisco Ruiz Massieu, ya no es tan fácil para el actual gobernador quien, por lo demás, es mucho menos capaz en el arte del soborno como instrumento de la mediatización política.
Aguas Blancas es un caso de responsabilidad penal y política. No es sólo que el gobernador no pudiera corromper a los líderes de una organización campesina, sino que dio las órdenes para detenerlos y, probablemente, para disparar. De cualquier forma, Figueroa debe responder ante la justicia política y ante la ordinaria.
Pero el gobierno federal mantiene la perversa línea de defender a los gobernadores a todo trance, como lo está haciendo con Roberto Madrazo, quien gobierna cada vez menos y a un alto costo político para Tabasco y el país. Figueroa, por su lado, aplica los métodos más arcaicos, los del asesinato.
Los agricultores cafetaleros asesinados en la sierra y quienes, horas más tarde, fueron ejecutados por la policía judicial en la carretera de la Costa Grande, posiblemente tenían algunos desacuerdos con los jefes policiacos, pero es que éstos viven de la extorsión y han creado un sistema de control policiaco. Cualquiera que haya sido el móvil de los asesinos, está claro que ellos forman parte del sistema de gobierno de Figueroa, regido por leyes virtuales.
Rubén Figueroa hijo, se mantiene en su cargo bajo el argumento de que el PRD debe ser mantenido a raya; llegó a ser gobernador como herencia de un sistema corrupto encabezado por Ruiz Massieu, al cual sirvió como bestia de carga, especialmente en el fraude electoral de 1988 en favor de Salinas, en el Colegio Electoral de ese mismo año y en la defensa del entonces gobernador ante las denuncias probadas de uso indebido de recursos públicos con nóminas en la mano presentadas por el PRD.
La violencia social en Guerrero no es exactamente la que estamos viendo. Lo de hoy es terrorismo de Estado, gobierno mafioso, persecución sistemática y cancelación de garantías. El procurador, los jueces y la mayoría priísta en el Congreso local son instrumentos de ese sistema, cuyo representante máximo es Figueroa.
Como Madrazo, Figueroa es una expresión brutal de la falsedad de las declaraciones presidenciales sobre el país de leyes. Existen dos factores que han hecho posible tan evidente mentís: los compromisos políticos basados en complicidades y la estratégica decisión de seguir golpeando al PRD. Si a pesar de que está demostrado que Figueroa dio la orden de detener ''a como dé lugar'' a los campesinos en Aguas Blancas, el gobernador de Guerrero no ha sido requerido siquiera por responsabilidad política, es que existe un interés superior de partido razón de Estado en la dimensión mexicana que impide castigar al transgresor de la ley.
Pero la impunidad de Figueroa es la impunidad a secas. Es por esto que fueron posibles dos nuevos asesinatos colectivos y se pueden seguir realizando atentados políticos personales como el de Tecpan.
No es verdad, por cierto, que el terror no funcione; funciona y mucho. El propósito de Figueroa es someter a la disidencia y la oposición mediante la violencia, a través de la creación de un estado de terror que inhiba la acción política independiente de personas y grupos. Lo ha logrado en alguna medida, pero también está generando una repulsa nacional a los métodos del terror oficial. Ernesto Zedillo, por su parte, guarda silencio y no hace absolutamente nada. La protesta contra el terror en Guerrero ya debe convertirse en algo nacional. Hay que poner fin a la guerra de Figueroa.

§ La jornada 22 de febrero de 1996

Rodolfo F. Peña
La muerte en El Paraíso
En agosto del año pasado, con motivo de la Recomendación 104/95 de la CNDH, pareció inminente la defenestración del gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer. Tal documento señalaba, como presuntos implicados en los hechos ocurridos el 28 de junio anterior en el vado de Aguas Blancas, que costaron la vida a 17 campesinos desarmados y heridas a una veintena más, a todo un elenco de funcionarios de primera línea del gobierno estatal, incluidos el secretario general de Gobierno y el titular de la Procuraduría. Ciertamente, el ombudsman nacional, por falta de evidencias, no quiso hacer impugnaciones directas al gobernador, aplicando la mayoría de razón, si bien había una grabación en la que Figueroa ordenaba detener en Tepetixtla ``a como diera lugar'' a esos campesinos, que se dirigían a Atoyac de Alvarez para demandar en un mitin la presentación del activista Gilberto Romero Vázquez, desaparecido allí desde el 24 de mayo.
Pero más allá del discurso puramente jurídico, era de una claridad deslumbradora que los funcionarios indiciados no podían haber actuado por cuenta propia, aunque Figueroa no los comandara in situ, como dice el complaciente fiscal especial con la obvia intención de exculparlo. Era inevitable obtener por elemental interpretación, por simple lógica, la conclusión de que los subalternos obraron por órdenes superiores, independientemente de que puedan haberle tomado ya un gusto personal y perverso a las tareas represivas. Y otra conclusión caía por sí misma, ésta de orden político: la de que había llegado, por fin, la hora del sátrapa guerrerense (sin ofender a los persas, que nos legaron el término). Por muchos compromisos y lazos espirituales o de otro tipo que hubiera con él, ya no había forma de sostener en el cargo a quien a lo largo y a lo ancho de la República, y aun por organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, era señalado como uno de los peores gobernadores en funciones (porque hay otros, que no le van a la zaga).
Pero hubo forma, contra todos los pronósticos, y el hombre sigue despachando en el palacio de gobierno de Chilpancingo. Aunque no haya concluido la indagatoria del fiscal especial (y tan especial!), todo indica que éste y el juez penal van a lanzarse sólo contra funcionarios menores, y aun así de manera indulgente, como lo han hecho hasta ahora.
No debe extrañarnos, entonces, que la impunidad haya envalentonado a Figueroa y que haya vuelto a correr la sangre en esa martirizada entidad federativa; de hecho, no ha dejado de correr desde que llegó al poder. Lo de Aguas Blancas debió haber sido su última proeza y el punto culminante de sus arbitrariedades, de la violencia criminal que ha desatado. Como no lo fue, estamos de nuevo ante una matanza, esta vez de nueve vecinos de la sierra de Atoyac, cerca de El Paraíso. Y de nuevo los autores materiales tienen vínculos orgánicos con la policía estatal.
Las versiones jusitificatorias oficiales moverían a risa, si no fuera porque hay varios hogares enlutados. ¿Qué hacer, entonces? La respuesta es sencilla para quienes quieren exculpar a Figueroa ``a como dé lugar'', y consiste en tener por buenos los argumentos de Zótico, el exótico secretario general de Gobierno: la violencia en Guerrero es normal y su jefe se dedica a gobernar, no a cuidar a todos los ciudadanos y a todos los policías, aunque este personaje subordinado, al igual que quien lo manda, demuestre no tener, precisamente por esos argumentos, ni la menor idea de lo que significa gobernar; además, para que se vea que hay respeto por la ley, puede hacerse lo que ya está hecho: apresar a los dos agentes judiciales que, procediendo conforme a la normalidad, acribillaron a los campesinos.
Mientras no se haga lo que debe hacerse, que es mandar a Rubén Figueroa Alcocer a la cárcel, o cuando menos a su casa, seguirán imperando en Guerrero el abuso, la ilegalidad y la sinrazón. Y habrá más muertos, heridos, encarcelados, secuestrados, desaparecidos, perseguidos; todos, naturalmente, en las filas de quienes se le oponen, que son legión. Pero si el gobernador no gobierna, ni los poderes legislativo y judicial equilibran nada, en ese estado sureño han desaparecido los poderes. De acuerdo con el precepto constitucional relativo, no es atribución del Senado declarar la desaparición de poderes, sino declarar, cuando aquéllos han desaparecido, que ha llegado el momento de nombrar un gobernador provisional. Ese momento ha llegado varias veces, pero el Senado espera, espera... ¿Qué espera? ¿Que el Ejército y las policías hagan el trabajo que correspondería a un gobernante mínimamente respetable, y que se generalice la violencia? ¿Que haya más muertos hasta llegar a cuántos? No. Presumiblemente, lo que espera es una señal de las alturas. Pero esa señal se retrasa demasiado, quizá porque el federalismo debe respetarse como en Tabasco o Veracruz, si bien las fuerzas federales pueden intervenir sin provocar controversia constitucional alguna; o quizá porque el federalismo vivo ha sido debilitado por el poder de los caciques estatales. Esto último indicaría vulnerabilidades en las que uno preferiría no creer.

§ La Jornada 21 de febrero de 1996
Figueroa no puede cuidar a todos los ciudadanos ni a todos los policías: Zótico García
José Gil Olmos, enviado, Paraíso, Sierra de Atoyac, Gro., 20 de febrero ¤ Un día después de los cinco asesinatos presuntamente cometidos por la Policía Judicial estatal Ñcuatro de ellos con tiro de graciaÑ y ante las exigencias de justicia de los deudos, el secretario general de Gobierno, Zótico García Pastrana, sostuvo: ``Esto, en Guerrero, yo diría que es normal''.
Había malestar y enojo en la población desde la llegada del funcionario, con ``un mensaje del señor gobernador''. Por las estrechas calles terregosas y sin pavimentar de este centro productor de café de exportación, con 10 mil habitantes, los familiares de ocho de los nueve asesinados manifestaron su incredulidad a las promesas del enviado y le pidieron que sean retirados los policías judiciales de Paraíso.
García Pastrana, también llegó a Paraíso para deslindar cualquier responsabilidad del gobernador Rubén Figueroa Alcocer. ``El se dedica a gobernar, no puede cuidar a todos los ciudadanos ni a todos los policías''.
En silencio fue recibido el enviado de Figueroa La indignación de los familiares y amigos se contenía, porque en el patio de las casas estaban los cuerpos embalsamados para evitar su descomposición acelerada por el fuerte calor. Las frentes de José, Isaías, Agapito y Miguel Rojas -los dos últimos asesinados la mañana del domingo pasado- tenían sendos orificios de bala. ``Es la marca que dejan los judiciales cuando no quieren testigos'', dijo más tarde el comisario del lugar, Tobías Marcelo González.

CONTEXTO POLITICO DE GUERRERO

DE ARMAS Y URNAS

El ambiente político suriano se degrada. Por una parte, el abstencionismo, que se había reducido notablemente en las auspiciosas elecciones federales de 1988 y estatales de 1989, en 1993 se dispara nuevamente al 66%, y paralelamente se constituye en la Costa Grande la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), que empuja sus legítimas demandas con discurso rijoso y prácticas abruptas. El 17 de julio de 1995 un contingente de la OCSS es acribillado a mansalva por policías agazapados en un recodo del camino de Aguas Blancas, 40 campesinos son alcanzados por las balas y 17 mueren. A un año exacto del crimen, un grupo de hombres y mujeres armados y embozados se apersona en la conmemoración luctuosa y anuncia el nacimiento del EPR, apelando al sempiterno discurso de los alzados costeños: "El gobierno (...) se ha negado a satisfacer los reclamos de justicia, libertad y democracia del pueblo, y ha demostrado que jamás va a ceder (...) por lo que hemos decidido conquistarlos con la fuerza de (...) las armas."
Como Genaro Vázquez y como Lucio Cabañas, el EPR concluye que "el voto es una engañifa". Y muchos le creen, pues sin duda el saldo de insurgencias electorales, como las de los "cívicos" en los sesenta y los neocardenistas 20 años después, es francamente desalentador. Pero, bien visto, lo que en esos episodios derrota el sistema –a veces mediante el fraude y otras por la fuerza– no es la vía electoral propiamente dicha, sino una táctica comicial movimientista, que apuesta a tomar las urnas por asalto, en golpes de mano coyunturales de fuerte participación popular espontánea pero débil organicidad. "Ahora ganamos, porque ganamos... Y si no ganamos o nos hacen trampa, pues, a otra cosa", parecen pensar algunos. Pero otros, más persistentes o más aferrados, emprenden el arduo camino de edificar paso a paso una correlación de fuerzas favorable, no sólo coyuntural sino duradera; se adentran en la pedregosa –y a veces lodosa– vía de la organización y la institucionalidad; de la construcción de aparatos que no están peleados con el movimiento, pues, bien entendidos, son su soporte y su seguro de vida. Y tres lustros después, los que escogieron el camino largo han demostrado que en el estado del perpetuo baño de sangre y la guerrilla crónica; que en el proverbial "Guerrero bronco", es posible ganarle al sistema por la vía electoral. Nada más y nada menos.

"¡No nos falles Zeferino!"

Vázquez. "El voto es una engañifa" Centro de Investigaciones Históricas de los Movimientos Armados, A.C.
A diferencia de otros políticos que aún padecemos, Zeferino Torreblanca no abusó de las promesas de campaña: "No soy un mesías que solucionaré los problemas en 15 minutos". "No voy a hacer las 16 carreteras que no existen". "Hablé con franqueza para no generar falsas expectativas" (Entrevista de Renato Dávalos y Misael Habana, La Jornada 8/2/05).
Buen planeamiento; porque cuando los izquierdistas elegimos servidores públicos progresistas no debiéramos esperar que cambien el mundo de sopetón, sino solamente que cambien "el modelo", es decir el modo de pensar e intervenir el mundo en función de una utopía o proyecto alternativo. Esto sin olvidar que, aun cuando nos guíe un "nuevo modelo", por un buen rato el mundo que nos heredó el viejo régimen seguirá siendo tan inhóspito como era.
PD.
Y en cuanto al auspicioso triunfo de la oposición suriana, importa establecer que no se eligió a Zeferino Torreblanca para que resolviera personalmente todos los problemas. Lo que se eligió es seguir trabajando –como siempre– por la justicia y por la democracia, pero en un estado gobernado por un político progresista. Lo que para los obscenos usos políticos guerrerenses no es poca cosa.

Hace cinco años, al final del ensayo titulado Sur profundo, publicado en el libro colectivo Crónicas del sur. Utopías campesinas en Guerrero, recordaba que en 1996, en el vado de Aguas Blancas, había muerto Benjamín Ávila Blanco, acribillado por la tropa en un asalto del EPR al campamento militar de la localidad. El guerrillero caído tenía 21 años, una mujer, dos hijos y una milpa. En su bolsillo se encontró una credencial de elector con la que, sospecho, votaba por el PRD. Espero que en el inframundo de los matados a la mala Benjamín esté celebrando con los demás el triunfo de los amarillos.

Lecciones de civismo bronco

"A fines de los ochenta y principios de los noventa, el cacicazgo guerrerense seguía buscando ahogar en sangre los movimientos democráticos, como lo evidencia la masacre de Aguas Blancas ordenada por Rubén Figueroa" Fotografía: La Jornada/José Carlo González
Posiblemente en 1988 la mayor parte de los guerrerenses que votaron lo hicieron por Cuauhtémoc Cárdenas, y aún con las consabidas triquiñuelas, al FDN se le tuvo que reconocer 35% de los sufragios. Pero, pasada la calentura, el caudal electoral de la izquierda disminuye, no sólo por las mapacherías priistas sino porque tiene que ser laboriosamente conquistado. Así, en los comicios municipales de 1989 el PRD obtiene 24% de los votos, mismo porcentaje que consigue en la elección de legisladores federales de 1991. Pero de ahí pa’l real el crecimiento de los amarillos es imparable: en la elección de gobernador, de 1993, obtiene 28%; en la de 1994, por la presidencia de la República, 33%; en la elección de cabildos, de 1996, 34%; en la de legisladores federales, de 1997, 43%; y hace seis años, en la disputa por la gubernatura que enfrenta al perredista Félix Salgado con el priista René Juárez, el PRD obtiene 47% de los votos, contra 49% del ganador, de modo que la izquierda pierde por menos de 15 mil sufragios una elección repleta de marrullerías.
Y en la medida en que aumenta la votación por el PRD, crece también la población gobernada por alcaldes de ese partido. Desde 1980, con el legendario triunfo del PCM en el municipio de Alcozauca, los cabildos de izquierda no han dejado de multiplicarse en la entidad: en 1989 se le reconocen seis al PRD, aunque presumiblemente gana más; en 1993, triunfa otra vez en seis; en 1996 conquista 19, lo que ya es una cuarta parte de los 76 municipios del estado; y en la elección más reciente, la del 2002, el PRD conquista 30 municipios, entre ellos algunos de los más poblados.
Así las cosas, al consumarse la más reciente elección de gobernador ya vivían bajo gobiernos perredistas 1.7 millones de surianos, bastante más de la mitad de los guerrerenses. Pero además, los que eligieron a Zeferino Torreblanca apostaron por un candidato que en el trienio anterior había sido alcalde de Acapulco, con mucho el municipio más grande y visible de la entidad. De modo que, en términos generales, quienes sufragaron por el PRD en las últimas elecciones, sabían por experiencia o de buena fuente a qué partido, qué persona y qué proyecto estaban votando. El del 6 de febrero no fue, entonces, el sorpresivo voto del hartazgo, del castigo al PRI, de la repentina calentura oposicionista; no fue tampoco la adhesión a un súbito mesías carismático o el repudio circunstancial a un candidato del sistema particularmente odioso. Por el contrario, la de Guerrero fue, como pocas, una elección calculada, consciente, laboriosamente construida. Y fueron también unos comicios de resultados previsibles, si se tomaban en cuenta no las encuestas sino las consistentes tendencias del sufragio durante los últimos 15 años.
"Guerrero vive una nueva democracia", dijo Zeferino Torreblanca el 7 de febrero al calor de la victoria, en lo que constituye un plausible revire histórico al ominoso: "¡Tengan su democracia, cabrones!", de los policías que asesinaban perredistas en 1999. "La gente apabulló la vieja forma de hacer política", concluyó el candidato triunfador (Entrevista de Jorge Ramos, Juan Cervantes y Alfredo Mondragón El Universal, 7/2/05).
Bartra, Armando (2005). Por los comicios del sur, la victoria por el camino largo. Documento extraído el 28 de febrero del 2005 de http://www.jornada.unam.mx/2005/feb05/050220/mas-bartra.html

Por Mauricio Laguna Berber
Junio de 1995
7 al 11. Tercera fase del diálogo entre el gobierno y el EZLN.
20. Después de una serie de intercambios del EZLN con Alianza Cívica Nacional y la Convención Nacional Democrática, se acuerda realizar la Consulta Nacional por la Paz y la Democracia.
Julio de 1995
4 a 6. Cuarta etapa del diálogo EZLN-gobierno. Discusión simultánea propone el gobierno; punto por punto, plantea el EZLN. Presenta el EZLN cuatro demandas, propone instalar 15 mesas de trabajo. Concluyó la cuarta etapa del diálogo sin acuerdos.
15. Liberan a María Gloria Benavides, detenida el 9 de febrero bajo la acusación de Ernesto Zedillo de ser comandante del EZLN.
24 a 27. Quinta fase del diálogo EZLN-gobierno. Rechaza el gobierno propuesta de distensión zapatista y retira la propia. La sexta reunión se realizará el 5 de septiembre.
Agosto de 1995
27. Se realiza en todas las entidades de la República la Consulta Nacional por la Paz y la Democracia. Con la participación de más de 50 mil promotores, se instalaron cerca de 10 mil mesas receptoras en las que un millón 88 mil ciudadanos respondieron a las preguntas hechas por el EZLN.
Septiembre de 1995
5. Por instrucción presidencial la Cocopa invita de manera formal al EZLN a participar en el diálogo para la reforma del Estado y en la mesa nacional de negociación en cualquiera de los niveles que ellos decidan.
5 al 11. Sexto Encuentro EZLN-gobierno. El objetivo es fijar las mesas de trabajo y los procedimientos. Analiza el EZLN la invitación al diálogo para la reforma del Estado. El EZLN presenta su propuesta sobre reglas para el diálogo e instalación de mesas de trabajo.
19. Acepta el EZLN reunión con la Cocopa; definirán cómo entrar al diálogo nacional.
30. Reunión Cocopa-EZLN en La Realidad. Discuten la realización del foro especial que plantea el EZLN.
Octubre de 1995
1o. EZLN-Cocopa. Aceptan los zapatistas participar en dos foros más: derechos indígenas y el de la mujer.
2. Se reanudan las pláticas de paz en San Andrés. Fijan las reglas para la instalación y funcionamiento de las mesas de trabajo. El EZLN anuncia que de acuerdo al procedimiento pactado, invitará a más de cien asesores, dirigentes indígenas, antropólogos e historiadores a participar con ellos en el diálogo.
23. La Procuraduría General de la República anuncia el arresto de Fernando Yáñez Muñoz, acusado de ser el comandante Germán.
25. Alerta roja del EZLN por la detención de Fernando Yáñez, al mismo tiempo que niega cualquier relación orgánica con él. El subcomandante Marcos regresa a las montañas. Inmediata movilización nacional e internacional exigiendo la liberación de todos los presuntos zapatistas.
26. Libera la PGR de cargos al supuesto comandante Germán tras su formal prisión. La determinación es positiva, dice la Cocopa.
27. Fernando Yáñez sale del Reclusorio Preventivo Oriente.
29. Levanta el EZLN el estado de alerta roja, continúan las negociaciones.
Noviembre de 1995
13. Se reanudan los trabajos de la II fase de la Mesa I: Derechos y Cultura Indígenas. Violento desalojo de indígenas, con un saldo de cuatro muertos.
14. Reconocer la autonomía de las etnias, propone el Instituto Nacional Indigenista.
16. Logran gobierno-EZLN 57 puntos de consenso sobre derechos indígenas.
17. Festejó el EZLN su 12 aniversario de lucha.
Diciembre de 1995
4. Cancelado por falta de garantías el foro sobre derechos indígenas que se celebraría en La Realidad, dice la Cocopa. El EZLN prepara una celebración de año nuevo donde se abrirán cuatro nuevos Aguascalientes –lugares de encuentro del EZLN con la sociedad civil, para el desarrollo de actividades pacíficas y culturales– en la Selva y Los Altos de Chiapas.
7. Sin fecha, la reunión Conai-EZLN por los patrullajes militares.
14. Firman Cocopa y EZLN la convocatoria y reglamento para el Foro Especial sobre Derechos Indígenas que se realizará del 3 al 8 de enero de 1996 en San Cristóbal de las Casas.
De acuerdo a la versión elaborada y coordinada por la profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Paulina Fernández Christlieb, estos son de manera resumida los principales hechos que han ocurrido en torno al levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional:
Enero 1996
1. En la conmemoración del alzamiento, el EZLN lanza la IV Declaración de la Selva Lacandona. En ella plantea su decisión de ayudar a construir una fuerza política de nuevo tipo, no partidaria, que no luche por el poder, independiente y autónoma, civil y pacífica basada en el EZLN.
3. Se inicia el Foro Nacional Especial de Cultura y Derechos Indígenas. La participación en el Foro rebasa todas las expectativas: más de 500 representantes de por lo menos 35 pueblos indígenas discuten y llegan a una serie de consensos claves.
5. Darle autonomía a los indígenas, eje para cambiar la relación con el Estado, dice el EZLN.
7. El subcomandante Marcos sale de la selva y viaja a San Cristóbal para participar en el Foro Indígena.
Febrero de 1996
16. Después de una amplia consulta con sus bases de apoyo, el EZLN llega a un acuerdo con el gobierno federal para firmar los acuerdos sobre Derecho y Cultura Indígena. En estos acuerdos, el gobierno federal se compromete a reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución general. Reconociendo en la legislación nacional a las comunidades indígenas como entidades de derecho público y su capacidad para organizarse autónomamente.
Marzo de 1996
4. El EZLN da a conocer su lista de asesores e invitados para el diálogo de la Mesa II sobre Democracia y Justicia. Más de 300 personalidades son invitadas por los zapatistas. Enrique Krauze, Lorenzo Meyer, Andrés Manuel López Obrador, Bernardo Bátiz y Elba Esther Gordillo, entre otros formaron parte de esa lista.
Mayo 1996
2. Se emite sentencia contra Javier Elorriaga Berdegué y Sebastián Etzin Gómez. Bajo el cargo de terrorismo, se les sentencia a 13 años y 6 años de prisión, respectivamente.
Tras conocer la sentencia, el EZLN declara que ésta constituye un hecho más de provocación a la paz, una violación a la Ley para el Diálogo, y suspende su participación en el proceso de diálogo.
14. Ante las continuas agresiones del grupo paramilitar priísta, Los Chinchulines, centenares de indígenas del poblado de Bachajón abandonan sus tierras y pertenencias y se refugian en cuatro municipios de Chiapas.
18. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Jorge Madrazo, pidió al gobernador de Chiapas poner en vigor cinco medidas cautelares que permitan la indagatoria sobre los hechos violentos en Bachajón, y reconoció que el grupo Los Chinchulines mantiene a la comunidad en un virtual Estado de sitio, apoyado por elementos policíacos estatales.
Junio de 1996
6. Tras una intensa campaña nacional e internacional por la liberación de Elorriaga y Etzin, una Corte de Apelación revoca la sentencia contra los presuntos zapatistas, liberándolos. El EZLN responde suspendiendo el Estado de alerta de sus tropas.
28. En el acto político de conmemoración del primer aniversario de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, hace su aparición pública el Ejército Popular Revolucionario (EPR).
30. Inicia en San Cristóbal el Foro Especial para la Reforma del Estado, convocado por el EZLN, con el apoyo de la Cocopa. Este foro reunió a cerca de mil 300 personas, representantes de diversas organizaciones sociales, políticas, sindicales, ciudadanas, así como intelectuales y personalidades. En ocho mesas de trabajo, los participantes plantearon una agenda global de lo que serían los puntos fundamentales de una auténtica reforma del Estado.
Julio de 1996
1 a 6. Desarrollo de los trabajos del Foro Especial para la Reforma del Estado.
29. Carta del EZLN al EPR. Ante el ofrecimiento de apoyo por parte del EPR al EZLN, éste responde: "Sólo queremos decirles que no queremos su apoyo, no lo necesitamos, no lo buscamos, no lo queremos. Nosotros tenemos nuestros recursos, modestos, es cierto, pero nuestros. Hasta ahora nos preciamos de no deberle nada a ninguna organización política, ni nacional ni extranjera".
Octubre de 1996
9. Después de haber recibido una invitación por parte del Congreso Nacional Indígena, el EZLN resuelve enviar a la comandante Ramona a la ciudad de México.
Noviembre de 1996
24 al 29. Reunión tripartita Cocopa-CONAI-EZLN con el objetivo de lograr la redacción de una iniciativa de ley de reformas constitucionales sobre el tema de derechos y cultura indígena.
29. La Cocopa presenta una propuesta final de reformas constitucionales a la delegación del EZLN y le hace llegar la misma propuesta al secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet. A pesar de que la propuesta de la Cocopa deja de lado varios aspectos de los acuerdos de San Andrés, el EZLN acepta el documento presentado por la Cocopa.
Diciembre de 1996
5. El secretario de Gobernación da marcha atrás a su decisión original y se entrevista con la Cocopa, para informarle que tiene divergencias sobre su propuesta. Esta decisión da inicio a la más profunda crisis de todo el proceso de paz.
7. La Cocopa se reúne con el presidente Ernesto Zedillo, demandándole su intervención para la aprobación del documento propuesto por ellos. El Presidente decide solicitar un plazo para consultar con Chuayffet sus objeciones. Escribe una carta al EZLN solicitándole 15 días para examinar la propuesta de la Cocopa. El EZLN acepta la petición gubernamental y el 15 de diciembre salen de San Cristóbal sus representantes para regresar a sus comunidades de la Selva y los Altos.
19. La Cocopa recibe la respuesta presidencial a su propuesta y se la envía al EZLN. Esta respuesta es, en realidad, una contrapropuesta globalmente diferente, en la que no sólo se rechazan algunas formulaciones de la propuesta de la Cocopa, sino aspectos fundamentales de los acuerdos de San Andrés.
Laguna Berber, Mauricio. (2005), cronología de 10 años de levantamiento del EZNL, de junio de 1995 a diciembre de 1997. Documento extraído en 29 de febrero del 2005 de http://www.lacrisis.com.mx/ezln020104.htm

ENTREVISTA DE SALVADOR GUERRERO CHIPRÉS (II)

Agosto 1996
La matanza de 17 campesinos en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995, correspondió a ``un acto típico de contrainsurgencia''. Fue un ``mensaje de escarmiento'' decidido ``por el Ejecutivo federal'', el cual intentaba ``amedrentar e inhibir el desarrollo de la lucha política y el posible desarrollo de fuerzas revolucionarias armadas'' que aparecieron en Guerrero precisamente un año después, afirmaron a La Jornada los comandantes Vicente y Oscar del Ejército Popular Revolucionario (EPR).
Los dirigentes del EPR en el valle de México, integrantes de la comandancia general de esa organización, expresaron que la cobertura federal y priísta dada al ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer, correspondió al intento de disminuir al máximo la posibilidad de que se afectara, primero, la representación del Ejecutivo estatal, y en segundo término, la responsabilidad federal en un acto de cuya preparación ``el Ejecutivo federal estuvo al tanto'', expresó el comandante Oscar.
Esta es la primera versión que se hace pública, desde la clandestinidad, del punto de vista del grupo armado que apareció el 28 de junio de 1996, cuando se conmemoraba un año del asesinato de guerrerenses integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS).
La guardia cambia cada 20 minutos. Ni el mejor observador notaría más que el movimiento del pañuelo rojo ante la silenciosa respiración de los escoltas asignados durante la entrevista.
El comandante Oscar señala que el propósito de la aparición del Ejército Popular Revolucionario ``correspondía a la necesidad de dar respuesta política a la militarización y represión incrementada por el gobierno en el país y particularmente en Guerrero''.
Alude a la matanza del año anterior en contra de ``una organización campesina, como muchas de las que hay en el estado, de Guerrero''.
Descalifica ``por absurdas'' las versiones propaladas acerca del supuesto vínculo del EPR con grupos de presión en Guerrero, ligados a Rubén Figueroa Alcocer o con sectores del narcotráfico en la entidad, que es la primera productora de amapola en el país.
``El gobierno no solamente trató de desvirtuar, de deformar, sino que permitió la total impunidad en el castigo a los autores de esta masacre, que es de todos sabido, fue en principio Rubén Figueroa'', señala el mando militar, siempre con la metralleta Uzi vertical sobre el muslo; por momentos la abraza con las dos manos.
Los entrevistados lamentan el ``comentario apresurado'' de Cuauhtémoc Cárdenas, que los señaló como parte de ``una pantomima'' y reconoce ``la habilidad propagandística'' del secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor, quien dijo poco después lo mismo para emparentar la reacción del gobierno a la del Partido de la Revolución Democrática (PRD), adoptando incluso posturas más críticas.
El reportero recuerda que en ese acto Cárdenas Solórzano ya se había retirado del presidium en Aguas Blancas, Guerrero. Habían pasado cinco minutos, cuando a las 15:50 de ese 28 de junio apareció el comando del EPR:
``Nuestra presentación se iba a hacer independientemente de las personalidades que ahí estuvieran. Nos interesaba que estaban ahí los afectados por esa represión'', señala a los enviados el comandante Vicente.
En la historia del estado de Guerrero, recuerdan, ha quedado el levantamiento de Genaro Vázquez Rojas. Resultó, dicen, de la represión del Movimiento Cívico Guerrerense, cuando mataron a ocho campesinos.
Afirman no olvidar que en un mitin en una escuela de Atoyac, en 1967, fueron asesinados nueve campesinos con lo que Lucio Cabañas dio por cerrada la lucha electoral.
--¿De quiénes fue la responsabilidad de la matanza de junio de 1995? ¿Habría intención de contener la aparición de un nuevo grupo armado, en este caso el EPR?
--En primer lugar, toda actuación policiaca o militar a nivel de un estado, no está desligada de la voluntad del gobierno federal. Saben perfectamente qué es lo que sucede, qué es lo que va a suceder. Obviamente aquí había toda una planificación por parte del gobierno federal, por parte de Inteligencia Militar, por parte de los altos mandos del Ejército federal. La llevaron a la práctica en ese lugar (el vado de Aguas Blancas). En cuanto a lo de prever alguna situación en relación con nosotros, consideramos que más que nada era contra el pueblo y para tratar de amedrentar e inhibir el desarrollo de la lucha política de los campesinos y el posible desarrollo de fuerzas revolucionarias armadas (de las) que ya habían tenido antecedentes en décadas anteriores. El gobierno no tenía todavía una idea concreta sobre nosotros como EPR.
Con el Ak-47 recostado en las piernas pero siempre controlado --pesa ahora 3.6 kilogramos porque tiene el cargador de 30 tiros lleno-- el comandante Vicente toma la palabra.
``Al respecto hay otros elementos que debemos señalar. Lo que aconteció en Aguas Blancas, como se menciona, fue un acto preparado, un acto típico de contrainsurgencia. La masacre fue eso. También lleva en sí un mensaje a todas aquellas organizaciones que a lo largo del país, como consecuencia de la crisis económica y de la falta de derechos políticos, vienen manifestándose de diversa manera, entonces la matanza en Aguas Blancas es un mensaje, es un escarmiento que el Estado envía a todas esas organizaciones''.
--¿Entonces ustedes sostienen que en el Ejecutivo federal o en un sector del Ejército Mexicano, se conocía anticipadamente lo que ocurriría?
--Pensamos que el Ejecutivo federal ha estado al tanto de acontecimientos tan deleznables como éste. Si bien es cierto (que) trata de delegar a las responsabilidades inferiores, eso no lo exime de su responsabilidad al frente de un gobierno represivo, asesino, que no sólo reprime a los campesinos sino que entre ellos mismos se andan matando.
En la habitación de tres por siete metros, no se advierte si hay o no luz afuera. Los dos focos de arriba están cubiertos por una tela que se extiende por todo el techo. El cuello del reportero quedó adolorido del viaje que hicieron informador y fotógrafo en tres vehículos, siempre agachados y vendados.
El gobierno, dicen, trató desde el primer momento ``de desvirtuar'' la aparición del Ejército Popular Revolucionario.
``Antes de nuestra irrupción, nuestra presentación en Aguas Blancas, se estaba desarrollando ya un proceso de militarización y represión muy fuerte en todas partes del país. Desvirtuaron información sobre nosotros para que, primero, se evitara al pueblo ver con esperanza y simpatía esta presentación de un nuevo ejército revolucionario y, en segundo lugar, para tratar de detectarnos y aniquilarnos.
``Esa fue la situación que se presentó después de nuestra presentación. Cuando el propio gobierno empieza a ver que sus planes no fructifican, que empieza a reprimir y a capturar a supuestos combatientes del EPR, que no han sido más que campesinos, algunos que han denunciado que participan en alguna organización campesina, hay otros que no, que simplemente son ciudadanos. Cuando se da esa situación, el gobierno en lugar de detenerse aumenta sus planes, aumenta la represión contra esos sectores y la extiende a otras partes del país, como sucedió con el incremento de militarización en Oaxaca, Hidalgo, etc'', comenta a La Jornada el comandante Vicente.
Agrega que en ese contexto ``hace diez días y como parte de los planes que tienen para tratar de aniquilarnos, el secretario de Gobernación mencionó que existen detectadas tres fuerzas políticas que están atrás del EPR''.
--¿Qué quieren decir exactamente con que el gobierno federal ``prepara un baño de sangre''?
--Porque esa afirmación del responsable de Gobernación es un anuncio de que golpeará a organizaciones políticas o sectores sociales vinculándolos con nosotros, aunque eso no sea cierto y con relación a nuestra organización anuncia que lo único que procede con el EPR es aniquilarlo.
``Bueno, eso ha querido hacer desde que nos dimos a conocer, pero no ha podido. Eso lo hace para tratar de justificar su incapacidad, su ineptitud en la lucha por tratar de destruirnos; al no lograr eso, pues con el pretexto de que ya tiene detectado quiénes son los que están atrás del EPR, inicia ataques contra la población. A ese tipo de amenaza es a la que nos referimos cuando decimos que prepara un baño de sangre, porque es lo que está preparando realmente. Es a lo que damos respuesta''.
--¿Notan que, a diferencia del otro movimiento armado, ustedes hayan sido perjudicados por el aislamiento de la opinión pública, por un sector de la intelectualidad en el país?
--No lo hemos sentido así. Consideramos que ha habido un proceso de satanización, de estigmatización a determinadas organizaciones que se integraron para formar el Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR), extensión política del Ejército Popular Revolucionario.
Un miliciano cambia el casete que se terminó en una grabadora Sony con micrófono extensible, propiedad del EPR.
``Existe ese antecedente, pero no consideramos que estuviera justificado porque con todo y esa campaña que desató el gobierno y que algunos intelectuales, algunas personalidades públicas le dieron fe, en algunos casos con dolo, en otros casos por desconocimiento de la realidad de esas organizaciones revolucionarias, sentimos que no ha habido tal aislamiento''.
Añade que si bien ``desvirtuar'' era originalmente el objetivo gubernamental, ello ya pasó a segundo plano y ahora predomina ``la contrainformación'' que propagan entre periodistas supuestamente informados a quienes hablan de vínculos con grupos de presión y narcotraficantes.
``Eso es un total absurdo'', señala de inmediato el comandante Oscar, cuando el reportero sugiere en su pregunta tales relaciones. La demostración de ese absurdo la dan los 23 mil soldados desplegados en el estado de Guerrero, argumenta el jefe guerrillero.
``Otra fuente dice que son 19 mil. Claro a eso hay que restarle los 59 soldados que han caído'', apunta.
Una risilla espontánea se escucha entre los miembros del pelotón escolta.
``En cuanto a lo del narcotráfico podemos decir que es un recurso ya también gastado por parte del Estado mexicano y que forma parte de sus instrumentos de contrainsurgencia para tratar de desacreditar no solamente a fuerzas revolucionarias que lo están enfrentando, sino a sectores sociales, luchadores sociales que al acusarlos de que están vinculados al narcotráfico trata de restarles legitimidad y así reprimirlos fácilmente''.
El narcotráfico en México, explica, ha sido un proceso en el que ha estado inmerso el gobierno y sectores de la oligarquía financiera mexicana:
``Esto por el hecho de que la riqueza que se genera del narcotráfico ofrece mucho más velocidad de enriquecimiento, es ultrarrápido en relación con otros procesos de capitalismo supuestamente legal. No les cuesta mucho hacerlo. Invierten y ponen a los profesionales a trabajar para sus ganancias estratosféricas. Tienen facilidad de encubrir el lavado de dinero en grandes empresas. Se acerca esto al narcoestado y a la narcopolítica''.
--Dice el gobernador de Guerrero, y se menciona en cierta dependencia federal, que su propósito como grupo foquista es sembrar la incertidumbre social, textualmente citado.
--Nosotros podemos decir como el refrán: el león quiere hacer creer que todos son de su condición. El único o verdadero desestabilizador que hay en este país es el gobierno opresor, es la burguesía financiera a la que está sirviendo y no otros. Ellos son los únicos desestabilizadores de este país. Realmente, en el caso de nosotros, hemos estado actuando y emergemos como una fuerza que desarrolla la autodefensa ante esa represión, ante ese clima de violencia generalizado económica, policíaca y militarmente por parte del gobierno en contra del pueblo. En medio de un corto silencio cae al suelo un cargador. Es el cargador de baterías de la video del Ejército Popular Revolucionario.

Guerrero Ciprés, Salvador (2005). La entrevista de Salvador Guerrero Ciprés. Documento extraído el 28 de febrero del 2005 de http://www.geocities.com/Pentagon/Bunker/5061/guerrero2.html

AUTOR: MONIQUE NAYELI GARCIA COTA

La Jornada 7 de marzo de 1996
Destaca informe de EU sobre derechos humanos las matanzas en Guerrero

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 6 de marzo ¤ El gobierno mexicano respetó en términos ``generales'' los derechos humanos durante 1995, informó hoy el gobierno del presidente Bill Clinton, pero advirtió que las policías estatal y federal, la de Caminos y las policías locales siguieron cometiendo ``numerosos'' abusos. ``Los más graves incluyeron la violencia y las matanzas en Guerrero, así como otras muertes extrajudiciales, la tortura, el arresto ilegal y la detención arbitraria'', declaró el Departamento de Estado en la sección sobre México de su informe anual sobre los derechos humanos a nivel internacional.
La primera sección detallada del informe empieza con un resumen de la situación en Guerrero y del caso Aguas Blancas. Presenta las conclusiones de la CNDH sobre el videocassette editado, la ejecución deliberada y la posterior acción de armar a las víctimas.

8 de marzo de 1996

Al menos 5 de las víctimas fueron rematadas, según nuevos indicios.
El caso más evidente es el de Anacleto Ahuehueteco. En el minuto 17 de la videograbación íntegra de ese fatídico 28 de junio, cuando ya ha concluido la balacera intensa en contra de los pasajeros de la camioneta azul, se ve a un hombre de aproximadamente 50 años que obedeciendo las órdenes de los policías baja sin ayuda por la parte trasera del vehículo.
Lleva la camisa, la nuca y los brazos ensangrentados, como si alguien se hubiera desangrado encima de él. Aparentemente está ileso y camina con las manos en alto.
Cuenta Régulo Reséndiz, uno de los sobrevivientes: ``Cuando los policías dieron la orden de que se bajaran los que todavía vivían adentro del camión Anacleto se sintió bueno, alcanzó a bajar. Sólo tenía un rozón en la frente. Se tiró entre los heridos, pero luego apareció muerto. Por eso pensamos que lo remataron''.

Se hará público el dictamen de la Corte sobre Aguas Blancas: ministros
Los ministros que determinarán si hubo o no violaciones a las garantías individuales en Aguas Blancas, Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios, informaron ayer que el dictamen final que elaboren sobre este asunto será del conocimiento público, y precisaron que su encomienda está por encima de cualquier inconformidad o conformidad que genere su actuación, porque están cumpliendo con el mandato del artículo 97 constitucional.

No renunciará, declara en entrevista
El gobernador de Guerrero Rubén Figueroa Alcocer envió un oficio a la Suprema Corte sobre el caso Aguas Blancas, en el que señala: ``Es indudable que la intervención de la honorable Corte en el esclarecimiento de los hechos, por la fuerza moral de sus fallos, hará posible la reparación de violaciones causadas, así como la culminación de hechos, reconociendo y reivindicando culpables e inocentes''. Por otra parte, en entrevista, advirtió que no renunciará a su cargo.

Bloquean 500 perredistas el palacio de gobierno en Chilpancingo
Alrededor de 500 perredistas bloquearon hoy por más de siete horas las dos entradas del palacio de gobierno. Desde las siete de la mañana, personal de seguridad instaló vallas metálicas alrededor del edificio, custodiado por unos cien policías antimotines.
Insistieron en que el gobernador Rubén Figueroa Alcocer debe pedir licencia al cargo para allanar las investigaciones que, a petición del presidente Ernesto Zedillo, realizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del caso Aguas Blancas.
El bloqueo del palacio de gobierno recordó los comienzos del sexenio del gobernador Figueroa, hace tres años, cuando los perredistas que protestaban por lo que consideraron un fraude electoral le impidieron entrar al edificio por más de cien días y declararon a Salgado Macedonio su ``gobernador moral''.

9 de marzo de 1996

POR LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA EN GUERRERO
Unas 200 mujeres del Partido de la Revolución Democrática marcharon hoy desde Atoyac hasta Coyuca de Benítez, para pedir la renuncia del gobernador Rubén Figueroa, cese a la violencia en el estado, y porque se haga justicia en el caso Aguas Blancas.

Miembros de la OCSS colocaron estos ataúdes en la Plaza de la Constitución

Miles de mujeres aprovecharon el Día Internacional de la Mujer para protestar por añejas y nuevas demandas, desde la carestía de productos básicos, garantías para construir la democracia, establecimiento de relaciones igualitarias, justicia a las viudas de Aguas Blancas, libertad a las campesinas presas en Tabasco y hasta la renuncia del Presidente de la República.
A las de CCAT-UCAI de Tlatelolco tampoco les importó la lluvia vespertina al salir a manifestarse, pidieron por escrito : ``Zedillo no más discursos, faltan los hechos''. Ahí, amarradas de una cadena de papel celofán, iban una tras otra: la mujer embarazada, la mujer indígena, la prostituta, la borracha, la enfermera, la abuelita, la ama de casa con todo y tubos en la cabeza, hasta la representación de la viuda de Aguas Blancas; la viuda de Colosio, la viuda de Polo Uscanga, todas ellas demandando solo una palabra: ``justicia''.

La Jornada 11 de marzo de 1996
Asiste Figueroa a dos marchas espontáneas de apoyo en Guerrero
Organizadas por el PRI local y el gobierno del estado de Guerrero, con la participación de empresarios, funcionarios locales y ``acarreados'', este domingo se realizaron manifestaciones ``de apoyo'' al gobernador Rubén Figueroa Alcocer en Chilpancingo y Acapulco, ambas con la presencia del mandatario.

Por la mañana se había realizado la marcha ``de la sociedad civil por la paz'' en la capital guerrerense, que organizada por el PRI y el gobierno del estado reunió a 7 mil personas en apoyo al gobernador, y contra dos únicos objetivos: Televisa y el senador del PRD Félix Salgado Macedonio.
Ahí se escucharon los mismos gritos que luego se repetirían por la tarde. Al senador Félix Salgado lo dibujaron en carteles con bolsas de dinero en las manos y una capa de Televisa, y le exigieron, en coro: ``Macedonio, mitotero, ya vete de Guerrero''.
El mismo gobernador continuó con la hostilidad que algunos de los manifestantes entre ellos la esposa de un secretario estatal, mostraron hacia el corresponsal y el camarógrafo de Televisa en Chilpancingo, a quienes insultaron: ``Pinche prensa vendida'', ``ni parecen de Guerrero''.
Al final del mitin que Figueroa observó desde el balcón del palacio de gobierno, un numeroso grupo de reporteros lo siguió a su despacho. Pablo Obregón, corresponsal de Televisa, preguntó:¿Cuál es su impresión sobre esta movilización, qué significa para usted?Para mí es un gran aliento, un gran estímulo para mi vida como funcionario público y gobernador del estado. Yo siempre he actuado con una gran limpieza, con un gran sentido patriótico, con un gran sentido revolucionario, respondió, tranquilo primero, detrás de su escritorio, pero fue levantando la voz y fijando la mirada en el reportero de Televisa. Prosiguió:``La historia juzgará a los que mienten, a los traidores y a los que hicieron la revolución, que fueron mis mayores, en contra de los farsantes de este país, que existen muchos, pero en Guerrero hay hombres. Hombres valientes, no cobardes!``Ahí cortó el intento de entrevista y se retiró furioso, con los ojos inyectados, entre gritos de ``Viva Figueroa'' de sus colaboradores y familiares. Cuando casi abandonaba su oficina alcanzó a decir: ``Fue muy emotivo, estoy muy emocionado por el trabajo del pueblo, a mí lo demás me preocupa muy poco; me interesa la reacción del pueblo, de mi estado.
``Todos vinieron espontáneamente, la gente de la sociedad civil a manifestar su sentir. Cuando uno tiene el respaldo del pueblo no necesita más. Muchas gracias'', interrumpió, todavía retando con la mirada al corresponsal de Televisa.

La Jornada 12 de marzo de 1996
Resolución sobre Guerrero en ocho días, o el PRD dejará la reforma
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (CEN del PRD) advirtió ayer que se retirará de la mesa para la reforma del Estado y de la mesa de coyuntura si en una semana el gobierno federal no emite una resolución al genocidio en Guerrero.
El anuncio lo hizo la dirigencia nacional, luego de efectuar ayer una fuerte discusión y análisis en la sede perredista, en los que ganó la posición de ``reconsiderar'' la participación en las mesas ``porque carecen de eficacia y no hay soluciones prontas al asunto''.
Tres exigencias básicas: que salga el gobernador Rubén Figueroa de ``circulación política de manera urgente por la impunidad con que opera'', atraer al fuero federal el caso Aguas Blancas y que se detengan las amenazas contra los dirigentes perredistas en Guerrero.

La Jornada 13 de marzo de 1996
La investigación debe continuar: ministros

La realidad de Guerrero es muy diferente a la de Tabasco; ``aquí hay un gobierno en marcha, una sociedad heterogénea, plural, que en estos momentos, a través del esfuerzo de los tabasqueños, avanza'', opinó el gobernador Roberto Madrazo Pintado luego de enterarse de que Rubén Figueroa solicitó licencia para dejar la gubernatura de su estado.
Vicente Fox Quesada, el gobernador panista de Guanajuato, consideró que la ``renuncia'' de Figueroa no implica la resolución del caso Aguas Blancas, y ``las autoridades tienen la obligación de ir al fondo de los acontecimientos para castigar a los responsables de la matanza''.
Añadió: ``El paso dado por el Congreso de Guerrero me parece que tiene el propósito de allanar el camino y determinar culpabilidades, y espero que la designación del presidente del PRI local como gobernador interino no tenga el propósito de taparle el ojo al macho''.
El priísta Enrique Burgos García, gobernador queretano, opinó que la licencia que solicitó Figueroa da prueba de ``la responsabilidad política del gobernador de lo que ocurre en Guerrero''. El hecho debe ser considerado ``como factor de coadyuvancia'' en las investigaciones del caso Aguas Blancas, que ya están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Para el gobernador potosino Horacio Sánchez Unzueta se trata de una ``decisión acertada'' la licencia solicitada por el guerrerense. Con ella ``se fortalece el Estado de derecho y es un evento en bien de la salud de la República, pues lo importante es que no exista ninguna interferencia en las investigaciones de la SCJN''.
Carlos de la Madrid Virgen, gobernador de Colima, opinó que el retiro de Figueroa ``seguramente beneficiará la tranquilidad que reclaman los guerrerenses''. Añadió que será la SCJN la que decida lo que procede en este caso.
Juicio penal, exigen PAN y PRD
En Monterrey, Nuevo León, el diputado federal Jorge Padilla Olvera informó que el Consejo Nacional del PAN, celebrado el fin de semana pasado, acordó exigir la renuncia y el enjuiciamiento penal de los gobernadores de Guerrero y Tabasco.
El panista comentó que Rubén Figueroa ``es un reo convicto, que gobernó su estado con un régimen de sangre''. Agregó: ``ojalá esto no termine ahí, que ya lo quitamos y el señor se va tranquilamente a su casa, sino que sea sometido a juicio y condenado por las que debe''. Ahora debe seguir Madrazo en Tabasco, ``pues el señor también es culpable'' y sólo falta que la Suprema Corte ``quite las trabas que impiden trabajar a la PGR''.

Nombran gobernador al líder priísta Aguirre; disgusto de opositores
A 21 días de cumplir tres años de su sexenio, el gobernador Rubén Figueroa Alcocer solicitó al Congreso local ``licencia definitiva'' para separarse de su cargo y ``facilitar la investigación'' del caso Aguas Blancas que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En su lugar fue designado el hasta ahora presidente del comité estatal del PRI, Angel Heladio Aguirre Rivero, quien tomó posesión del cargo en la sesión extraordinaria del Congreso local, convocada ex profeso para aprobar la licencia de Figueroa y el nombramiento del gobernador sustituto.

Figueroa Alcocer envió su solicitud de licencia por escrito. En el documento se deslinda de su presunta implicación jurídica en la matanza de 17 campesinos el 28 de junio de 1995: ``Instruí una acción política que no fue atendida y carezco de participación alguna en el desarrollo de los sucesos que llevaron a los lamentables homicidios''.
Afirma Figueroa Alcocer que se separa del cargo para ``no convertir mi persona en factor de inestabilidad o pretexto para que en Guerrero no impere el Estado de derecho, la paz y tranquilidad de la población''.

Beneplácito de ONG; juicio político y penal, insiste la UOSS
El comité directivo del PRD en Guerrero afirmó que a pesar de la renuncia de Rubén Figueroa mantendrá su decisión de no aceptar negociaciones políticas con el gobierno estatal mientras no se aclare totalmente el caso Aguas Blancas y no se enjuicie política y penalmente al ex gobernador por la presunta autoría intelectual de la matanza del 28 de junio de 1995.
Por su parte, la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, y las dirigencias locales del PRD y el PAN destacaron que las tareas principales del nuevo gobierno son concertar un programa de desarrollo social para el estado más pobre del país, combatir y erradicar la violencia y la impunidad y efectuar una reforma política y electoral para garantizar elecciones limpias y equitativas en octubre.
En Acapulco, la dirigente de la OCSS, Rocío Mesino, expresó su ``beneplácito'' por la caída de Figueroa, y respecto al nuevo gobernante dijo: ``No queremos un segundo Figueroa; queremos un gobierno que sea respetuoso de las garantías constitucionales y que sea sensible a las necesidades del pueblo''.
También en la capital de la República, representantes de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur (UOSS) exigieron castigo a los fiscales que intervinieron en la investigación de la matanza de Aguas Blancas, principalmente a Alejandro Varela Vidales y a los representantes de los poderes Legislativo y Judicial ``por haber encubierto y exonerado a Rubén Figueroa dee este crimen de Estado''.

SALIDA POLITICA
LA POLITICA, INSTRUMENTO DE LA JUSTICIA
El retiro de Rubén Figueroa como gobernador de Guerrero es incuestionablemente el resultado de una decisión política asumida por la jefatura del partido del cual éste forma parte. Y es también un acto de justicia en sí mismo, ya que la responsabilidad política se sanciona en México con la destitución del cargo público, si bien en este caso no debe olvidarse la posible responsabilidad penal que en la matanza de Aguas Blancas pudieran tener Figueroa y sus colaboradores, quienes aún no han sido enjuiciados.
Por sí misma, la justicia ordinaria no fue suficiente para encarar la probable responsabilidad de Rubén Figueroa en la matanza de Aguas Blancas. Ha sido necesario el auxilio de la política, tanto para involucrar a la Suprema Corte en una investigación que no es su materia normal como para sustituir al Congreso de la Unión y a la legislatura de Guerrero, los cuales no fueron capaces de abrir juicio político.
En la situación en que se encuentra México no podía esperarse otro camino. El Ministerio Público de los estados sigue siendo un instrumento de los gobernadores y está impedido en los hechos para actuar en contra de éstos. Las cámaras legislativas no son realmente independientes de los poderes ejecutivos locales y de la Federación. La politización o ``partidización'' de la matanza de Aguas Blancas no es responsabilidad de uno u otro partido ni de los medios de comunicación, sino del hecho en sí, el cual fue un acto político criminal, y del manejo que se le dio posteriormente por parte de los órganos de poder encargados de proteger las garantías constitucionales y procurar la justicia.
La política ha tenido que emplearse como un instrumento al servicio de la justicia justamente porque ésta no ha funcionado. Pero hay que advertir que fue la opinión pública quien acudió en apoyo de los ofendidos --los deudos, los lesionados y la sociedad toda-- y que la perseverancia de ésta llevó a las decisiones políticas que orillaron a la separación de Figueroa del gobierno de Guerrero. Esto habla de la importancia de publicar los hechos tal como ocurren, lo cual es una lucha permanente que favorece la gran tarea de conquistar un cabal Estado democrático de derecho.
En realidad, en la Constitución de Guerrero no existe la figura de la licencia temporal, más que por un periodo que no exceda de 30 días, en cuyo caso asume el cargo el funcionario designado por el mismo gobernador. La ausencia temporal indefinida se encuentra solamente prevista para el ``gobernador electo y declarado'', antes de tomar posesión, según lo advierte la constitución guerrerense.
Para cuidar ciertas formas tradicionales --aunque evidentemente sin apego a la legislación local-- se ha procedido a dar a Figueroa una licencia temporal indefinida, pero el hecho de que se haya designado un nuevo gobernador, como si se tratara de una ``falta absoluta'' ocurrida en los últimos cuatro años del sexenio, deja claro que aquel no volverá a ocupar el cargo.
El nuevo gobernador de Guerrero tendrá que poner un alto a la arbitrariedad del poder público, a los métodos cavernícolas que se aplican en la política local y a la violencia social que ha sido característica de esa entidad. Una nueva política de búsqueda de acuerdos y de soluciones a las controversias es lo que se requiere, sin titubeos, para hacer frente a la situación.
En el plano de la probidad y la eficiencia jurídicas, la investigación en curso y las posibles repercusiones que ésta pudiera tener en materia penal y política, vendrá a contribuir a dar satisfacción a la opinión pública y a los directamente ofendidos, pero más importante sería que aquella fuera principalmente un medio para derrotar la violencia e imponer el valor de la ley.

Las licencias de Figueroa
El gobierno de Ernesto Zedillo postergó lo más posible el restablecimiento de la justicia en Guerrero. Finalmente, vencido por evidencias abrumadoras, el presidente decidió recurrir a la Suprema Corte de Justicia para que lleve a cabo una investigación de la matanza de Aguas Blancas. Antes, el régimen político-jurídico entero fue utilizado para extender los días de Rubén Figueroa al frente del gobierno de Guerrero.
Sin embargo, el presidente Zedillo ha tolerado todas las licencias que del Estado de derecho tomó Rubén Figueroa durante su gestión como gobernador. Hasta el último momento el engranaje del sistema político y judicial que existe en el país ha funcionado para otorgale tiempo y darle salidas al gobernador. Así le convino a Figueroa que el primer fiscal del caso renunciara por motivos personales. También lo ayudó que el segundo fiscal cerrara la investigación después de que se difundiera el video de la matanza. Y, fundamentalmente, lo favoreció que el gobierno federal considerara al proceso hasta ahoracomo un asunto local.

La Jornada 14 de marzo de 1996
Anuncia Aguirre depuración de los cuerpos policiacos de Guerrero

El gobernador Angel Heladio Aguirre Rivero anunció que este jueves renovará el gabinete de seguridad pública que dejó Rubén Figueroa Alcocer y que la próxima semana se reunirá con la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico para destinar más recursos al combate a la violencia y a una ``restructuración a fondo de los cuerpos policiacos''.

Infructuosos intentos de ministros para que Figueroa Alcocer se presente El ex gobernador debe ser sujeto a acción penal, insiste Muñoz Ledo
El dirigente del PRD, Porfirio Muñoz Ledo, se entrevistó con los ministros encargados de investigar el caso Aguas Blancas, Juventino Castro y Castro y Humberto Román Palacios, a quienes dijo que Rubén Figueroa Alcocer debe ser sujeto a acción penal por ser responsable de la matanza de los 17 campesinos.
Su salida del gobierno, añadió en entrevista, no lo exime de su responsabilidad en ese genocidio, por lo que exigió que en caso de que Figueroa abandonara el país, el gobierno tendría que solicitar su extradición, pero en los términos correctos, para que no pase lo de Mario Ruiz Massieu.
A 24 horas de que el ex gobernador dejó el cargo, han sido infructuosos los intentos de la Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por contactarlo de nueva cuenta. Se explicó que los ministros que siguen el caso Aguas Blancas no tienen ninguna facultad coercitiva para obligar al ex funcionario a declarar, pero que eso influiría negativamente en el informe que se presentará ante el pleno.
Ahora corresponde a la Suprema Corte de Justicia y a la PGR citar a declarar a Figueroa y fincar las responsabilidades jurídicas que pueda tener, dijo.
La investigación se puede iniciar ya, no hace falta esperar ninguna otra resolución. Lo único que se necesita es voluntad política y esa no la han demostrado Ernesto Zedillo ni Antonio Lozano. ``Podría procederse de inmediato a investigar a Rubén Figueroa y a los demás responsables de los crímenes de Guerrero'', aseveró Cárdenas Solórzano.

Ocuparon integrantes de la OCSS las embajadas de Alemania, Noruega e Italia y consulados en Acapulco
Miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) y familiares de campesinos asesinados en Aguas Blancas ocuparon las embajadas de Alemania, Italia y Noruega y los consulados de esos mismos países en Acapulco, Guerrero, para pedir a las representaciones diplomáticas que intercedan ante el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, con el fin de que éste les conceda una audiencia.
El objetivo es exigir al gobierno federal el compromiso de que el ex gobernador Rubén Figueroa Alcocer sea castigado como autor intelectual de la matanza de 17 campesinos, informó la dirigente de la OCSS, Rocío Mesino Mesino.
Durante la toma pacífica de las embajadas los campesinos entregaron copia del video de los hechos de Aguas Blancas trasmitido hace unos días por Televisa.
Diplomáticos de las representaciones citadas dijeron en la ciudad de México que sus embajadas sólo podían interceder para que Emilio Chuyffet los reciba, pero que su permanencia en las instalaciones era inútil, por lo que los grupos campesinos abandonaron los respectivos inmuebles.
Desde ayer comenzaron a llegar al zócalo de Acapulco grupos de diversas organizaciones de la Costa Grande y Costa Chica que forman parte de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur, que esta mañana se declaró en plantón permanente para insistir en que se investiguen a fondo los hechos de Aguas Blancas, que se castigue a todos los funcionarios involucrados que fueron exonerados por el fiscal Alejandro Varela Vidales, y que se indemnice adecuadamente a los deudos.
Hoy se confirmó que el ex gobernador Rubén Figueroa viajó anoche a Houston, donde pasará unas vacaciones.

Conflicto en Televisa, por el video de Aguas Blancas
¿Incomoda al gobierno el nuevo concepto informativo?
Allá por noviembre de 1994, cuando Alejandro Burillo Azcárraga regresó de un viaje a India, de casi un año, comenzó a gestarse en Televisa un nuevo concepto noticioso, dirigido tanto a la televisión como a la radio, que consistió en una nueva estructura informativa, crítica y con imagen de independencia, que buscaría recuperar la credibilidad del consorcio y de sus noticiarios frente a la opinión pública.
Sin embargo, parece que la apertura mostrada por Televisa ha resultado incómoda para algunos sectores gubernamentales y se sabe de presiones al consorcio de comunicación electrónica, que llevaron a que el operador de los cambios en la imagen informativa de Televisa, Alejandro Burillo, planteara su renuncia.
La tarea de redefinir la imagen noticiosa e informativa de Televisa, le fue encomendada al vicepresidente ejecutivo de grupo del consorcio, Alejandro Burillo, poderoso accionista de la empresa, de quien depende la producción y el área de noticias. En realidad, la inquietud de promover cambios en la empresa, surgió del propio Emilio Azcárraga, pero el operador fue Burillo, quien dio forma a los conceptos para recuperar la credibilidad de la sociedad en Televisa y para hacer frente a una cada vez más agresiva competencia.
Pronto, con Burillo a la cabeza, y con la colaboración destacada del periodista Ricardo Rocha, quien fue nombrado presidente del Sistema Radiópolis, comenzaron a operar los cambios esperados. En materia de radio, Ricardo Rocha le imprimió un sello particular a la barra noticiosa de las estaciones del Sistema Radiópolis seis en el DF, siete en Jalisco y una en Baja California, especialmente a la XEQ, donde fueron incorporados destacados periodistas como Rodolfo Guzmán, Carlos Ramírez, Blanche Petrich y el analista y escritor Federico Reyes Heroles, entre muchos otros.
El mayor acierto de la novedosa emisión televisiva, se produjo el domingo 3 de marzo, cuando en Detrás de la noticia se presentó el video completo de la forma en que 17 campesinos fueron asesinados por policías estatales en el vado de Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. La difusión de esas imágenes provocó que arreciaran las críticas al gobierno de Rubén Figueroa Alcocer provocando la caída de éste.
Pero en el interior de Televisa también se generó un conflicto, cuando algunos sectores gubernamentales criticaron la nueva estrategia informativa del consorcio, especialmente la difusión del video de Aguas Blancas. El caso fue tratado, incluso, en los más altos niveles del gobierno.
El pasado lunes, acompañado del secretario de Gobernación, con quien había platicado previamente, Emilio El Tigre Azcárraga se entrevistó con el presidente Ernesto Zedillo. No trascendió lo que platicaron, pero días después se comprobó que las fricciones en el interior de Televisa, a causa del controvertido video de Aguas Blancas y el malestar de algunos sectores gubernamentales, llevaron a Alejandro Burillo a plantear su renuncia.
Sobrino de Emilio Azcárraga y poseedor de un importante paquete accionario de Televisa, Alejandro Burillo fue persuadido para que pensara su decisión, mientras que de manera formal se habla de que tomó unos días de descanso. Mientras tanto, el periodista Ricardo Rocha le fue asignada doble guardia personal, en prevención de su integridad.
Por lo pronto, y decantado el impacto inicial del video de Aguas Blancas, el conflicto surgido entre Televisa y el gobierno echa por tierra la versión de que el testimonio sobre la muerte de 17 campesinos guerrerenses haya surgido del propio gobierno. También se confirma que las imágenes fueron exhibidas en las pantallas televisivas con pleno conocimiento de los más altos mandos de la empresa.
Más bien se fortalece la versión de que el video de Aguas Blancas pudo haber sido filtrado por el guerrerense Netzahualcoyotl de la Vega, senador priísta y dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión. Para nadie es un secreto que Neza, como se le conoce coloquialmente al líder sindical, aspiraba a relevar a Rubén Figueroa, cuando todos sabían que su caída era inminente.

Recopilado por:
Marymar Pérez Cerdeira.

AUTORES : AHUMADA,ROCHA,MAGU,HELGUERA

CONTEXTO ECONÓMICO NACIONAL

La crisis económica que se estaba viviendo es más grave de lo que se pensó a principios de año. Se trata de una crisis que si bien estalló con fuerza en diciembre, es resultado de desequilibrios que se acumularon a lo largo de varios años. Tan solo en los primeros días de enero de 1995, se depreció severamente el valor de nuestra moneda en relación al dólar, y se dispararon las tasas de interés. El deterioro y el descontrol de los mercados cambiario y financiero fue una grave amenaza para los empleos en todo el país.

http://www.inep.org/content/view/1410/88/

CRISIS DE 1994.

México sufrió una de las más severas crisis financieras precipitada por problemas sociopolíticos como, el levantamiento del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZNL) y el asesinato de José francisco Ruiz, secretario del comité ejecutivo nacional (CEN) del PRI.
Estalló el 20 de diciembre, cuando el gobierno del presidente Zedillo tuvo que devaluar el peso. Debido a la crisis financiera de 1994-1995, cuyos efectos aún persisten, la gran mayoría de los mexicanos se vieron afectados, cientos de miles de familias y negocios fueron llevados a la quiebra debido a las altas tasas de interés en los mercados financieros, la inflación se disparó.
Sin embargo, algunas personas se beneficiaron de ésta crisis, principalmente los inversionistas de cartera que con su especulación ayudaron a crear un pánico financiero cuyos efectos dieron la vuelta a todo el mundo.

Noel González
youda_motenai@hotmail.com
http://www.monografias.com/trabajos10/crisi/crisi.shtml

¡A 7 AÑOS LA MATANZA NO SE OLVIDA!

Después del sangriento asesinato en el vado de Aguas Blancas, René Juárez no sólo ha evadido esta artera masacre, sino ha generado la política de dar recursos económicos para dividir a las comunidades e impulsar los grupos paramilitares que amenazan y asesinan, haciéndolo parecer como pleitos entre familias o entre gavillas; ha captado individuos que dividen e informan del quehacer de las organizaciones sociales que dignamente luchan porque se aclare lo sucedido, ha cooptado ha representantes de organismos defensores de los derechos humanos que en un tiempo defendieron las causas de los dolientes, pero ha estas alturas ha podido mas el convencimiento gubernamental y el dinero para jugar el papel más ruin y sucio para atacar y acusar a líderes de la OCSS
Desgraciadamente para Francisco Gil la economía nacional la ve como si leyera una revista pornográfica, porque se emociona y piensa que lo que ve tiene una gran demanda y por lo tanto no deja de ofrecer nuestra industria nacional al capital financiero internacional como si fuese cualquier artículo de tres XXX, faltándole al respeto a la memoria cultural de nuestra nación.

República mexicana a 26 de junio del 2002.
http://www.pengo.it/PDPR-EPR/comunicados/c_280602.htm

1995.
La crisis financiera y económica que surgió a fines de 1994 ha deteriorado severamente los niveles de vida de la población, el desaliento que esta nueva crisis financiera provocó en los ciudadanos se agudizó, porque el esfuerzo realizado durante casi una década para transformar nuestras estructuras, había alimentado las expectativas de crecimiento, multiplicación de empleos estables e ingresos crecientes. Hoy podemos apreciar que la crisis se fue gestando durante mucho tiempo. Su naturaleza y su magnitud no pueden ser atribuidas a un solo hecho o a una determinada decisión de política económica.
Ciertamente, hubo razones para que la crisis estallara con tanta fuerza. Una de ellas fue que se financiaran proyectos de largo plazo con instrumentos de corto plazo; que se permitiera, más allá de lo prudente, la apreciación del tipo de cambio real; y que, frente a cambios drásticos en las condiciones internas y externas, las políticas financieras hayan reaccionado lentamente o en un sentido muy riesgoso, como en la dolarización de la deuda interna que supuso el crecimiento de los TESOBONOS.

Es preciso reconocer, sin embargo, que algunas de las circunstancias externas e internas que influyeron en la gestación de la crisis no se habían presentado nunca antes, y por lo mismo la fuerza con que invadió era impredecible.

Mientras que en 1988 los mexicanos ahorrábamos casi 22 por ciento del producto nacional, esa proporción fue reduciéndose, año tras año, hasta llegar a menos de 16 por ciento en 1994.

Por falta de ahorro interno, de inversión y de crecimiento del Producto Interno Bruto, la economía mexicana se hizo vulnerable a los movimientos de capital de corto plazo. Esa vulnerabilidad aumentó por los hechos trágicos de 1994, y por el alza de las tasas de interés en el exterior. Al agotarse los estrechos márgenes que podrían haber permitido corregir gradualmente el grave desequilibrio acumulado, estalló la crisis.
Inesperadamente, el país perdió todo acceso adicional a los recursos financieros antes disponibles, y además se inició un retiro masivo de esos recursos.
México dejó de contar en su ingreso nacional con el cuantioso ahorro externo que había tenido en los años anteriores, y además, las inversiones acumuladas durante ese periodo comenzaron a salir de nuestra economía.

Para lograr esos objetivos, el programa de ajuste incluyó medidas drásticas, ciertamente dolorosas, para fortalecer las finanzas públicas. Incluyó también el diseño y la negociación de una estrategia de financiamiento externo para compensar y revertir la pérdida de capital de corto plazo que había sufrido el país. Además, se dio una gran importancia a la aplicación de programas especiales para atenuar los impactos recesivos e inflacionarios.


http://www.inep.org/content/view/1742/44/

Recopilado por: Olivia A. Celaya Félix P-12

La matanza de Aguas Blancas
El miércoles 28 de junio de 1995, en el vado de Aguas Blancas, agentes de la Policía Motorizada y Judicial del estado de Guerrero emboscaron a una camioneta que transportaba, desde el pueblo de Atoyaquillo hasta Coyuca de Benítez, a campesinos que iban a comprar y vender mercancías, así como a miembros de la Organización Campesina de la Sierra del Sur que pretendían participar en un mitin en Atoyac de Alvarez.

Los policías acribillaron a los campesinos. Los sobrevivientes aseguran que los heridos fueron ejecutados con un tiro en la cabeza. Dieciseis campesinos resultaron muertos, otro falleció posteriormente. Después de la matanza los policías colocaron armas de fuego en las manos de los campesinos muertos y aseguraron que ellos habían actuado en legítima defensa.

En el lugar de los hechos se encontraba un helicóptero en el cual estaban a bordo el secretario de Gobierno, José Rubén Robles Catalán y el director de la Policía Judicial del Estado, Gustavo Olea Godoy. En el momento que se escuchó el primer disparo, el helicóptero levantó el vuelo. El comandante Manuel Moreno González, director de Protección y Vialidad del Estado, responsable de la policía Motorizada, dirigía el operativo.

Todo indica que la masacre fue planificada cuidadosamente. La tarde del martes 27 de junio, los responsables del hospital municipal de Atoyac recibieron instrucciones del gobierno estatal para que estuvieran preparados para cualquier contingencia en las próximas horas. Al mismo tiempo varios grupos de policías salieron por la noche hacia Coyuca de Benítez. Este mismo día, el gobernador habló con la alcaldesa de Atoyac, María de la Luz Núñez Ramos, y le dijo que ya había tomado providencias para que el grupo de la OCSS no llegara a la manifestación de Atoyac y que iban a tratar de detener a la gente de Tepetixtla «a como dé lugar». Después de la masacre, tuvieron otra conversación telefónica y el gobernador dijo «¡Venían a la guerra y guerra tuvieron! ¿Somos o no autoridad?».

http://www.patriagrande.net/mexico/aguas.blancas/

A ocho años de la masacre de campesinos, perpetrada por la policía en la localidad de Aguas Blancas, estado de Guerrero (sur), las viudas y madres de las víctimas siguen esperando justicia.

Activistas por los derechos humanos y organizaciones campesinas denunciaron hoy que el gobierno federal y del estado de Guerrero, han incumplido las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar atención sanitaria y sicológica a las y los sobrevivientes de la matanza y para reparar los daños morales, materiales a las y los familiares de las víctimas.

Durante el foro nacional A Ocho Años de la Masacre de Aguas Blancas, ni Olvido ni Perdón, realizado en la Cámara de diputados, la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino, informó que 14 viudas y dos madres aún esperan la reparación del daño moral y material por el asesinato de 17 campesinos en Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995.

La líder campesina criticó que el gobierno de Guerrero cada vez que viene un aniversario de la masacre da migajas, que van de tres mil a cinco mil pesos para familiares de las víctimas.

Norma Mesino explicó que hasta la fecha hay una lista de más de 60 personas que reciben recursos del gobierno de Guerrero.

El abogado José Enrique González también denunció que a las viudas e hijos de los campesinos asesinados no se les ha brindado atención sicológica, tal y como lo recomendó desde 1998 la CIDH.

Agregó que además de sus condiciones de pobreza, las y los familiares padecen una grave afectación a su salud mental.

Las activistas señalaron que la ayuda económica del gobierno de Guerrero a los familiares fue para dividir y cooptar a las personas que exigen justicia ante la masacre. Mesino advirtió que las y los integrantes de la OCSS no se han prestado a negociar recursos materiales y económicos con las autoridades estatales.

De su lado, el asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín pro Juárez (Prodh), Jorge Fernández, resaltó que falta la reparación del daño moral a las y los familiares y apuntó que algunos de ellos no exigirán esa reparación en tanto no haya castigo para los responsables intelectuales de la matanza.

Las organizaciones convocantes al foro, entre ellas Afadem y Fedefam, reiteraron su acusación contra el ex gobernador DE Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer y el actual senador Héctor Castrejón, entre otros de sus cercanos colaboradores, al considerarlos autores intelectuales de la matanza.

Las y los activistas demandaron que la PGR reabra las investigaciones del caso, desconocieron al fiscal especial Ignacio Carrillo Prieto, quien también realiza una investigación del caso, y advirtieron que de no haber respuesta interpondrán una nueva denuncia ante la CIDH por denegación de justicia.

En tanto, la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Leticia Burgos, dijo que presentaría en la Comisión permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para que comparezca el fiscal especial Carrillo Prieto y detalle el estado de las investigaciones por el caso Aguas Blancas, entre otros.

2003/RM/MEL

AL PUEBLO DE MEXICO
AL PUEBLO DE GUERRERO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO


Hoy 28 de junio, a un año de la masacre de Aguas Blancas, perpetrada por los cuerpos represivos de la oligarquía y el gobierno antipopular en contra de 17 campesinos indefensos de la sierra de Guerrero, la situación no ha cambiado. La represión, la persecución, el encarcelamiento, los asesinatos, las masacres, las torturas y las desapariciones continúan como política de gobierno, situación similar a la que en 1967 y 1968 llevó a los Comandantes Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas a tomar las armas en contra de la explotación y de la opresión; esta experiencia, la injusta situación actual y el espíritu revolucionario que los animó inspiran nuevamente la lucha del pueblo mexicano.

En todos los rincones de la patria mexicana surgen nuevos luchadores sociales que ya no están dispuestos a mantener una posición pasiva y contemplativa frente a la injusta situación económica, social y política del país, nosotros ya no queremos esperar indefensos a que la represión y la muerte arrebaten impunemente nuestras vidas.

¡EN MEXICO NO EXISTE UN ESTADO DE DERECHO! Nuestra constitución política en los hechos es letra muerta, cotidianamente se violan las garantías individuales, el pueblo está al margen de las decisiones económicas y políticas, el ejecutivo federal concentra el poder mayormente, subordinando a los otros poderes de la Unión y no respeta la soberanía de los estados. El actual poder usurpa la voluntad soberana del pueblo, siendo un gobierno ilegal e ilegítimo sostenido fundamentalmente por las armas de los cuerpos militares y policíacos.

Frente a la violencia institucionalizada, la lucha armada es un recurso legítimo y necesario del pueblo para restituir su voluntad soberana y restablecer el Estado de derecho.

Hemos surgido de la tristeza de los huérfanos y viudas, de la ausencia de los seres queridos desaparecidos, del dolor de los torturados, del coraje de los encarcelados injustamente, de la incertidumbre de los perseguidos sociales y políticos, de la situación social que mata diariamente con represión, miseria, hambre y enfermedades, así como del abandono de los niños de la calle. Somos una parte de los miles de mexicanos que por caminos y montañas, pueblos y ciudades vamos forjando la conciencia de la necesidad de construir una nueva patria mexicana, de los que con su sudor riegan los campos mexicanos y extranjeros, de los que con su fuerza mueven las maquinas en las fabricas, de los que a diario sobreviven en las calles de las grandes ciudades, de los que en las aulas reciben y siembran la semilla del conocimiento, de los que en cualquier hogar resienten la falta de pan y trabajo, de los pueblos olvidados.

Nos asiste la razón y la justicia. Por eso, como mexicanos inconformes con esta realidad nacional y al no dejar el gobierno otro camino, decidimos cambiar nuestras herramientas de trabajo por los fusiles libertarios que habrán de combatir y contribuir al derrocamiento del gran capital y del gobierno antipopular. Hoy movidos por las injustas condiciones de vida y trabajo nos hemos decidido a luchar organizadamente para contribuir a la transformación democrática revolucionaria de nuestra patria y, con base en una actitud consciente y voluntaria hemos conformado un instrumento más de lucha, que llamamos Ejército Popular Revolucionario.

El Ejército Popular Revolucionario está integrado por hombres y mujeres de los diferentes sectores explotados y oprimidos del pueblo, que han comprendido la necesidad de organizarse contra la violencia reaccionaria de los explotadores y opresores, que durante décadas han intentado ahogar en sangre la lucha del pueblo mexicano por sus legítimas aspiraciones. Esto le da un carácter esencialmente popular porque en él participan hombres y mujeres sencillos del pueblo.

Nuestro Ejército lucha también por la transformación profunda de la sociedad, por medio de la vía armada de la revolución, como una forma más de lucha que el pueblo desarrolla en defensa de sus intereses y por la consecución de sus objetivos.

El EPR es uno de los destacamentos del pueblo que aspira a ser parte de las gestas libertarias y combativas que nuestro pueblo ha librado contra la explotación, la injusticia y la opresión a lo largo de su historia y que hoy se manifiesta en la lucha por la transformación democrática revolucionaria del país, que el pueblo desarrolla ante la política represiva de un Estado que, apoyado y financiado en lo económico y militar por el imperialismo, no escatima recursos para oprimir y masacrar al pueblo mexicano y seguir manteniéndolo sometido.

Somos resultado de la determinación de luchar contra la política demagógica del gobierno antipopular, que en defensa de la cúpula financiera y empresarial, así como de los intereses extranjeros en México, siempre se ha negado a satisfacer los reclamos de justicia, libertad y democracia del pueblo y que ha demostrado que jamás va a ceder a dichos reclamos, por lo que hemos decidido conquistarlos con la fuerza de la razón y de las armas.

Por ello, nos planteamos luchar:

1. Por el derrocamiento del gobierno antipopular, antidemocrático, demagógico e ilegítimo al servicio del gran capital nacional y extranjero y de las fuerzas que lo sostienen y por el establecimiento de un nuevo gobierno esencialmente distinto al que hoy detenta el poder.

2. Por restituir la soberanía popular y los derechos fundamentales del hombre. Este objetivo lo lograremos, con la participación del pueblo y el establecimiento de una república democrática popular, ejerciendo el legítimo derecho del pueblo a alterar o modificar la forma de su gobierno.

3. Por la solución a las demandas y necesidades inmediatas del pueblo, realizando los cambios económicos, políticos y sociales que se requieren.

4. Por el establecimiento de relaciones justas con la comunidad internacional.

5. Por el castigo a los culpables de la opresión política, represión, corrupción, miseria, hambre y crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo.

Ante la escalada represiva que se vive en todo el país, el Ejército Popular Revolucionario llama a todas las organizaciones democráticas, populares, armadas, revolucionarias a estar en disposición de dar respuesta, desde sus trincheras de lucha, a cualquier agresión contra el pueblo y a conformar una sola fuerza política y sumarse a la lucha por la libertad, la democracia, la justicia y una vida digna.

Pueblo de México, levantemos las banderas de lucha de nuestros hermanos caídos por las balas de las fuerzas represoras del gobierno.

Luchemos contra la opresión y la injusticia, contra la humillación y el despojo, para defender la dignidad de nuestros hijos, mujeres y hermanos obreros, campesinos, indígenas, colonos, estudiantes, para restablecer la legalidad y el derecho, para restituir la soberanía popular.

Que la indignación y el profundo dolor no se queden sólo en nuestra memoria y en nuestros corazones, que el dolor y la nostalgia por nuestros seres queridos desaparecidos, torturados y masacrados, fortalezcan la convicción con que empuñamos el arma libertaria; que el dolor se transforme en espíritu de lucha para enfrentar al gobierno antipopular y sus fuerzas represoras, que la sangre derramada de los mártires de nuestro México no quede impune. Ya no más masacres contra el pueblo inerme, ya no más crímenes sin castigo.

Nuestra lucha es justa y legítima, es la expresión de la voluntad popular por recuperar la patria y construirla libre y soberana.

Llamamos a todo el pueblo a sumarse a la lucha democrática revolucionaria por la liberación de la nación de las cadenas del gran capital y del Estado opresor. Llamamos a todas las organizaciones democráticas, sindicales, políticas, progresistas, armadas revolucionarias, a los luchadores sociales y personalidades progresistas y democráticas, a unificar todas las formas de lucha en la lucha democrática revolucionaria por la conquista de la justicia, la democracia, la libertad y una vida digna.

¡ A INCORPORARSE A LAS FILAS DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO!

A FORMAR TRIBUNALES POPULARES PARA JUZGAR

A LOS ENEMIGOS DEL PUEBLO!

¡ A FORMAR GRUPOS DE AUTODEFENSA ARMADA!

¡ ANTE LA REPRESION Y LA IMPUNIDAD A EJERCER

LA JUSTICIA POPULAR REVOLUCIONARIA!

¡ A RESPONDER CON LA LUCHA ORGANIZADA A LA VIOLENCIA DEL GOBIERNO!

¡ CON LA LUCHA POPULAR, EL EPR TRIUNFARA!

COMANDANCIA GENERAL DEL EJERCITO POPULAR REVOLUCIONARIO CG-EPR

Aguas Blancas, Gro. México, 28 de junio de l996.

Comité Nacional Independiente Pro-defensa de Presos, Perseguidos, Detenidos-Desaparecidos y Exiliados Políticos miembro de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos con Status Consultivo II ante la Organización de Naciones Unidas

México, a 28 de junio, 1997

A los Organismos de Derechos Humanos Nacionales e Internacionales
A los defensores de los Derechos Humanos

El día 28 de junio de 1995 fueron masacrados 17 campesinos, integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, OCSS, en el Vado de Aguas Blancas, Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. En el lugar, 21 campesinos quedaron gravemente heridos.

Fueron emboscados por cientos de elementos de la Policía Motorizada, por ordenes de Rubén Figueroa Alcocer, ex-gobernador del estado y del General Mario Arturo Acosta Chaparro, cuando se dirigían a Chilpancingo, para exigir la presentación con vida del C. Gilberto Romero Vázquez, dirigente y asesor campesino de la OCSS, quien fue detenido-desaparecido, el 24 de mayo de ese año y que a la fecha sigue desaparecido. Solicitaban también, cumplimiento a compromisos contraídos por las autoridades con ellos: solución a demandas agrarias, introducción de agua potable, construcción de escuelas, clínicas, caminos, protección de recursos naturales de las comunidades y mejores precios a los productos agropecuarios, entre otros.

La brutalidad policiaca fue ilimitada, ya que la mayoría de las víctimas fueron ejecutados con tiro de gracia, de acuerdo a testigos y videos del hecho.

2 años después, a pesar de que la responsabilidad de los funcionarios en mención ha sido comprobada, éstos continúan, impunes, en libertad, mientras que las viudas e hijos viven en condiciones de vida inhumanas, víctimas de trastornos materiales y psicológicos.

El CNI,AC-FEDEFAM, organismo defensor de derechos humanos, eleva su más enérgica protesta por estos hechos y demanda justicia e indemnización para los familiares de las víctimas.

Las demandas campesinas no sólo siguen vigentes sino que están sustentadas en los artículos 3, 22 y 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Consideramos de suma gravedad que el gobierno Federal y los Estatales permitan que en Guerrero y en otros estados, se continúen cometiendo asesinatos políticos. Sólo en esa entidad, más de 600 campesinos e indígenas han sido asesinados de 1988 a la fecha. De ellos más de 500 eran militantes del PRD, y más de 100 ciudadanos han corrido la misma suerte a partir de la llegada del Lic. Ángel Aguirre Rivero, actual gobernador del estado, quien se comprometiera a resolver los casos de desaparición forzada.

Los responsables de estos crímenes, son elementos de diversas corporaciones policiacas Federales, Estatales, Ejército Federal y grupos paramilitares.

Con lo anterior se comprueba que existe una guerra no declarada en contra de las organizaciones políticas, campesinas e indígenas, sociales y populares, que sustentadas en los Derechos que otorga la Constitución, exigen solución civilizada a los graves problemas económicos, sociales y políticos por los que atraviesa el país.

Las violación a los Derechos Humanos en México, se agrava con su militarización. Hoy, en vez de resolver civilizadamente, las necesidades de la población, el gobierno implementa medidas anticonstitucionales, intensificando las agresiones y hostigamiento de militares, policías y bandas paramilitares en contra de la población civil indefensa: Más de 45 mil soldados enviados a Guerrero en coordinación con las corporaciones policiacas y bandas paramilitares establecen Bases de Operaciones Mixtas , campamentos, retenes móviles y fijos, introducen la prostitución y drogadicción, envenenan ríos, pozos, animales y alimentos, impiden el libre tránsito, no permitiendo que los campesinos trabajen la tierra, interrogan niños, elaboran listas negras, cercan y hacen incursiones a las comunidades, donde violan mujeres, destruyen casas, implementos de trabajo, cosechas, sembradíos y pertenencias, saqueando los pueblos y estableciendo aldeas estratégicas e implementando la práctica de tierra arrasada, mientras que al mismo tiempo, incrementan la persecución, detenciones arbitrarias, encarcelamientos injustos, tortura, asesinatos y desapariciones forzadas, sin considerar edad, ni genero. Con este clima de terror, causan la muerte por hambre de niños y ancianos, que son forzados a abandonar sus comunidades, desplazándose pueblos enteros hacia, selvas, montañas y ciudades en busca de refugio. Lo anterior se agrava con la expulsión, de observadores internacionales de derechos humanos.

El Estado esta obligado bajo cualquier circunstancia, a garantizar el derecho a la vida, la libertad e integridad física de todos los ciudadanos, a respetar los Acuerdos y Convenios Internacionales que establecen el respeto de los Derechos Humanos y a crear las condiciones necesarias para garantizar una salida o política a la crisis.

Por ello consideramos que las medidas principales esenciales para ello son la desmilitarización inmediata del país, el respeto irrestricto al libre ejercicio democrático y a los derechos económicos, políticos y sociales de toda la población, restableciendo así el Estado de Derecho.

Nos sumamos a la Demanda de diversas Organizaciones Nacionales e Internacionales exigiendo al gobierno de México, respeto a los Acuerdos Internacionales de protección a los Derechos Humanos que ha firmado, entre ellos La Convención contra la Tortura, de igual manera, exigimos que firme y ratifique La Convención sobre la Protección de toda Persona contra la Desaparición Forzada.

Durante la Jornada de Solidaridad con los Campesinos y Pueblo de Guerrero, se demandó:

Juicio Político y Penal a Rubén Figueroa Alcocer.
Presentación con Vida de más de 1300 Detenidos-Desaparecidos, Juicio y Castigo a los Responsables de este Crimen de Lesa Humanidad, condenado por Todos los Pueblos del Mundo.
Libertad a todos los Presos Políticos del País.
Desmilitarización Inmediata del Estado de Guerrero y del País.
Libertad Inmediata de Benigno Guzmán, Bertoldo Martínez Cruz, Reyna Avelino Huizache y de todos los Presos Políticos de la OCSS.
Cancelación de las Ordenes de Aprehensión contra Dirigentes y Luchadores Sociales.
Respeto a los Derechos Humanos en México.
¡Alto a la Represión en el Campo y la Ciudad, Por la Vida y la Libertad ni Desaparecidos ni Impunidad!

A T E N T A M E N T E

COORDINACIÓN NACIONAL DEL CNI. COMITÉ NACIONAL INDEPENDIENTE PRO - DEFENSA DE PRESOS, PERSEGUIDOS, DETENIDOS - DESAPARECIDOS Y EXILIADOS POLÍTICOS, CNI , A.C. - FEDEFAM - ONU.

Comité Nacional Independiente
Coordinación Nacional: Joel García Ruiz, Verónica Ibarra Torres, Flavio Carlos Delgado, Julio Mata Montiel. Calle Oriente 166 No. 37 int. 8, Col. Moctezuma 2a Sección, C.P. 15500
Tel-Fax: 785-9756, Apartado Postal: 7-887
Correo electrónico: cniacfedefam@laneta.apc.org

caricatura La Jornada Jueves 22 de febrero

Miércoles 21 de febrero de 1996

Figueroa no puede cuidar a todos los ciudadanos ni a todos los policías: Zótico Garcíanull
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Jueves 22 de febrero de 1996

Rodolfo F. Peña
La muerte en El Paraíso

En agosto del año pasado, con motivo de la Recomendación 104/95 de la CNDH, pareció inminente la defenestración del gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer. Tal documento señalaba, como presuntos implicados en los hechos ocurridos el 28 de junio anterior en el vado de Aguas Blancas, que costaron la vida a 17 campesinos desarmados y heridas a una veintena más, a todo un elenco de funcionarios de primera línea del gobierno estatal, incluidos el secretario general de Gobierno y el titular de la Procuraduría. Ciertamente, el ombudsman nacional, por falta de evidencias, no quiso hacer impugnaciones directas al gobernador, aplicando la mayoría de razón, si bien había una grabación en la que Figueroa ordenaba detener en Tepetixtla ``a como diera lugar'' a esos campesinos, que se dirigían a Atoyac de Alvarez para demandar en un mitin la presentación del activista Gilberto Romero Vázquez, desaparecido allí desde el 24 de mayo.

Pero más allá del discurso puramente jurídico, era de una claridad deslumbradora que los funcionarios indiciados no podían haber actuado por cuenta propia, aunque Figueroa no los comandara in situ, como dice el complaciente fiscal especial con la obvia intención de exculparlo. Era inevitable obtener por elemental interpretación, por simple lógica, la conclusión de que los subalternos obraron por órdenes superiores, independientemente de que puedan haberle tomado ya un gusto personal y perverso a las tareas represivas. Y otra conclusión caía por sí misma, ésta de orden político: la de que había llegado, por fin, la hora del sátrapa guerrerense (sin ofender a los persas, que nos legaron el término). Por muchos compromisos y lazos espirituales o de otro tipo que hubiera con él, ya no había forma de sostener en el cargo a quien a lo largo y a lo ancho de la República, y aun por organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, era señalado como uno de los peores gobernadores en funciones (porque hay otros, que no le van a la zaga).

Pero hubo forma, contra todos los pronósticos, y el hombre sigue despachando en el palacio de gobierno de Chilpancingo. Aunque no haya concluido la indagatoria del fiscal especial (y tan especial!), todo indica que éste y el juez penal van a lanzarse sólo contra funcionarios menores, y aun así de manera indulgente, como lo han hecho hasta ahora.

No debe extrañarnos, entonces, que la impunidad haya envalentonado a Figueroa y que haya vuelto a correr la sangre en esa martirizada entidad federativa; de hecho, no ha dejado de correr desde que llegó al poder. Lo de Aguas Blancas debió haber sido su última proeza y el punto culminante de sus arbitrariedades, de la violencia criminal que ha desatado. Como no lo fue, estamos de nuevo ante una matanza, esta vez de nueve vecinos de la sierra de Atoyac, cerca de El Paraíso. Y de nuevo los autores materiales tienen vínculos orgánicos con la policía estatal.

Las versiones jusitificatorias oficiales moverían a risa, si no fuera porque hay varios hogares enlutados. ¿Qué hacer, entonces? La respuesta es sencilla para quienes quieren exculpar a Figueroa ``a como dé lugar'', y consiste en tener por buenos los argumentos de Zótico, el exótico secretario general de Gobierno: la violencia en Guerrero es normal y su jefe se dedica a gobernar, no a cuidar a todos los ciudadanos y a todos los policías, aunque este personaje subordinado, al igual que quien lo manda, demuestre no tener, precisamente por esos argumentos, ni la menor idea de lo que significa gobernar; además, para que se vea que hay respeto por la ley, puede hacerse lo que ya está hecho: apresar a los dos agentes judiciales que, procediendo conforme a la normalidad, acribillaron a los campesinos.

Mientras no se haga lo que debe hacerse, que es mandar a Rubén Figueroa Alcocer a la cárcel, o cuando menos a su casa, seguirán imperando en Guerrero el abuso, la ilegalidad y la sinrazón. Y habrá más muertos, heridos, encarcelados, secuestrados, desaparecidos, perseguidos; todos, naturalmente, en las filas de quienes se le oponen, que son legión. Pero si el gobernador no gobierna, ni los poderes legislativo y judicial equilibran nada, en ese estado sureño han desaparecido los poderes. De acuerdo con el precepto constitucional relativo, no es atribución del Senado declarar la desaparición de poderes, sino declarar, cuando aquéllos han desaparecido, que ha llegado el momento de nombrar un gobernador provisional. Ese momento ha llegado varias veces, pero el Senado espera, espera... ¿Qué espera? ¿Que el Ejército y las policías hagan el trabajo que correspondería a un gobernante mínimamente respetable, y que se generalice la violencia? ¿Que haya más muertos hasta llegar a cuántos? No. Presumiblemente, lo que espera es una señal de las alturas. Pero esa señal se retrasa demasiado, quizá porque el federalismo debe respetarse como en Tabasco o Veracruz, si bien las fuerzas federales pueden intervenir sin provocar controversia constitucional alguna; o quizá porque el federalismo vivo ha sido debilitado por el poder de los caciques estatales. Esto último indicaría vulnerabilidades en las que uno preferiría no creer.
La Jornada

Viernes 23 de febrero de 1996

El Ejecutivo federal ``avala y protege'' a Figueroa: diputados perredistas
Dos de las víctimas, presuntos asaltantes; otra, un campesino

José Gil Olmos, enviado, y Maribel Gutiérrez, corresponsal, Acapulco, Gro., 22 de febrero ¤ Las autoridades del municipio de Atoyac de Alvarez y organizaciones campesinas de diversos ejidos pidieron el restablecimiento de tropas del Ejército en la zona de la sierra, ``porque la violencia no para''. A los nueve asesinatos del fin de semana pasado, se sumaron en las ultimas horas otros cuatro, tres de ellos cerca de El Filo Mayor y uno en El Ticuí. En tanto, los habitantes de El Paraíso se rebelaron armados contra una acción policiaca.

Según testigos, los homicidios de los presuntos asaltantes Serafín y Melitón López Alonso, ocurridos en el Cerro Teotepec, municipio de Tlacotepec, fueron perpetrados por agentes de la Policía Judicial del Estado (PJE).

Así, sumarían ya 13 muertes violentas en menos de cuatro días en esta región de la Sierra Madre del Sur.

Esta mañana, decenas de habitantes de El Paraíso tomaron sus armas para rescatar a Reyna Bautista, vecina de esa comunidad que había sido detenida por agentes de la Policía Judicial Federal (PJF) en cumplimiento de una orden de aprehensión por delitos contra la salud.

A unas horas de que fueran enterrados seis de los nueve campesinos y ganaderos presuntamente asesinados por agentes de la Judicial estatal, los moradores de El Paraíso siguieron al grupo de la PJF que se llevaba a la comerciante Bautista. Los agentes se vieron obligados a dejarla en libertad para evitar un enfrentamiento armado y se alejaron de la sierra.

El comisario de La Pintada, Celestino Ontiveros, informó que esta mañana llegaron a ese poblado los jóvenes Rafael Bello Marcelo --con dos heridas de bala-- y Nicolás Catalán Marcelo, ambos vecinos de El Paraíso, quienes informaron de la muerte de Serafín y Melitón López Alonso, ``acribillados por agentes de la Policía Judicial del estado, en un paraje solitario en el cerro Teotepec, uno de los más altos de la sierra guerrerense, donde se localiza la antena de Telmex.

Al investigar los hechos, Ontiveros habló con el representante ejidal de El Edén, Crisóforo Díaz Marcelo, quien le indicó que el 20 de febrero pasado, cuatro personas asaltaron y asesinaron al propietario de una camioneta Nissan roja cerca de la comunidad de Corralitos, municipio de Tlacotepec, y dejaron atado al chofer.

Los cuatro presuntos asaltantes, abordo de la camioneta roja, fueron alcanzados en las inmediaciones de El Edén, municipio de Atoyac, por una patrulla de la Judicial del estado, que los regresó hacia la parte alta de la sierra y en el cerro Teotepec los agentes los acribillaron y se alejaron creyendo que estaban muertos. Sin embargo, Rafael Bello Marcelo sólo resulto herido e ileso su primo, Nicolás Catalán Marcelo, identificados en El Paraíso como ``asaltantes declarados''.

Este jueves, los comisarios de la parte alta de la sierra preguntaron en Tlacotepec y Chilpancingo, sobre la mencionada patrulla de la PJE. Las autoridades negaron la operación, no obstante que en El Edén hay decenas de testigos que vieron bajar el vehículo policiaco y después de regreso con los cuatro detenidos en la camioneta roja.

Los dos jóvenes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público con sede en Tecpan de Galeana.

Por otro lado en El Ticuí, comunidad aledaña a la cabecera municipal de Atoyac, fue encontrado hoy el cuerpo del campesino Eliseo Díaz Pino, secuestrado el pasado domingo. Los plagiarios pidieron, mediante un anónimo, 100 mil pesos por el rescate, pero se piensa que el mismo día fue asesinado porque se encontró en avanzado estado de descomposición en medio del monte.

Consignan al comandante Benítez

Mientras tanto, en este puerto fueron consignados el comandante de la Policía Judicial del Estado, Leopoldo Benítez Pérez, y el agente Leonel Rosales Garduño, al juzgado décimo de lo penal por el delito de homicidio contra José Rojas Hernández, Isaías Rojas Osorio, Héctor Aguilar Negrete, Mauro Osorio Altamirano y Benigno Figueroa Alquisiras, sobre la carretera Acapulco-Zihuatanejo, el pasado domingo.

Las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) mantuvieron un estrecho cerco informativo sobre los resultados finales de los dictámenes periciales de balística y forense, que se hicieron a los los cinco habitantes de El Paraíso. Sin embargo, el coordinador del Semefo local, Carlos Estrada, en días pasados confirmó que los cuerpos presentaron ``quemaduras y tatuajes'' de disparos en la cabeza y el cuerpo, hechos a una distancia de entre 15 y 70 centímetros.

La jueza Anacleta López Vega, manifestó que el agente del Ministerio Público consignó a los detenidos a pesar de que en su declaración ministerial afirmaron que cometieron los homicidios al repeler una agresión, pues no acreditaron su actuación en legítima defensa.

Dijo que el MP presentó la consignación con 35 pruebas periciales. Mañana (hoy viernes) el comandante Benítez y el agente Leonel Rosales, rendirán su declaración preparatoria.

Por su parte el dirigente estatal del PAN, Enrique Caballero Peraza, en conferencia de prensa lamentó los asesinatos en la sierra de Atoyac; no obstante consideró que el gobernador Rubén Figueroa Alcocer, no debe de renunciar porque como ``cacique mayor tiene el control de los caciques pequeños''. Dijo que el cambio de gobernador, sólo se podría dar ``si el presidente Ernesto Zedillo lo quiere''.

En tanto, la Unión de Ejidos Forestales y Agropecuarios ``General Hermenegildo Galeana''; el Consejo Supremo de los Pueblos del Filo Mayor; el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena; la Comercializadora Agropecuaria de Guerrero; la Sociedad de Solidaridad Social ``Zanzekan Tinemi'', y la Unión Campesina Democrática, las organizaciones sociales con mayor presencia en la sierra, manifestaron su rechazo al asesinato de los habitantes de El Paraíso ``a manos de los cuerpos policiacos que violentan el Estado de derecho y los más elementales derechos humanos''.

Asimismo se manifestaron por la disolución de los actuales aparatos policiacos y la sustitución de éstos por ciudadanos directamente propuestos por las comunidades ``como parte de la necesaria e inaplazable reestructuración del Poder Judicial en el estado''.

Este mediodía el presidente del PRI estatal, Angel Heladio Aguirre Rivero, visitó la comunidad de El Paraíso con el propósito de convencer a los deudos para trasladarse a Chilpancingo ``donde los recibiría el gobernador Rubén Figueroa Alcocer'', opción que fue rechazada. Los afectados sostuvieron que es el mandatario estatal quien debe acudir hasta el poblado para dar una respuesta directa sobre los recientes hechos de violencia.

En tanto en El Ticuí, se anunció una manifestación contra la violencia en la región, este mismo viernes.
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domingo 25 de febrero de 1996

Nadie puede estar por encima de la ley, advierte en Iguala ante Figueroa.

¿Cuántos años tenías cuando sucedio?
¿Dónde estabas?

1995

28 de junio- 17 personas son asesinadas y 23 heridas por elementos de la policia judicial del estado en el paraje Aguas Blancas del Municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero

1996

3 de marzo de 1996- El periodista Ricardo Rocha publica, desde las instalaciónes de Televisa, en en un programa transmitido a nivel nacionalel video del suceso en que pierden la vida 17 campesinos de la sierra guerrerense

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

CONTEXTO
Analfabetismo
Miseria
Ignorancia
Desigualdad
Guerrilla
Pobreza
Servicios públicos
Marginación
Choque Social
Violencia
Discriminación
Corrupción
Escrúpulos

PERSONAS

Rubén Figueroa Alcocer
Rubén Figueroa Figueroa
Ernesto Zedillo P. de L.
Cuauhtémos Cárdenas S.
Roberto Madrazo P.
Ricardo Rocha
José Fco. Ruíz Massieu
JOLOPO
Ängel Aguirre

INSTITUCIONES

Televisa
Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero
Procuraduría General de la República
Organización CAmpesina de la Sierra del Sur
El SOl de Acapulco

Los equipos y el periódico al cual han de avocar su investigación hemerográfica quedaron quedaron distribuidos de la siguiente manera:

LA JORNADA

Oscar Marín Barnett P-14
Marymar Pérez Cerdeira P-12
Gloria P-14
Quique Prieto de la Torre P-12

EL INFORMADOR DE GUADALAJARA

Joan José (Covas)Covarrubias P-12
Roberto P-12
Gibrán Moroyoqui P-14

EL IMPARCIAL
Belén P-12
Otoniel León P-14
Chema León P-14
Arturo Madrigal P-14

CAMBIO SONORA

Sara P-12
Lorena P-12
Kenia Sánchez P-14

El Municipio de Coyuca de Benítez, gro. se localiza al suroeste del puerto de acapulco, a 32 k.m. sobre la carretera federal Acapulco zihuatanejo. Coyuca, por encontarse en el inicio de la Costa Grande y rodeado de un panorama de verdes palmeras tropicales, es comunmente conocido como "La Puerta de Oro de la Costa Grande". el significado de Coyuca tiene varias interpretaciones, una de ellas provenientes del vocablo Nahuatl Coyotl-coyote y el locativo Can, definiendolo como "Lugar de Coyotes"; otros lo derivan de la palabra Coyomi, Agujerarse y Cae, de Calli Zapato o Sandalia, interpretandola como "Sandalia Agujerada"; finalmente otros autores dicen que su significado es "Lugar de Canoas".

Oficialmente, el Gobierno del Estado de Guerrero, reconoce a Coyuca Como Lugar de Coyotes.

El potencial turístico con que cuenta el municipio, es muy amplio y variado, en el podemos encontrar desde un extenso litoral, con 35 kilómetros de playas, dos hermosas lagunas y sus islas, un hermoso rio cristalino, una impresionante cascada, así como confortables y tibias aguas termales.

Por su amplia variedad de atractivos naturales, por su hermosa laguna y mar, Coyuca ha sido el marco de grandes películas nacionales e internacionales. es por eso que hoy en día, la laguna es catalogada como "área de reserva ecológica" .

El objetivo de esta recopilación es realizar una busqueda e investigación de información para crear y sustentar el marco contextual en torno al cual giraran una serie de actividades que daran forma y estructura a un evento, en que se pretende como actividad principal la exhibición de un video editado por el canal 6 de julio en el cual se muestra la matanza de Aguas Blancas, mismo en el cual se espera contar con la intervención de 2 especialistas en cuestiones políticas que emitan sus comentarios.

Para ello se han integrado diferentes equipos que tienen como encomienda la búsqueda, en diversas hemerotecas, y fuentes toda la información referente al acontecimiento del día donde murieron 17 campesions en el paraje Aguas Blancas del Municipio de Coyuca de Benítez en la costa Grande de Guerrero, cerca del Puerto de Acapulco.

Para situar contextualmente el suceso, debe analizarse la información de corte social, político y económico en el estado de Guerrero y en México en General antes de la fecha de la matanza (28 de junio de 1995), los días después así como las repercusiones que este acto trajo a los personajes de la vida pública estatatal y nacional en el corto, mediano y largo plazo.